+Defensa Nacional y Marina avalan cambios del Senado al Código de Justicia Militar
+Antes habían quitado el fuero militar en desaparición forzada
+Por unanimidad, aprueba Senado que militares puedan ser procesados por la justicia civil

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó modificaciones al Código de Justicia Militar, a fin de permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles.

Al presentar el dictamen ante el Pleno, a nombre de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth destacó que la reforma es producto del trabajo político y de un diálogo responsable y democrático con las Fuerzas Armadas que, por primera vez en la historia del parlamento, comparecieron en audiencia pública para intercambiar puntos de vista, técnicos e institucionales, sobre el contenido de esta política pública.

Como regla general, explicó, se consideraran delitos contra la disciplina militar aquellos comprendidos en el Libro Segundo del Código, pero se establece una excepción para que las conductas establecidas no se consideren transgresiones a dicha disciplina cuando los militares no se encuentren en campaña.

Dijo que cuando una persona civil esté implicada en un delito cometido por militares, en ningún caso se juzgará en la jurisdicción militar y siempre será juzgada por tribunales civiles.

“Hemos logrado un equilibrio político de larga profundidad y un avance sustancial en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y de la jurisdicción plena que tiene el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en nuestro país”, expresó.

Por la Comisión de Defensa Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez enfatizó que se delinearon los alcances del fuero militar bajo tres directrices fundamentales: en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional.

Además, sólo se debe juzgar a militares en activo por la comisión de delitos y faltas que, por su naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar; y las víctimas civiles tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la reparación del daño, sino para hacer efectivos sus derechos a la verdad y justicia.

Con ello, dijo, se moderniza y se armoniza el Código con las demás normas que nos rigen, bajo las sugerencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil que, desde hace muchos años, demandaba que este ordenamiento fuera reformado.

Esto permitirá a las Fuerzas Armadas contar con un marco normativo que fortalezca sus esfuerzos, para que su actuación sea con respeto absoluto a los derechos humanos.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez mencionó que la reforma representa un avance importante, pero hace falta que el Ejército y la Armada de México dejen de cumplir con funciones policiales que les corresponden a la autoridad pública civil y que pronto regresen a sus cuartales.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, refirió que estas modificaciones, que también se han registrado en otros países, se han dado fundamentalmente en momentos de crisis políticas, después de golpes militares y como resultado de amplios movimientos sociales.

“Si bien hoy tenemos una situación de excepción en materia de seguridad pública, lo cierto es que hemos podido llegar a un buen acuerdo en tiempos de paz, y espero que esta relación que se replantea con las Fuerzas Armadas sea el inicio para que el Congreso de la Unión haga efectivas sus funciones de fiscalización y control sobre el conjunto del Poder Ejecutivo”, manifestó.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González aseguró que con esta reforma el Senado busca atender y acatar diversas obligaciones internacionales y criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para que la jurisdicción penal militar se encuentre inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno”.

Los tribunales militares, subrayó, en ningún caso y por ningún motivo los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un civil, la autoridad ordinaria conocerá del caso.

Consideró que estas modificaciones son trascendentes para armonizar la legislación en materia de justicia penal a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, por lo que este dictamen lleva en la dirección correcta al Poder Legislativo en este tema.

La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez manifestó que esta reforma no se trata de una “concesión ni tampoco de un acto de buena voluntad”, pues hay un mandato de la Corte Internacional “que nos obliga” a legislar en esta materia y “esa es nuestra responsabilidad”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos informó que las organizaciones civiles han expresado que el producto final de esta reforma constituye un “gran paso en el sentido correcto”, pero aún persisten elementos que impedirán que México cumpla cabalmente con las sentencias de la Corte.

Destacó que estos cambios trastocan “uno de los temas más controvertidos para la conciencia y memoria nacional: el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país y las innegables e inocultables violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército y la Marina”, considerada como una de sus etapas “más oscuras”, donde han obedecido a la lógica de un Comandante Supremo, que es el Presidente de la República en turno.

El senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, estimó que la Cámara de Senadores “da un paso más en materia de justicia de derechos humanos”, y la reforma representa un avance en la relación entre civiles y militares.

La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, manifestó que esta reforma fortalece el respeto a los derechos humanos de los militares y civiles, pues plantea un sistema moderno y democrático entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

Arely Gómez González, senadora del PRI, dijo que el dictamen incluye un proyecto integral de modernización a la justicia militar, “y con su aprobación logramos una vez más el consenso que muchos creían imposible”.

El senador del PRD, Ángel Benjamín Robles Montoya, afirmó que la reforma no pretende vulnerar a la disciplina militar, ni debilitar institucionalmente a las Fuerzas Armadas, sino que busca fortalecerlas, porque hace falta un compromiso claro con la sociedad para sancionar a los elementos que deshonran los principios de conducirse con pleno respeto a los derechos humanos.

El dictamen aprobado, que modifica el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Así, los delitos del orden común o federal que sean realizados por militares en servicio o con motivo de actos del mismo, en tiempo de guerra, en territorio declarado en ley marcial o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, serán juzgados por la justicia civil.

Cuando de la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, “sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos”.

Se establece que la Policía Ministerial Militar actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los hechos. Se precisa que la Policía Ministerial Militar por ningún motivo podrá realizar, de propia autoridad, investigación sobre personas, manipulación y práctica de peritajes sobre los objetos asegurados.

Asimismo, entre otras modificaciones, se faculta al Ministerio Público para que, al investigar delitos contra la disciplina militar, pueda solicitar la práctica de un cateo, para lo cual deberá acudir al juez militar o al orden federal o común. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12320-por-unanimidad-aprueba-senado-que-militares-puedan-ser-procesados-por-la-justicia-civil.html

++Defensa Nacional y Marina avalan cambios del senado al Código de Justicia Militar. Por unanimidad y con el aval de la Defensa Nacional y la Marina, el pleno del Senado aprobó la limitación del fuero militar para que los civiles no estén sujetos a la justicia militar, ni siquiera en época de guerra, y los soldados y marinos sean juzgados por tribunales ordinarios por delitos del fuero ordinario y violaciones a derechos humanos de civiles.

De igual forma, fija un procedimiento especial para los menores de edad que se forman en las Fuerzas Armadas; en caso de que ellos cometan delitos del fuero común o federal, serán trasladados a centros especializados de atención a los menores infractores de carácter civil; si los educandos militares cometen delitos serán internados en centros especializados de tipo militar.

Con el voto unánime de 106 legisladores, el pleno del Senado también aprobó impedir que se repitan casos como los vividos por los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia en 2012, cuando la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, ordenó su detención, porque un testigo protegido los relacionó con el crimen organizado.

“Tratándose de informaciones anónimas sobre la posible comisión de un delito contra la disciplina militar, el Ministerio Público iniciará un acta circunstanciada en la que ordenará a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados; de confirmarse la información, iniciará la averiguación previa correspondiente”, precisa.

Después de casi cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instruyera a México a modificar sus leyes para permitir que los juzgados ordinarios conozcan de los delitos cometidos por militares sobre civiles, en apego estricto al texto constitucional mexicano y luego de varios intentos ayer por fin el pleno del Senado logró los cambios al Código de Justicia Militar.

De igual forma, los senadores, con el apoyo de los especialistas de las Fuerzas Armadas y organizaciones de derechos humanos, llevó al terreno militar todas las garantías de debido proceso que impera en las leyes ordinarias del país para que los soldados y marinos tengan los mismos derechos de protección de la ley y se erradique cualquier práctica extralegal, incluso prohíbe la existencia de prisiones especiales.

Desde tribuna, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia; Arely Gómez, secretaria de esa comisión, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quienes construyeron esta reforma, hablaron de la trascendencia histórica de esta decisión asumida por unanimidad, y que coloca a México en la innegable vanguardia del respeto a los derechos humanos de civiles y militares.

La reforma precisa que cuando un militar cometa delitos del orden común o federal sobre civiles no serán consideradas faltas a la disciplina militar, sino acciones meritorias de la justicia ordinaria.

Aclara además que “los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil. En todos los casos, cuando concurran militares y civiles como sujetos activos, sólo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar”.

Entre los puntos que modernizan el sistema militar de justicia está la transformación de la Policía Militar en Policía Ministerial Militar y la creación del Juez de Ejecución de Sentencias, que tendrá, entre otras facultades, decidir la variación de penas, vigilará el debido proceso y hasta ordenará liberaciones, amén de que ordena que el Sistema Penitenciario Militar debe mantener en actividad a los presos para que no pierdan disciplina ni condición física cuando se reincorporen a la milicia activa.

El Senado envió esta reforma a la Cámara de Diputados.

Regulan acción de los militares fuera de cuartel

Luego de ser recibida por primera ocasión por el presidente Enrique Peña Nieto, la dirigencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) salió complacida por el diálogo que se generó durante el encuentro, al que calificó de constructivo.

Agustín Rodríguez, líder del STUNAM, comentó que expusieron con total libertad sus puntos de vista sobre la realidad que enfrentan los trabajadores del país y las propuestas que ofrecen para revertirla.

“Yo creo que es positivo para nosotros como organización, sobre todo porque nosotros no estamos ajenos al desarrollo del país. Somos organizaciones que no tienen una línea corporativista y de sometimiento incondicional a los lineamientos que se definen por el gobierno federal, tampoco somos contrarios permanentes a lo que se defina en el propio gobierno, pero para nosotros es positivo poder arribar a un diálogo social con el Presidente”, dijo Rodríguez.

El dirigente sindical explicó que al mandatario federal le hicieron entrega de tres documentos en los que señalan, primero, sus consideraciones respecto a la necesidad de impulsar un programa nacional de recuperación salarial.

“En la Constitución se establece un salario remunerador, y tiene definiciones de lo que eso significa, yo creo que ésa es la clave para mejorar la economía del trabajador”, sostuvo.

En segundo lugar, los dirigentes de la UNT demandaron constituir un Consejo Económico y Social que ponga bajo la lupa el modelo que se sigue y que a su parecer no genera bienestar para la mayoría de la población, pues la economía sólo ha crecido en los últimos años dos por ciento en promedio.

Adicionalmente, pidieron revisar la política que rige el seguro de desempleo, que recientemente fue aprobado por el Congreso de la Unión.

“El seguro de desempleo, como está concebido por el gobierno federal y como lo aprueba la Cámara de Diputados, no nos sirve, aunque sea real, porque finalmente se paga con los propios recursos de los trabajadores que se eliminan de sus recursos de la vivienda y eso es un derecho conquistado.

“Entonces no debe crearse una situación de disminución de derechos adquiridos”, advirtió también Agustín Rodríguez.

Sobre la propuesta de constituir un Consejo Económico y Social, el dirigente del STUNAM afirmó que el presidente Peña Nieto manifestó su disposición de caminar sobre esta idea y para ello establecerían una mesa de diálogo.

En el encuentro, de hora y media de duración en la residencia oficial de Los Pinos estuvieron presentes los dirigentes Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); Ricardo del Valle, de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), y Juan Carlos Díaz, de la Asociación de Pilotos Aviadores (ASPA).

A su vez, en la reunión el Presidente de la República estuvo acompañado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/25/955576

++Quitan el fuero militar en desaparición forzada. 5 de febrero de 2014. Con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, el pleno del Senado aprobó que el fuero militar ya no proteja a los militares que incurran en el delito de desaparición forzada de personas.

A petición del presidente Enrique Peña Nieto, el pleno del Senado retiró la reserva al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Este es el primer paso concreto que da México rumbo a los cambios solicitados desde hace años por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a raíz de su resolución por el caso Radilla, para que el fuero militar no se use para proteger a los elementos castrenses que cometen delitos contra civiles, en este caso particular, la desaparición forzada.

“El gobierno de Estados Unidos Mexicanos, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio.

“El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, establece la explicación del entonces presidente Vicente Fox que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en su momento.

Pero el 22 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto se convirtió en el primer mandatario federal en solicitar que se retire esta reserva, con el argumento de que es urgente que México se incruste en la vanguardia de la protección de los derechos humanos a nivel internacional.

Ayer, desde la tribuna, la perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos, expuso que “conviene recordar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco contra México, consideró que la reserva formulada por el Estado mexicano era inválida, toda vez que no era compatible con el objeto y fin de la Convención”.

Los senadores también aprobaron por unanimidad el retiro de la reserva del gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y junto con el referente a la desaparición forzada, forman parte del paquete de retiro de reservas que envió el presidente Enrique Peña Nieto, y que el próximo jueves se votarán los cinco restantes.

Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicó que en gran parte, “estos retiros de reservas lo que pretenden es que los extranjeros, en materias distintas, como es también en este caso de la desaparición forzada de personas, pueda contarse con mayores garantías respecto del procedimiento y mayor claridad.

“Pero esto también nos obligará a hacer las modificaciones necesarias en nuestra legislación de manera que se conviertan no sólo en un tema de derecho internacional, sino en un derecho claramente aplicable y con procedimientos transparentes en nuestro país”, destacó la panista.

Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, explicó que el resto del paquete de retiro de reservas será analizado para su aprobación el jueves, porque los perredistas pidieron un poco de tiempo para revisarlos nuevamente. Con información de Leticia Robles de la Rosa. 05/02/2014 05:47, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/05/941994