La Audiencia consideró dos veces que no existía «elemento indiciario alguno»

El juez Castro imputa a la Infanta Cristina contra el criterio del fiscal

Por su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos

El juez Castro imputa a la Infanta Cristina contra el criterio del fiscal
La Infanta Cristina. EP.

La Infanta está citada a declarar el el sábado 8 de marzo de 2014 a las 10.00 horas de la mañana

El instructor del «caso Nóos», José Castro, ha dictado este martes 7 de enero de 2014 un auto en el que comunica a las partes personadas en esta causa judicial que ha decidido citar a declarar, en calidad de imputada, a la Infanta Doña Cristina.

Castro imputó por primera vez a la Infanta el 3 de abril del pasado año.

En aquella ocasión, la fecha fijada inicialmente para la declaración era el 27 de abril.

Sin embargo, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach recurrió de inmediato aquella iniciativa judicial, que quedó paralizada provisionalmente. Con posterioridad, la Audiencia Provincial decidió suspender la imputación de la hija del Rey.

UN AUTO DE MUCHAS PÁGINAS

La imputación de la Infanta Cristina se hace por su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

El auto de 227 páginas, que acaban de recibir las partes, cita a la hija pequeña del Rey a declarar dentro de dos meses.

Concretamente, el sábado 8 de marzo de 2014 a las 10.00 horas de la mañana. El magistrado instructor del caso Urdangarin ha dado ese amplísimo margen con un obvio objetivo: que a la Audiencia Provincial de Palma le dé tiempo a fallar el más que seguro recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a Doña Cristina están severamente castigados por el Código Penal.

El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra distraída a Hacienda.

 

LA PIEZA SEPARADA

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el juez había dictado una providencia en la que solicitaba a las partes personadas en esta pieza separada del «caso Palma Arena» que se pronunciasen sobre una posible nueva imputación de la Infanta «por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales».

En respuesta a la petición de Castro, sólo el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, solicitó la imputación de la Infanta.

El resto de partes personadas presentaron escritos oponiéndose a dicha imputación. En concreto, el fiscal Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Diego Torres -con matices-, de Iñaki Urdangarín y de la Infanta.

Hasta ahora, la Audiencia se ha pronunciado en dos ocasiones, el 12 de julio de 2012 y el 7 de mayo de 2013, contra la imputación de Doña Cristina, pues en ambas consideró que no existía «elemento indiciario alguno» que la relacionase con las actividades presuntamente ilegales del Instituto Nóos, que presidía su marido.

Pese a ello, en el auto de mayo del pasado año la Sala había dejado la puerta abierta para que el juez pudiera imputar más adelante a la Infanta por delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales si la Agencia Tributaria confirmase una supuesta defraudación cometida a través de Aizoon, que recibió fondos de Nóos y cuya titularidad compartían al 50 por cien los Duques de Palma.

 

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