La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Ministerio de Economía regular la actividad de las empresas de recobro para proteger los derechos de los deudores y evitar que estas compañías utilicen métodos de cobro «poco ortodoxos».
La institución señala que la actividad de recobro de deudas «no está regulada en el ordenamiento jurídico español y no se necesita ninguna autorización administrativa para su ejercicio». Así, ha especificado que la mayoría de profesionales que se dedican al recobro de créditos impagados utilizan métodos legales, sin embargo ha advertido de que existen otros «que con sus actuaciones lesionan gravemente los derechos de los deudores, utilizando procedimientos coactivos y humillantes». Ante estas situaciones «intimidatorias», el Defensor del Pueblo entiende que los deudores «solo pueden denunciar ante la Justicia la actuación de estas empresas». En este sentido, ha recordado que diversos tribunales han fallado que hay prácticas de recobro que suponen una intromisión ilegítima en el derecho del honor del presunto deudor. Para evitar que este vacío legal permita la vulneración de derechos fundamentales, la institución ha recomendado regular la actividad de las empresas de recobro de deudas estableciendo las cautelas necesarias para dar protección a los derechos del deudor.
