Bruselas propone dar más libertad a los países de la UE para fijar los tipos del IVA

La Comisión Europea ha planteado este jueves dar más autonomía a los países de la Unión Europea para tomar sus decisiones fiscales sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA), para lo que ha propuesto dos opciones: o bien ampliar la lista de bienes y servicios que se benefician del tipo reducido de este tributo o incluso eliminarla y permitir a los Estados miembros tomar sus propias decisiones.

El Ejecutivo comunitario ha presentado un plan de acción para la reforma del IVA en el conjunto de la UE, con la que pretende simplificar el sistema, aumentar la protección contra el fraude y actualizarlo para apoyar el mercado único, facilitar el comercio transfronterizo y acompañar la economía digital.

En la actualidad, los Estados miembros se deben limitar a una lista definida de bienes y servicios para aplicar el tipo reducido. Bruselas propone ahora dotar al sistema de más flexibilidad en el futuro. Según la primera opción que plantea, se mantendría el tipo estándar del 15% y se revisaría «con regularidad» la lista de bienes y servicios que pueden beneficiarse del tipo mínimo.

La segunda opción, más ambiciosa, aboliría este listado y daría libertad a los países de la UE para tomar sus decisiones fiscales Sin embargo, la Comisión reconoce que en este caso sería necesario incluir salvaguardas para evitar la competencia fiscal en el mercado único. Asimismo, admite que podría incrementar los costes de cumplimiento para las empresas.

El Ejecutivo comunitario ha señalado que el sistema actual de IVA, en vigor desde 1993, es un esquema «transitorio» que «deja la puerta abierta al fraude». Por ello, Bruselas pretende presentar una propuesta formal en 2017 para establecer normas «definitivas» para un sistema único.

Bajo estas nuevas normas, las transacciones transfronterizas se seguirán basando en el ‘principio de destino’, por el que los bienes y servicios comerciados estarán gravados por los tipos del país de destino, como en la actualidad, pero la recaudación cambiará «gradualmente» hacia un sistema «a prueba de fraude».

Por otro lado, la Comisión ha anunciado que propondrá medidas a finales de año para reforzar las herramientas de los Estados miembros para intercambiar información relacionada con el fraude en el IVA.

En esta línea, Bruselas ha apuntado que el fraude en las operaciones comerciales cuestan «importantes sumas» de beneficios a los países de la UE y ha calculado que las reforma podría reducir el coste en unos 40.000 millones de euros al año, un 80% de la cifra anual que se estima actualmente.

Por último, el Ejecutivo comunitario presentará también a finales de este año una propuesta legislativa para modernizar y simplificar la aplicación del impuesto sobre el valor añadido sobre el comercio electrónico, en el marco de la estrategia para el mercado único digital. Esta propuesta, ha indicado, asegurará que las publicaciones electrónicas se puedan beneficiar de los tipos reducidos como lo hacen las publicaciones físicas.

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