En la apacible y adinerada urbanización Monte Rozas, situada al noroeste de Madrid, el sosiego habitual de sus calles ajardinadas y chalés con piscina se ha visto interrumpido por una crisis imprevista: el agua que abastece a sus 481 parcelas proviene de pozos subterráneos cuya legalidad está siendo cuestionada.
Entre sus vecinos destaca el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya residencia se ha convertido, sin quererlo, en el centro de un debate que involucra economía, legalidad y gestión comunitaria.
Desde 1988, Monte Rozas ha sido administrada por una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC), lo que otorga a los propietarios la responsabilidad sobre el mantenimiento y las infraestructuras.
Sin embargo, ahora se enfrenta a una derrama superior a cinco millones de euros para renovar una red de abastecimiento que tanto la junta directiva de la EUCC como el propio Ayuntamiento de Las Rozas consideran obsoleta y repleta de deficiencias técnicas.
Pozos bajo sospecha y facturas sin dueño claro
La urbanización obtiene agua de pozos subterráneos, una práctica que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha catalogado como ilegal en su forma actual. Esta entidad ha advertido a la EUCC Monte Rozas que debe detener la extracción y sellar las instalaciones o enfrentarse a sanciones administrativas. El dilema es evidente: ¿quién asume el coste de la renovación del suministro? El Ayuntamiento de Las Rozas sostiene que, según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, corresponde a la entidad vecinal mantener y conservar la red interna, no a las arcas municipales.
El Canal de Isabel II ha realizado un estudio técnico comprometiéndose a llevar a cabo las obras necesarias, valoradas en algo más de cinco millones de euros. Este coste se repercutiría durante los próximos 20 años en los recibos del agua, lo que implicaría un incremento mensual aproximado de 84 euros por parcela. Como opción alternativa, la urbanización podría realizar las obras directamente bajo los criterios técnicos del Canal o intentar regularizar los pozos para seguir utilizándolos al menos para riego y piscinas.
El rechazo vecinal: entre la indignación y la acción legal
La situación se ha intensificado porque muchos propietarios rechazan asumir el coste de la derrama al considerar que el suministro de agua es una competencia municipal intransferible. Han solicitado un informe jurídico que cuestiona si realmente son los vecinos quienes deben costear la renovación de una infraestructura que debería ser responsabilidad del Ayuntamiento, al igual que otros servicios básicos.
Entre los argumentos presentados por los vecinos resalta la carga económica doble que supondría mantener el sistema actual mientras abonan una nueva cuota, alcanzando aproximadamente 117 euros mensuales por vivienda. Además, el convenio propuesto conlleva que cualquier desvío presupuestario recaiga directamente sobre los propietarios, sin límites ni controles previos. Incluso si la nueva red no se activa por falta de contratos individuales, sería responsabilidad total de la EUCC cubrir el coste completo de las obras, algo que muchos consideran insostenible.
División interna y presión sobre la presidencia de la urbanización
La tensión entre los residentes ha aumentado hasta tal punto que varios han iniciado una recogida de firmas para forzar la dimisión de la presidenta de la EUCC, Carmen Lozoya. La gestión del conflicto ha generado desconfianza y ha bloqueado la aprobación del convenio con el Canal de Isabel II. Los vecinos organizados en oposición al proyecto buscan ahora alternativas legales y políticas para evitar que solo ellos carguen con este gasto.
El Ayuntamiento de Las Rozas, por su parte, adopta una postura colaborativa asegurando trabajar “de la mano” con la EUCC para hallar una solución definitiva. No obstante, insiste en que según ley corresponde a los propietarios asumir este gasto mientras la entidad vecinal continúe existiendo y gestionando dicha urbanización.
Debate político y social: ¿quién debe pagar?
Este asunto ha trascendido más allá del mero conflicto entre vecinos hasta alcanzar el ámbito político. Representantes municipales de partidos como Vox y Más Madrid han argumentado que debería ser el Ayuntamiento quien asuma el coste de las obras, señalando que los vecinos llevan años abonando impuestos como el IBI sin recibir un servicio básico como es el agua corriente. También han exigido un catálogo actualizado sobre pozos legales en el municipio para fomentar su uso en riego y aprovechar así los recursos hídricos sosteniblemente.
Por otro lado, desde posiciones oficiales se defiende que dado que existe una figura jurídica como es la EUCC, las infraestructuras internas son competencia exclusiva de los propietarios. Solo cuando esta entidad se disuelva y pase a ser gestionada por el Ayuntamiento podría cambiar esta responsabilidad.
Alternativas y posibles salidas
Ante este estancamiento surgen diversas alternativas:
- Ejecutar las obras mediante el Canal de Isabel II, repercutiendo su coste en los recibos durante dos décadas.
- Que sea la propia urbanización quien financie y ejecute las obras cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos.
- Intentar regularizar los pozos para usos no domésticos (piscinas y riego), permitiendo así que solo se utilice la nueva red para consumo humano.
El caso de Monte Rozas refleja claramente los desafíos a los que se enfrentan las urbanizaciones con alto nivel adquisitivo en Madrid. La gestión adecuada de infraestructuras esenciales, junto con cuestiones legales sobre recursos hídricos y financiación pública pueden convertirse en fuentes significativas de conflicto social y político.
Mientras tanto, Monte Rozas continúa utilizando agua extraída ilegalmente bajo amenaza sancionadora. Sus residentes permanecen divididos ante un futuro incierto donde esperan encontrar soluciones viables que integren legalidad, sostenibilidad y equidad económica. La lucha por el agua en Monte Rozas aún tiene mucho camino por recorrer antes de llegar a su fin.
