En teoría, todas las ‘actuaciones’ anunciadas por Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados este 11 de julio de 2011, incluyendo el aumento de la recaudación y el recorte de gastos previstos, permitirán un ajuste de 65.000 millones de aquí a 2014, el equivalente al 6,5% del PIB.
Estas son las principales decisiones:
- Subida del IVA: El tipo normal pasa del 18% al 21%, mientras el reducido aumenta del 8% al 10%. El superreducido, que grava los productos más esenciales como el pan o las verduras, se queda en el 4%. También suben los impuestos al tabaco. Este alza de la fiscalidad al consumo tendrá lugar en plena recesión, con los riesgos que ello implica de ahondar la contracción del gasto de las familias y, por extensión, la recuperación económica.
- Prestación del paro: La cuantía de las prestaciones por desempleo se reducirá a partir del sexto mes para los nuevos perceptores, al reducirse del 60% al 50% la base reguladora con la que se calculan estas prestaciones. El objetivo, ha dicho Rajoy, es «animar la búsqueda activa de trabajo» de los desempleados. Además, también ha anunciado que «se suprimirán muchas bonificaciones a la contratación», salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores creado con la reforma laboral o las de inserción para el colectivo de discapacitados.
- Pensiones: El Gobierno llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada, tal y como reclamaba Bruselas.
- Sueldo de los funcionarios: El Ejecutivo, tal y como sospechaban los sindicatos, ha decidido suprimir la paga extra de Navidad de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas para 2012, 2013 y 2014, una medida que permitirá ya este año un ahorro del 14% en el gasto equivalente a 4.000 millones. La decisión también afectará a los diputados y senadores. En el caso de los trabajadores públicos, la cuantía que dejen de cobrar durante los tres próximos años se les devolverá a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones.
- Menos días libres en la función pública: Se reducirá el número de días de libre disposición (los llamados moscosos) y se ajustará el número de liberados sindicales a lo «estipulado estrictamente en la ley», ha avanzado el presidente. El sindicato de la función pública CSI-F ya ha reaccionado a estas decisiones, se ha declarado «indignado» y ha anunciado movilizaciones para julio y agosto. También contempla convocar una huelga en septiembre.
- Recorte en un 30% de los concejales: El Ejecutivo eliminará en un 30% el número de concejales por tramos de población. También se obligará a los alcaldes y ediles a publicar sus sueldos, así como se homogeneizarán sus retribuciones. Para ello, la ley de presupuestos fijará cada año unos baremos en función de las características del municipio. Con esta medida, el Ejecutivo espera lograr un ahorro de 3.500 millones. A cambio de la supresión de concejales y para centralizar y garantizar el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos en todo el territorio, se reforzará el papel de las diputaciones provinciales.
- Modificación de la fiscalidad de la energía: Rajoy ha anunciado, sin dar más detalles, que se cambiarán los impuestos que gravan la energía con vistas a reducir el déficit de tarifa. Este desfase entre lo que cuesta producir la electricidad asciende actualmente a 24.000 millones y amenazaba con cerrar el año en 29.000 millones. El incremento de impuestos tendrá lugar en un momento en el que la demanda está registrando una fuerte caída. Los impuestos sobre la energía, según datos de la UE, han aumentado en un 70% en los últimos seis años.
- Fin a la deducción por vivienda: La desgravación fiscal generalizada a la compra de una vivienda se eliminará en 2013. El Gobierno recuperó esta medida nada más llegar al poder el pasado diciembre con carácter retroactivo tras la decisión del anterior Ejecutivo de suprimirla para las rentas superiores a los 24.000 euros anuales a principios de 2011. La supresión también formaba parte de las recomendaciones que habían hecho la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a España.
- Rebaja del gasto en los Ministerios: El Gobierno ha decidido llevar a cabo un nuevo ajuste en las partidas de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros. Para ello, se reducirán «todos los créditos» para subvenciones o transferencias.
- Menos dinero para los partidos: Los Presupuestos de 2013 incluirán un nuevo recorte del 20% en la subvención destinada a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, que se añade al que se ha realizado en 2012, también del 20%.
- Segunda fase del plan para reducir empresas públicas: El jefe del Ejecutivo ha avanzado que van a continuar con la «reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local» para evitar «duplicaciones, e incluso triplicaciones» de servicios, con el consiguiente «despilfarro», ha argumentado. Con este objetivo se acometerá la segunda fase del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional.
