Los dos sindicatos de clase de España –Comisiones Obreras y UGT– reciben cerca de tres millones de euros por una función que no realizan y que está vinculada a la representación puramente sindical. Cerca de tres millones de euros que salen del bolsillo de los contribuyentes y que tanto CC OO como UGT perciben como subvención por los miles de delegados sindicales ‘fantasma’ que ambos mantienen en la sombra.
En concreto, unos 82.000 delegados ‘fantasma’ que no tienen ninguna representatividad ni ocupación porque simplemente las empresas en las que fueron elegidos ya no existen.
La ecuación resulta sencilla. Entre los años 2011 y 2015, nuestro país perdió algo menos de 50.000 empresas. Sin embargo, los delegados sindicales elegidos en las empresas extinguidas siguen ‘vivos’, inscritos en el registro del Ministerio de Empleo hasta que se cumplan los cuatro años de plazo de su función y sean ‘eliminados’. automáticamente ante la celebración de nuevas elecciones sindicales.
En otras palabras, aunque no exista empresa activa, continúan ejerciendo como si la hubiera.
Por la normativa de asignación de componentes del comité de empresa, realizando un cálculo conservador que asignaría un delegado sindical a las empresas de entre seis y 49 trabajadores, la mayoría de ellas, y cuatro delegados a las compañías de entre 50 y 5.000 trabajadores, y descontando, de acuerdo con ese baremo, el número de delegados que se han perdido por el cierre de empresas, se obtienen cerca de 82.000 delegados que figuran como tales sin ejercer. De esta forma, casi el 30% de los cerca de 280.000 delegados sindicales son representantes ‘fantasma’.
