Ciudadanos quiere que el Gobierno presente un proyecto de ley para reforzar la supervisión del Banco de España para que, entre otras medidas, el gobernador y sus órganos de dirección no puedan alegar desconocimiento de los informes realizados por los inspectores de la entidad.
A tal fin, el portavoz de Hacienda de la formación naranja en el Congreso, Francisco de la Torre, ha registrado una proposición no de ley en la que fija un plazo de tres meses el Ejecutivo lleve a la Cámara un proyecto de ley en este sentido. Esta formación quiere que todas las actuaciones de control estén firmadas y documentadas para garantizar que la dirección del Banco de España tenga toda la información relevante derivada de las actuaciones que los inspectores obtienen en las entidades. De esta forma, asegura De la Torre, no se producirían casos como el de Bankia, pues antes de la salida a Bolsa de la entidad que después tuvo que ser rescatada «la información de los equipos de inspección que supervisaban las entidades no ha llegado a donde tenía que llegar». LA RECOGIDA DE FIRMAS, ALGO «SURREALISTA»El diputado de la formación naranja se refería a los correos electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus en los que alertaba de la «inviabilidad» de Bankia y de la conveniencia de no autorizar su salida a los mercados, y que no llegaron al entonces gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez.
De la Torre también ha exigido «que dejen de pasar cosas surrealistas, como la recogida de firmas de la dirección del Banco de España a favor de imputados criminalmente», proceso que se produjo en la entidad horas después de la imputación de Fernández Ordóñez y otros directivos del órgano durante la salida a Bolsa de Bankia. La formación naranja cree que en ese procedimiento se produjo un «presunto abuso de autoridad». En la iniciativa, Ciudadanos exige al Gobierno a que, respetando la autonomía de este órgano en política monetaria, inste a la dirección del Banco de España a la «máxima colaboración con la Justicia», al respeto de los derechos de los trabajadores –en referencia a la recogida de firmas– y a la meritocracia en la selección de personal. En este sentido, piden que «la provisión de puestos de trabajo se realice siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad, y en el caso del acceso, éste se realice a través de un procedimiento opositor homologable al resto de las administraciones públicas, y que ya existe para el acceso a determinados colectivos del Banco de España».
