El contrabando de tabaco ha ocasionado «un importante impacto económico negativo» en Andalucía el año 2015, concretamente 780,3 millones de euros, de los cuales 379,6 millones de euros correspondieron a recaudación fiscal, lo que constituye una pérdida del 28,3% de la recaudación total en la Comunidad.
Estos datos han sido desvelados en rueda de prensa por los autores de un estudio de investigación sobre la ‘Estimación de las implicaciones económicas generadas por la venta ilícita del tabaco en 2015 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el conjunto del territorio español’, realizado por la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Loyola Andalucía, de Sevilla, con el apoyo del Center of Economic Scenario Analysis and Research, y en colaboración con Altadis, compañía tabaquera líder en la lucha frente al contrabando de tabaco. El estudio ha sido presentado por la profesora titular del Departamento de Economía Aplicada y miembro del Instituto L.R. Dlein de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, Milagros Dones; el catedrático de Economía de la Universidad austriaca de Klagenfurt, profesor de la Universidad Loyola de Andalucía y miembro del Centre of Economic Scenario Analysis and Research de Sevilla, Kurt Kratena, así como el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), Juan Moreno, y la director de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo. El informe pone de manifiesto que el contrabando de tabaco impacta negativamente en el empleo, suponiendo la destrucción de 5.028 puestos de trabajo en Andalucía. De estos, el 2,2% corresponderían al sector del tabaco, mientras que la gran mayoría, 4.915 empleos, se habrían perdido en otras actividades que interactúan con este sector. Se estima que el valor de las ventas ilícitas de tabaco representó en 2015 un 36,5% de las ventas globales, seis puntos por debajo de la presencia estimada para 2014, cifrada en un 42,5%, aunque siguen siendo valores preocupantes. El trasvase al mercado legal de las compras realizadas fuera del circuito oficial generarían ingresos, ampliarían la posibilidad de crear empleo formal y se elevarían las posibilidades de crecimiento vía demanda interna. El estudio apunta que el dinero que se gasta en tabaco de contrabando no paga impuestos y no genera estado de bienestar a la sociedad, tampoco genera empleo formal. No obstante, hay un efecto neto, porque supone una horro de dinero que se dedica a otros gastos de ocio. De esta manera, el dinero no empleado por los consumidores de tabaco se gasta en consumo de bebidas, restauración, viajes, entre otros gastos, y llega a la economía por otros canales. Sin embargo, este efecto es «menor» visto de una manera global. A pesar de estos datos, la evolución de los mismos revela un giro en la tendencia de los últimos años hacia una relativa mejora de la situación. Así, si se comparan las pérdidas económicas del año 2015 (780,3 millones de euros) frente a las del año 2014 (994,7 millones), se aprecia que el impacto económico negativo se ha reducido un 21,6%. Ello se explica por la disminución en los niveles de comercio ilícito, que han pasado de un 42,5 por ciento del mercado de cigarrillos en 2014 al 36,5 por ciento en 2015, según la ‘Encuesta de Cajetillas Vacías’ de la consultora Ipsos. PELIGRO: ACCESO MENORESPor su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo, ha apuntado que el contrabando de tabaco conlleva una pérdida en la recaudación de impuestos –ya que el 80% del precio se basa en impuestos–, supone un riesgo al poder acceder al mismo menores de 18 años y conlleva la destrucción de empleo.
En esta mima línea se ha mostrado el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, quien ha hecho hincapié en «la falta de trazabilidad» de un producto ilegal y «una falta de control» en el que proviene de fábricas ilegales. Moreno también ha llamado la atención sobre la alta permisibilidad social con que cuenta el tabaco ilícito y la percepción de normalidad que hay sobre este producto. Preguntada sobre qué medidas se pueden llevar a cabo para frenar el contrabando de tabaco, Ingelmo ha apuntado a la estabilidad fiscal, a las mayores aprehensiones de tabaco ilegal y a la concienciación social. En este punto, también ha reclamado una mayor responsabilidad a los fabricantes para que «vendan lo que saben que se va a vender», es decir, que no inunden el mercado y se basen en una demanda real del mismo. 2.922 MILLONES. La industria del tabaco localizada en Andalucía ha generado en el conjunto del territorio español una cifra de negocio de 2.922 millones de euros, creando cerca de 20.260 puestos de trabajo, lo que supone una inyección de rentas de más de 600 millones de euros en salarios y una aportación fiscal de 379 millones sin considerar los impuestos especiales. Esta cifra de negocio de la industria del tabaco se sitúa en torno a eventos tan relevantes y conocidos como Expo’92 (2.602 millones de euros), Aerópolis’14 (2.244 millones de euros) o el montante de la deuda pública de la Comunidad (2.463 millones de euros) y cuenta, además con un carácter recurrentes, año tras año. Estos resultados responden a toda una cadena de transmisión de efectos que se inicia con las compras e inversiones que se precisan para el desarrollo de su actividad, creando sinergias e interrelaciones con otros sectores de la economía de dentro y fuera del ámbito productivo de la región. El valor estimado de estas compras e inversiones asciende, en 2015, a 763 millones de euros. ALTADISAltadis ha impulsado la elaboración de este estudio en el marco de su plan de acción de lucha frente al contrabando de tabaco, en el que se encuadran otras acciones como campañas de concienciación social, una página web y una aplicación móvil informativas, un buzón de denuncias de puntos de venta ilícitos, así como la organización del Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, que esta semana celebrará su segunda edición.
Uno de los principales objetivos de este estudio, junto al conjunto de acciones incluidas en el plan de acción de Altadis, es reclamar la atención de las autoridades locales y autonómicas sobre los riesgos que presenta el tabaco ilícito para los consumidores, así como el evidente perjuicio que supone en términos de pérdida de ingresos, empleo y riqueza.
