Es el auge de la dependencia pública.
Y todo indica que se estimula desde el poder.
Desde que el socialista Sánchez ‘okupó‘ La Moncloa, aupado por proetarras y golpistas, el número de españoles que depende de una ayuda, una pensión o un salario público se ha multiplicado.
Son, en opinión de algunos, los votantes cautivos.
El número de españoles que dependen de ayudas o salarios públicos alcanza máximos históricos.
En una tendencia que recuerda a ciertas prácticas populistas latinoamericanas, España ha alcanzado un hito preocupante: casi 20 millones de adultos reciben pensiones, subsidios o sueldos de la administración.
Según un análisis detallado de estadísticas oficiales, 19,3 millones de españoles mayores de 18 años reciben algún tipo de ayuda, pensión, subsidio o sueldo público.
Esta cifra, que representa el 48,5% de los 39,8 millones de adultos en el país, ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, coincidiendo con el gobierno de Pedro Sánchez.
El panorama actual muestra un país donde la dependencia del sector público se ha convertido en la norma para una parte significativa de la población. Esta situación plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad económica y social a largo plazo.
El ejército de los dependientes del Estado
El desglose de esta cifra revela la magnitud del fenómeno:
- Pensionistas: 9,1 millones de personas reciben algún tipo de pensión, ya sea por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.
- Funcionarios y empleados públicos: 2,97 millones de trabajadores dependen directamente de las administraciones públicas, alcanzando un máximo histórico.
- Beneficiarios de ayudas y subsidios: Más de 7 millones de personas reciben algún tipo de prestación social, incluyendo desempleo, dependencia y otras ayudas.
Este crecimiento del sector público y de las ayudas sociales ha sido especialmente notable desde 2018.
El número de funcionarios ha aumentado en más de 230.000 personas en los últimos años, mientras que las prestaciones sociales se han expandido significativamente.
El coste de la dependencia
El aumento de la población dependiente del Estado tiene un impacto directo en las cuentas públicas.
En 2025, solo el gasto en pensiones supondrá un desembolso de más de 190.000 millones de euros, tras la revalorización del 2,8% aprobada por el gobierno.
Además, el gasto en personal público y en prestaciones sociales ha crecido de forma constante.
Esta expansión del gasto público plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y bajo crecimiento económico.
¿Una estrategia política?
Algunos analistas ven en esta expansión del Estado una estrategia deliberada para crear una base electoral dependiente.
Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, ha expresado: «El gobierno parece estar utilizando los recursos públicos para crear una clientela política, en lugar de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en el sector privado».
Esta táctica, que recuerda a prácticas populistas de algunos gobiernos latinoamericanos, buscaría asegurar el apoyo electoral a través de la dependencia económica de una parte significativa de la población.
El catálogo de ayudas: una red de dependencia
El gobierno ha implementado una amplia gama de ayudas y subvenciones que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida:
- Ingreso Mínimo Vital
- Ayudas al alquiler
- Bono social térmico
- Cheque cultural para jóvenes
- Subvenciones para la compra de vehículos eléctricos
- Ayudas para la rehabilitación de viviendas
- Becas de estudio
- Subsidios agrarios
Esta proliferación de ayudas, si bien puede aliviar situaciones de necesidad a corto plazo, corre el riesgo de crear una cultura de dependencia que desincentive la iniciativa privada y el emprendimiento.
La tendencia actual plantea serios desafíos para el futuro de España.
El envejecimiento de la población aumentará la presión sobre el sistema de pensiones, mientras que la creciente dependencia del empleo público puede lastrar la competitividad de la economía.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, defiende estas políticas argumentando que «estamos construyendo un estado del bienestar robusto que protege a los ciudadanos en todas las etapas de la vida».
Sin embargo, críticos como el economista Juan Ramón Rallo advierten que «este modelo es insostenible a largo plazo y acabará colapsando bajo su propio peso».
