Sin ruborizarse ni un tanto así, el ex presidente de la CAM Modesto Crespo ha confesado ante Las Cortes Valencianas que no tenía conocimientos financieros suficientes para presidir la entidad y que si lo hizo sólo fue por mera “representación institucional”. O sea, para cobrar una pasta.
No es el único de tal condición. Si se miran los currículos de los consejeros de la recién nacionalizada Bankia, la mayoría de ellos son incapaces no ya de valorar la oportunidad de conceder un crédito, sino de leer un simple balance de situación. Eso sí, casi todos han venido cobrando más de 200.000 euros anuales. Todo ello, para acabar hundiendo la institución.
Los casos de la CAM y de Bancaja —diluida ésta dentro de Bankia— no han sido la excepción, sino la regla de nuestras fenecidas cajas de ahorros. Por ejemplo: el último presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, es un neurólogo que fue rector de la Universidad de Salamanca y que ha llevado a la entidad crediticia al desastre. En su ciudad, claro, ha pasado de ser admirado como médico a convertirse en un proscrito.
¿Y cómo llegó el hombre a ese puesto para el que no estaba preparado en absoluto? Pues porque tanto el PSOE, como PP y los sindicatos preferían a una persona dócil como él antes que a su predecesor, Sebastián Battaner, un espíritu independiente, experto él sí en el mundo financiero y ex alumno de la afamada Universidad Comercial de Deusto, al igual que José Ignacio Goirigolzarri, encargado ahora de salvar los muebles de Bankia.
Los políticos, que son quienes han mangoneado a su antojo las cajas, han promovido también fusiones regionales contra natura, como la de Caja Duero y Caja España, en Castilla y León, o la de las dos cajas gallegas que impuso por la brava Núñez Feijóo. En todos los casos, ese torpe afán de mantener su poder sobre ellas las ha llevado a la ruina.
Pero es que las cajas de ahorros, además, han sido el abrevadero de políticos sin destino y de sindicalistas acallados con cuantiosas retribuciones. Sus presidentes, incluso, han estado ejerciendo como políticos de primera fila hasta la misma víspera de su nombramiento. Ahí tenemos el caso del socialista Hernández Moltó, quien llevó a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha tras haber financiado el fantasmal aeropuerto de Ciudad Real, y el de José Luis Olivas, presidente de la Comunidad Valenciana antes que de Bancaja, hasta atrincherarse en esta última.
Con personajes tan poco imparciales se explica la insólita y ruinosa participación de las cajas de la Comunidad en el capital de Terra Mítica, por ejemplo, o las singulares y reiteradas líneas de crédito al Valencia C.F., sin necesidad de haberse llegado aquí a la vergonzosa condonación de créditos de La Caixa a los partidos políticos catalanes.
¿Quién se extraña, después de esto, del colapso de nuestro sistema financiero, de la desconfianza de los mercados, de las críticas del FMI y de las exigencias del BCE y de la Comisión Europea?
La culpa de la crisis actual no la tiene, pues, tanto la deuda de empresas y familias —descendiendo, por cierto, a gran velocidad—, como la actuación de unos políticos que han endeudando a las Administraciones públicas más de lo posible y han usado para ello a unas entidades financieras vaciadas de liquidez y llenas ahora de un ladrillo que no pueden digerir.
