La Comisión Europea estima que el grupo francés GDF Suez (hoy Engie) se benefició de posibles ventajas fiscales indebidas en Luxemburgo frente a otras compañías en virtud de las cuáles dejó de pagar unos 300 millones de euros en impuestos que debía en los últimos años.
El Ejecutivo comunitario anunció el pasado 19 de septiembre la apertura de una investigación en profundidad para determinar si pagó menos impuestos de los que debía en virtud de acuerdos fiscales con Luxemburgo, que permitieron tratar una misma transacción entre dos filiales de GDF Suez de modo «incompatible», como deuda y como patrimonio. Según cifras «preliminares» que maneja el Ejecutivo comunitario, GDF Suez no ha abonado unos 300 millones de euros que debía al fisco luxemburgués entre 2011 y 2015 de la base imponible acumulada de entre 1.000 millones o 1.100 millones de euros a través de dos de sus filiales, GDF Suez Treasury Management y Suez LNG Supply. Esta sería la cantidad mínima que debería recuperar Luxemburgo de la compañía si finalmente concluye que recibió ventajas fiscales ilegales al no pagar el tipo del 29% estipulado en Luxemburgo, según se desprende de su decisión para abrir una investigación, cuya versión no confidencial sólo se ha publicado este jueves. GDF Suez Treasury Management se habría ahorrado unos 200 millones en impuestos de una base imponible acumulada de entre 600 y 650 millones y Suez LNG Supply, unos 100 millones por su parte de una base imponible de entre 400 y 450 millones, según el texto de la decisión. Ambas compañías, que actuaban como prestamistas de otras dos compañías del grupo -Electrabel Invest Luxembourg y LNG Luxembourg, se beneficiaban de instrumentos financieros conocidos como préstamos a tipo de interés cero convertibles (ZORA, por sus siglas en inglés), es decir, deuda entre compañías de grupo que luego se convierten en una fase posterior en acciones, es decir, en capital de riesgo. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, cuyos servicios no tienen un plazo límite para tomar una decisión final sobre el caso, avisó en septiembre de que los acuerdos fiscales parecen estar «en contradicción con las reglas impositivas nacionales» y que aunque las transacciones financieras pueden ser gravadas de manera diferente –en función del tipo de operación sea capital o deuda– «una sola empresa no puede ganar por ambos lados, por una misma y única transacción». Los acuerdos fiscales permitían en la práctica que ni las empresas prestamistas ni las prestatarias pagaran impuestos y la mayor parte de los beneficios generados por las dos filiales prestamistas no se gravaran. Las empresas prestamistas podían deducirse los intereses del préstamo y tratar en el caso de las empresas prestatarias la remuneración como capital de riesgo libre de impuestos.
