En territorio nacional todo era mediático, como se le llama ahora a las mentiras. Pero los precedentes al respecto sí existen. Gustavo Iruegas.

Conocí, en diciembre de 1994, al embajador Gustavo Iruegas, cuando coincidimos en la comisión gubernamental para la negociación con el ezln; grupo que había sido designado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León, y delegado la responsabilidad en esa etapa en don Gustavo Iruegas.

Desde antes, para muchos de nosotros ya era un ejemplo de nacionalismo y leal representante de la entonces tradicional y muy respetada política exterior mexicana.

Aún tengo presente el gesto de sorpresa, captado por una camarita de rollo 110 de mi propiedad, cuando por instrucciones informe: “Don Samuel, le manda informar Don Gustavo Iruegas, que la delegación supervisora para las condiciones de seguridad ya se encuentra revisando la sala de prensa”.

Ojos más abiertos que casi salían de su cavidad no había visto en mi vida y que tamaño de boca y gesto de sorpresa capte en el rostro del entonces Obispo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Samuel Ruiz García; “Gracias”,

respondió y salió como un bólido rumbo a la plaza central de San Andrés Larrainzar en compañía de la otra parte de integrantes de la CONAI y de la COCOPA, que estaban a la entrada del pueblo para recibir a la comisión supervisora

Misma que, encabezada por el Embajador Iruegas, había ingresado al pueblo por la parte lateral acompañado de Don Luís H. Álvarez, Don Heberto Castillo, un General del Ejercito Mexicano, un auxiliar de Don Gustavo y el suscrito para registro de testimoniales.

Actualmente el Embajador Iruegas nos trasmite toda su experiencia diplomática, entre otras maneras, a través de unas muy interesantes y documentadas opiniones que publica en el Periódico La Jornada.

De ellas se reproducirá en dos partes el texto que publicara el día 26 de septiembre reciente; intitulada: Repatriaciones, mitos y realidades.

Repatriaciones, mitos y realidades. Por Gustavo Iruegas. A mediados de los años 80, cuando en el Congreso de Estados Unidos prosperaban las propuestas de legisladores (Simpson, Rodino, Mazzoli) para controlar las fronteras y la inmigración, en México la prensa reaccionaba con alarma en espera de expulsiones masivas de mexicanos indocumentados.

A su vez, el gobierno reaccionaba a la prensa pero no a la posibilidad de las deportaciones. En alguna ocasión se celebró una reunión de siete Secretarios de Estado que duró varias horas (dramáticamente, les llevaron sándwiches a la mesa de discusión) y produjo un boletín de prensa en el que anunciaban que se instalarían campamentos en la frontera especialmente preparados para recibir y auxiliar a la masa de repatriados; también se harían inversiones suficientes en las poblaciones receptoras de las remesas de dinero de los emigrados a sus familias, para contrarrestar la miseria que se produciría en esos lugares.

La actividad gubernamental no fue más allá del boletín que cumplía su función tranquilizadora y las expulsiones masivas no se materializaron.

La preocupación era exagerada porque la expectativa no provenía de un análisis profundo de la situación elaborado desde una perspectiva nacional, sino de la argumentación dirigida a México de las organizaciones políticas de latinoamericanos asentadas en Washington.

En el tema migratorio el gobierno de México solamente actuaba ante la emigración consumada y lo hacía movilizando al servicio consular que interponía la protección de medio centenar de sus oficinas en Estados Unidos.

En territorio nacional todo era mediático, como se le llama ahora a las mentiras. Pero los precedentes al respecto sí existen.

A lo largo de la historia el gobierno de México se ha visto precisado a poner en práctica varios programas de repatriación de sus nacionales desde Estados Unidos; dos de ellos se han destacado por su importancia aunque ninguno por su éxito.

El primero fue consecuencia de la agresión expansionista de Estados Unidos contra México en 1847. Se trataba de los mexicanos que quedaron en los territorios arrebatados por la fuerza y jurídicamente cedidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

El propio tratado previó que los mexicanos establecidos en territorios antes pertenecientes a México podrían permanecer en donde estaban o trasladarse a la República mexicana, conservando o enajenando sus bienes.

Para atender esta provisión el gobierno de México emitió el Decreto de 19 de agosto de 1848 por el que los mexicanos que estaban en ese caso serían trasladados a territorio mexicano por cuenta del erario y recibirían dotaciones de tierra.

La organización del traslado se encargaría a tres Comisionados; uno para Nuevo México, otro para la Alta California y otro que trabajaría desde Matamoros, de modo que las familias de Nuevo-México, pasaran a Chihuahua; las de la orilla izquierda del Bravo, a los Estados de Tamaulipas y Coahuila y las de la Alta California a la Baja, ó al Estado de Sonora. El Comisionado para Nuevo México, Bachiller y Presbítero don Ramón Ortiz, fue el que avanzó más en su gestión.

Informó a don Mariano Otero, Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, que esperaba trasladar a 16 mil familias u 80 mil personas a Chihuahua al costo de un millón y medio de pesos. También comunicó que aunque a su llegada fue bien recibido por el gobernador territorial de Nuevo México, cuando las autoridades se percataron del entusiasmo con el que los mexicanos acogían la posibilidad de trasladarse a territorio mexicano dificultaron su misión hasta el punto de que le impidieron la entrada a las poblaciones. El gobernador territorial cambió de opinión y de actitud y el asunto alcanzó los niveles diplomáticos.

La legación de México en Washington hizo una representación ante el Secretario de Estado, John M. Clayton, quien turnó el asunto al Secretario de la Guerra, George Walker Crawford, que contestó la nota mexicana con el argumento de que el compromiso contraído en el Tratado de Guadalupe Hidalgo era el de respetar el derecho de los mexicanos de trasladarse a territorio mexicano, pero que ello no implicaba la admisión de agentes del gobierno mexicano promotores del traslado.

Aunque la correspondencia continuó cruzándose, la gestión no avanzó más. En el fondo del asunto estaba la escasez de población en los territorios perdidos y en el propio territorio nacional. Continuara…Texto del Embajador mexicano Gustavo Iruegas, publicado en la sección Opinión del periódico La Jornada, el miércoles 26 de septiembre de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/09/26/index.php?section=opinion&article=032a2mun