Bruselas observa con inquietud el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que busca regularizar a alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular. Esta iniciativa, acordada con Podemos y presentada a finales de enero, otorga un permiso de residencia por un año y el derecho a trabajar en todo el país a aquellos que hayan estado al menos cinco meses en España o hayan solicitado asilo antes del 31 de diciembre de 2025.
Tres funcionarios de la Comisión Europea, citados por Euronews, critican que esta medida no respeta el espíritu comunitario en materia migratoria. Aseguran que envía un mensaje contradictorio al que la UE promueve fuera del continente para limitar la llegada irregular. Hoy, el comisario Magnus Brunner debatirá en el Parlamento Europeo sobre las repercusiones para el Espacio Schengen y la política migratoria común.
Conflicto con las nuevas normativas europeas
La postura de la UE se está endureciendo últimamente. Se han aprobado modificaciones destinadas a disuadir la inmigración irregular:
- Se ha creado una lista de países de origen seguros, que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Las solicitudes de asilo provenientes de estos países serán tratadas con mayor rapidez.
- Se amplía el concepto de tercer país seguro, facilitando el rechazo a solicitudes de asilo y agilizando las deportaciones.
- Un nuevo reglamento de retorno permitirá expulsar a inmigrantes irregulares hacia terceros países que tengan acuerdos bilaterales con la UE.
Estas leyes, que se votan hoy, están orientadas a aumentar las expulsiones. La propuesta española parece contradecir esta tendencia al incluir nacionalidades presentes en esa lista.
Una de las principales preocupaciones en Bruselas es el movimiento libre. Con el permiso español, los inmigrantes regularizados podrán viajar hasta 90 días por cada 180 dentro de la UE, lo cual podría resultar en residencias no autorizadas en países como Francia o Alemania. Las naciones del norte temen los riesgos asociados con una economía sumergida y el fomento de mafias.
Peligro de delincuentes y alertas internas
En España, la oposición resalta los peligros potenciales. El diputado Perdiguero sorprendió a su colega Rojo al afirmar que más de 31.000 delincuentes podrían beneficiarse de esta regularización[query]. La Policía ha detectado argelinos irregulares tratando de sacar provecho de esta medida[query].
El Gobierno sostiene que esta iniciativa responde a necesidades laborales. Sectores como la agricultura y la hostelería demandan mano de obra. Regularizar estas situaciones podría sacar a la luz la economía sumergida y aumentar el número de cotizantes en la Seguridad Social. La ministra Elma Saiz describe este plan como una medida «atractiva».
Sin embargo, desde Bruselas, se insiste en que no se puede bajar la guardia en cuestiones de seguridad. Aunque según Brunner, esto es competencia nacional, advierte sobre la necesidad de coherencia con el Pacto de Migración y Asilo. Fuentes diplomáticas expresan temores sobre un posible efecto llamada y una desestabilización del espacio Schengen.
Reacciones más allá del Atlántico
La controversia ha llegado hasta Estados Unidos. Durante el mandato de Donald Trump, se pidió explicaciones por escrito a la Comisión sobre cómo esto podría afectar las fronteras y la libre circulación.
En territorio español, la Asociación de Diplomáticos ha advertido a Sánchez acerca del aumento en las solicitudes consulares. La regularización generará aún más peticiones para reagrupación familiar, sumándose a las 2,4 millones derivadas de la Ley de Memoria Democrática.
Otros países han llevado a cabo regularizaciones, aunque estas han sido excepcionales. Por ejemplo, Italia ha utilizado decretos sobre flujos migratorios criticados como encubiertos. Portugal también ha endurecido su postura tras detectar abusos recientes. España revive una tradición similar a la implementada en 2005 bajo el mandato de Zapatero.
La tensión entre Madrid y Bruselas continúa aumentando. Si España avanza con este plan, podría enfrentarse a complicaciones con los fondos europeos o controles más estrictos en los Pirineos. Hoy, será interesante observar cómo se desarrolla el debate liderado por Brunner en el Parlamento; está claro que se definirá si Europa prioriza sus fronteras o necesita mano de obra.
