El Juzgado de lo Social número ocho tiene previsto celebrar a las 09,00 horas de este jueves la vista oral de la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, ante la negativa de la Consejería de Empleo a financiar sus rentas. El juicio había sido inicialmente señalado para el 23 de noviembre de 2011, aunque aquel día fue aplazado al no figurar la documentación requerida sobre las transferencias consumadas en favor de la aseguradora contratada para las pólizas de seguro de rentas.
Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 reclama los «compromisos» de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como principal losa financiera de la compañía. El pasado 23 de noviembre, el juicio previsto para aquella jornada fue suspendido porque, según Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, «la Junta no ha entregado una documentación que habíamos solicitado sobre los pagos realizados a la aseguradora ‘Generali’, argumentando que eso lo gestionaba la agencia IDEA».
NUEVO SEÑALAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DEMANDA A IDEA
Así, y siempre según señalaba Rafael Domínguez, el Juzgado de lo Social número ocho fijó nuevamente la vista oral para el 17 de mayo a las 09,00 horas, toda vez que la representación de los prejubilados anunciaba que la demanda sería ampliada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Esta demanda, como se ha informado, fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007. La demanda en cuestión, según había informado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio –actualmente ‘Generali’– y la consultora ‘Vitalia Vida’.
LA PREJUBILACION DE GARRIDO SANTOYO
Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en Andalucía.
EL ERE DE 2007
Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un documento recogido por Europa Press de que estos actos fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».
