En 1994 y tras ser intervenido Banesto, Alfredo Sáenz (hasta entonces en el Bilbao-Vizcaya) fue nombrado presidente de aquella entidad. —SIGA LEYENDO EN LA GACETA—
Quizá apremiados por la necesidad de recuperar créditos dudosos, los directivos de Banesto (que ya era propiedad del Santander), con Sáenz a la cabeza, presentaron (julio de 1994) una denuncia por estafa y alzamiento de bienes contra los accionistas del grupo Harry Walker, que habían contraído una deuda con Banesto de 3,8 millones de los actuales euros.
Banesto pretendía que avalaran con sus bienes personales el crédito concedido. En septiembre de 1994, el juez Pascual Estevill (un extorsionador y un corrupto elevado a las más altas magistraturas del Estado por los nacionalistas catalanes y hoy condenado y expulsado de la carrera) encarceló a los accionistas de Harry Walker y les embargó sus bienes personales por un monto de 4,5 millones de euros. Un año después, una instancia superior los sacó de la cárcel y archivó las actuaciones contra ellos.
Como consecuencia, esos accionistas se querellaron contra Sáenz acusándolo de denuncia falsa. En marzo de 2009 el Tribunal Supremo condenó a Sáenz a tres meses de arresto y a una multa por denuncia falsa, lo cual lo inhabilitaba para ocupar cargos en cualquier entidad financiera.
Dos años y medio después (noviembre de 2011) ocurrió un hecho sorprendente: en el último Consejo de Ministros presidido por Zapatero, el Gobierno, en contra del preceptivo informe del Supremo, indultó a Sáenz. Zapatero y el que fuera su ministro de Justicia, Caamaño, jamás explicaron la atracción fatal que sentían por Alfredo Sáenz.
Ahora, casi 20 años después de la denuncia falsa, el Supremo entiende que el Gobierno de Zapatero se extralimitó al cancelar los antecedentes penales de Sáenz, sentencia que, si el Banco de España no lo remedia, dejará a Sáenz fuera de las élites financieras del país.