El Tribunal Supremo acaba de rescatar de la ruina a numerosos autónomos que mantenían deudas impagables con la Administración.
Uno de los grandes dramas que han padecido los empresarios son las trabas que imponía la legislación para que se levantaran de nuevo en caso de dificultades económicas, condenando así a la extinción a miles de autónomos y pymes tras el estallido de una crisis, a diferencia de lo que sucede en el mundo anglosajón, donde la regulación siempre ha ofrecido alternativas a estos negocios para salir adelante.
Esta tara intentó ser corregida en 2015 con la aprobación de la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que permitía la condonación de buena parte de las deudas del empresario con el fin de reemprender su actividad y facilitar su supervivencia.
Sin embargo, este objetivo quedó en papel mojado, ya que no incluyeron el perdón de las deudas pendientes con Hacienda ni la Seguridad Social, imposibilitando su recuperación.
El Supremo corrige ahora este despropósito mediante una sentencia dictada a principios de julio, donde establece que los juzgados de lo mercantil puedan aplicar quitas de hasta el 70 por ciento a las deudas que mantienen con ambas administraciones los autónomos en situación de insolvencia, al tiempo que se fija un plan de pagos fraccionado de hasta cinco años para el resto de la cuantía en función de su capacidad económica.
Se trata de un acto de justicia. Resultaba incoherente y contradictorio que el mecanismo de segunda oportunidad redujese de forma sustancial la carga financiera derivada de deudas privadas, mientras que la factura fiscal se mantenía intacta. Hacienda y la Seguridad Social podían seguir reclamando el pago íntegro de sus deudas a los autónomos en quiebra, en contra incluso de la hoja de ruta acordada por los jueces, lo cual no solo constituye un abuso, sino una desigualdad jurídica frente al resto de acreedores.
Esta decisión supone un importante balón de oxígeno para aquellos emprendedores que, habiendo sufrido un tropiezo, se veían condenados a la más absoluta desesperanza, fruto de una bancarrota permanente por culpa de la rapiña fiscal.
Autónomos y pymes son el motor de la economía española, pero, en lugar de facilitar su crecimiento y desarrollo, su actividad es sometida a una elevada presión tributaria y una compleja burocracia, llegando incluso al extremo de imposibilitar su recuperación tras un primer fracaso.
Sobrevivir en el mundo de los negocios exige grandes dosis de talento y esfuerzo, pero también de doloroso aprendizaje a base de cometer errores.
La Ley de Segunda Oportunidad debe ser corregida para incorporar la sentencia del Supremo, de modo que los autónomos en dificultades puedan comenzar de cero, sin pesadas e injustas deudas fiscales, para seguir creando riqueza y empleo.
