La consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía, María Jesús Montero, ha reclamado este miércoles la condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como un mecanismo para que el tránsito hacia el nuevo modelo de financiación regional no perjudique a las comunidades que, como Andalucía, ya están «infrafinanciadas» y que, en su caso, hace que deje de recibir mil millones anuales.
Así lo ha señalado la responsable de Hacienda andaluza antes de participar en una jornada formativa sobre evaluación de políticas públicas, organizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando ha explicado que, «desgraciadamente», cree que el debate sobre esa condonación parcial se desarrollará, como el de la financiación regional, durante todo este año 2017 de modo que su resolución no será inminente. «Es un debate de enjundia, en profundidad, y por tanto que va a tomarse su tiempo», ha dicho Montero, que ha explicado que, de acuerdo a lo pactado en la Conferencia de Presidentes, las comunidades autónomas están designando a los expertos que formarán parte del grupo de trabajo que estudiará la reforma de la financiación regional, aunque, hasta la fecha, el Ministerio no ha convocado su reunión. A la vista de que los trabajos se desarrollarán durante buena parte del año, la Junta cree que «sería deseable» que se arbitrara un mecanismo transitorio para evitar perjudicar más a las ya «infrafinanciadas». «Se trata de intentar que cada año no dejemos de recibir los aproximadamente mil millones menos que recibimos y que se arbitre un mecanismo transitorio», ha incidido Montero. En ese sentido, ha advertido de que mientras hay comunidades que «no tienen tanta prisa en acabar la reforma del modelo porque su posición es buena», mientras que a otras, como Andalucía o Comunidad Valenciana la modificación del sistema sí les urge. Preguntada por si es optimista con que pueda atenderse su petición, ha dicho que «necesariamente» tiene que serlo porque «hay un elemento común que todas comunidades expresan» y que pasa porque «los servicios públicos tengan una financiación que nos haga iguales». «Todos los presidentes autonómicos han dicho que esas son las prioridades y se trata de cuantificar esas necesidades desde la austeridad», ha reclamado, advirtiendo de que nadie puede echarles a las autonomías que «sólo» piden porque -ha ahondado– «también cumplimos con los objetivos de estabilidad, somos la administración más cercana a los ciudadanos tras los ayuntamientos y hemos sido ejemplares durante la crisis, sosteniendo los pilares del estado de bienestar pese a la drástica reducción de los ingresos públicos».
