El Gobierno confía en que este plan marque un antes y un después en la economía española
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El ajuste que prevé el Gobierno Rajoy en los próximos Presupuestos afectará al personal laboral, no funcionario, del conjunto de la Administración (central, autonómica y local).
Cerca de 700.000 contratados se verán afectados por las medidas excepcionales del Ejecutivo, que también contemplan la eliminación de, al menos, un 30% de empresas, organismos y fundaciones públicas -un 10% más de lo que se había apuntado de los entes adscritos a la Administración central-.
Estas medidas se engloban en la reforma total de la Administración que apuntó este 12 de marzo de 2012 Mariano Rajoy.
El presidente obvió por completo las protestas del día anterior y no dedicó un solo segundo a las manifestaciones de los sindicatos de clase ante la reforma laboral ni a la huelga general convocada para el próximo 29 de marzo que publicitan con el apoyo del PSOE.
A lo suyo, sin que nadie consiga marcarle la agenda, el presidente del Gobierno expuso ayer por la mañana desde el Palacio de La Moncloa las líneas maestras de su plan de pago a proveedores, más que crucial para el Ejecutivo, reafirmándose en que la presente será «la legislatura de las reformas».
Comenzando por la de la Administración Pública, «que lleva 30 años pendiente en nuestro país», recalcó el presidente.
Ante una treintena de grandes y pequeños empresarios y autónomos, Rajoy se reafirmó en que «esta tiene que ser y va a ser la legislatura de las reformas».
De hecho, fuentes del Ejecutivo trasladan a este diario que el Consejo de Ministros del viernes podría aprobar ya la anunciada supresión de entes públicos (2.381 empresas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios). El conjunto de estos organismos acumula una deuda de 57.170 millones.
Asimismo, también podría aprobarse la limitación del salario de los directivos de estos entes y el marco de referencia de los de todas las Administraciones. Entretanto, Rajoy no ocultó que encara «un Presupuesto difícil para una situación difícil», admitiendo que la reducción del déficit «puede dificultar la situación a corto plazo».
Unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que el sector público predicará con el ejemplo tras la subida de impuestos que afecta al privado y, por ejemplo, se prevé una reducción del 12% del gasto de los ministerios.
El Gobierno, insistió Rajoy, va a ser «justo, razonable y equitativo». Como «no se puede vivir en un país donde la gente no paga y mucho más difícil es vivir en un país donde quien tiene que dar ejemplo, las Administraciones, no lo hacen», reseñó, el Ejecutivo ha puesto en marcha una inyección de 35.000 millones de euros dedicados al pago de proveedores a través de un fondo de préstamos sindicados liderado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Gobierno confía en que este plan marque un antes y un después en la economía española, mediante entrada de liquidez directa en el mercado más relevante hasta la fecha.
«No tiene precedentes», subrayó el mismo Rajoy al respecto.
«Es muy importante», insistían fuentes del Gobierno, desde donde adelantaban que «los proveedores con facturas pendientes de los ayuntamientos cobrarán en la primera quincena de mayo», mientras que los de las comunidades autónomas lo harán «en la segunda» quincena del mismo mes.
Rajoy, acompañado de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, destacó que la actual deuda pendiente de la Administración dañaba la reputación del país creando consecuencias «inaceptables».
El presidente también apuntó que aunque «tenemos urgencias, como los millones de españoles que no pueden trabajar y las decenas de miles de pequeñas empresas que pasan por dificultades», también «tenemos que modernizar nuestra economía».
Ajustes sí y reformas también. «Hoy lo peor que se puede hacer, lo que hace más daño a España, es no hacer nada», ejemplificó Rajoy, quien también lamentó la subida de impuestos, que «intentaremos corregir a lo largo de la legislatura».
Unas palabras que cabía interpretar como que la temporalidad de la actual subida impositiva de dos años, algo que estaba en el aire, aunque posteriormente desde Moncloa aclaraban que el presidente se refería a que, si se podía, se bajarían aún más.
Así, Rajoy expuso su inmediato calendario de reformas: la citada supresión de entes públicos, la reforma de la educación -incidiendo en un cambio drástico en el enfoque de la Formación Profesional-, la energética, la del Poder Judicial, la norma sobre costas, acciones por la unidad de mercado, una Ley de Emprendedores y otra de mutuas.
Por su parte, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, denunció la deriva del PSOE, «convocante» de las movilizaciones contra la reforma laboral.
«Mientras que hay responsables políticos que se dedican a ser convocantes de huelgas y los primeros en las manifestaciones, particularmente el PSOE [tras referirse a Alfredo Pérez Rubalcaba y Soraya Rodríguez], hay otros, como el presidente del Gobierno, que está arreglando problemas».
Y desde el Ministerio de Empleo, su titular, Fátima Báñez, sí que salía al paso de las movilizaciones del PSOE y los sindicatos. El Gobierno, destacó, «seguirá hablando» con ellos. Sin renunciar a ser Gobierno.
NOTA.- LEER ARTÍCULO ORIGINAL EN ‘LA GACETA’
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