Un paro total del país supondría la pérdida de 7.688 millones, un 0,7 del PIB español
La octava huelga general de la democracia y la cuarta contra una reforma laboral llega cuando 5,3 millones de personas se han quedado sin trabajo y cuando la economía española está en recesión.
Los sindicatos, en sintonía con el PSOE de Rubalcaba, convocan al paro con la vista puesta en las elecciones andaluzas y cuando el texto legislativo de la reforma aún tiene que negociarse en el Parlamento. Se ha convalidado como real decreto pero no como ley que incluirá enmiendas y modificaciones.
Teniendo en cuenta que España acumula dieciocho trimestres consecutivos de destrucción de empleo, la es pregunta obligada:
«Una huelga ahora, a estas alturas, ¿para conseguir qué?».
Es probable que el paro del 20-M y sobre todo la movilización anterior, tenga algún efecto en las elecciones autonómicas andaluzas, pero no modificará un ápice la postura de Mariano Rajoy ni su determinación.
El Gobierno está decidido a no dar marcha atrás al decreto de reforma laboral y los sindicatos se van a jugar mucho en esta convocatoria.
Como desvela ‘La Razón, la convocatoria de una huelga general para este 29 de marzo de 2012, comenzó con una falsedad: Toxo y Méndez dijeron que ‘acababan’ de decidirlo, pero el anuncio se hizo junto a los carteles ya impresos con la fecha, y con el permiso correspondiente solicitado hace días.
Un paripé innecesario, porque CCOO y UGT están en su derecho de recurrir a esta medida extrema, aunque llama la atención que un recurso considerado como el último cartucho se utilice cuando la reforma no ha hecho más que comenzar su tramitación en el Congreso y es aventurado especualar sibre sus efectos.
No cabe duda, en todo caso, de que con la reforma de Rajoy se destruirá mucho menos empleo que si siguiera en vigor la normativa socialista.
El objetivo de los sindicalistas, sin embargo, parece otro y recuerda mucho a la ‘estrategia griega‘. El recurso a la huelga general, cuyo coste superará los 7.000 millones de euros, no es más que la pataleta política de unos sindicatos desprestigiados que, lejos de lograr mejora alguna para los trabajadores, causará gran daño y desprestigio a la imagen internacional de España.
Es una evidencia de que los sindicatos han fracasado estrepitosamente: fueron primero perezosos ante la crisis y han sido incapaces de negociar la reforma con los empresarios.
Incluso ante la pseudorreforma del PSOE reaccionaron con la tibieza que correspondía a la sintonía política con la izquierda y con un remedo de paro general. Pero la mayor vergüenza de CCOO y UGT ha sido mantenerse de brazos cruzados mientras los parados crecían a millones bajo el Gobierno del PSOE y reaccionar sólo cuando peligran sus privilegios y el PP está en el poder.
Conviene recordar que las cuotas sindicales no son su principal ingreso ante la bajísima afiliación (poco más del 5% de los trabajadores), y que reciben cientos millones al año del dinero del contribuyente, de los cuales no tienen que presentar públicamente cuenta ni razón ante nadie.
El oscurantismo domina unas finanzas que pagamos todos y que se administran sin luz ni taquígrafos. Por lo demás, conviene subrayar que la agitación social y callejera emprendida por los sindicalistas, la cual mañana tendrá otro ensayo a costa de despreciar a las víctimas del terrorismo, está concertada con los intereses del PSOE de Rubalcaba, que intenta como sea trasladar al Gobierno la responsabilidad del desastre económico que han dejado en España, y aprovechar la tensión para beneficiarse en las elecciones andaluzas.
