La Confederación Catañola (I)

La tragedia de España no es que Cataluña quiera ser independiente, sino que no quiera serlo, ni lo haya querido en plenitud nunca. Escindida entre una masa indiferente y ajena (la mano esclava que usaron para enriquecerse, charnega y abstencionista), y el núcleo de fe de la casta dominante que hizo de la nazión imaginaria el filtro de su tiranía dulce, el catalanismo ha ido creciendo sobre la permanente frustración de quien vive en la doblez, de quien desea lo que sabe que no le conviene alcanzar.

Divididos dramáticamente en su corazón entre el odio a la Castilla que se constituyó en la sangre de España y siempre les rebasó en grandeza, y la servidumbre fenicia del interés comercial, esa escisión es su verdadera seña de identidad, el origen de su resentimiento y de la corrosión que han ido expandiendo por una España que se nos cae a pedazos, disuelta en las taifas legales y sentimentales con las que nos han contaminado a todos.

Hoy, tras la miserable sentencia de un Tribunal Constitucional que sólo ha defendido sus intereses corporativos, la Cataluña peor, la nazionalista, ha conseguido sancionar legalmente lo que ha sido el sueño eterno del catalanismo durante los últimos ciento cincuenta años: convertir por la vía del chantaje a España en Espanya, un hipermercado bajo su estricto control, un arrabal de masas consumidoras a las que explotar sin mezclarse con ellas, manteniendo intacta su pureza intocada, la lengua que esgrimen como religión, como precepto y admonición contra los desafectos. Es la situación de privilegio neocolonial la que queda inalterada tras el fallo del Estatut, la Confederación Catañola ya es legal y la cobardía española su única causa.

Así pues, ya somos, según las leyes, de tres categorías: los forales, vascos y navarros, con la amenaza de un terror al que deben su intolerable estatus económico; los catalanes, un estado en pie de igualdad frente al Estado, a cuyos gobiernos, además tienen siempre acogotados gracias a una ley electoral que les hizo albaceas de la España a la que odian; y los hispanii o conejos para el arroz, todos los demás, condenados al cuarto de las criadas de la Historia, esta historia canalla que para España siempre termina mal.

Lo que el Estatut consagra es esencialmente la desigualdad de oportunidades, la diferencia: la de poder acceder a los puestos públicos, cerrados para los hispanii de lengua española en todas las regiones nazionalistas, de derechas o de izquierdas, mientras que ellos seguirán pudiendo competir y moverse libremente; la de la financiación autonómica, obligada a un previo acuerdo con la Generalitat, tras el cual el remanente será entregado a la plebe de los hispanii para que nos lo repartamos como perros; la de obligar a invertir, por un lado, e imponer vetos en su territorio , por otro, a las decisiones del Estado en materia de infraestructuras, por ejemplo un canal o el trazado de una carretera, es decir, que se reconoce legalmente lo que ya hace tiempo que ocurre: que el Estado no existe allí; la de implantar estructuras administrativas diferentes y superpuestas, las veguerías, que no harán sino aumentar el pesebre nazionalista y el gasto público que nos ha arruinado; la de gozar de derechos y deberes distintos; la de contar con selecciones nacionales deportivas ajenas a las españolas, lo menos importante, sin duda, pero lo más visible y emocional para nuestra futura vergüenza; la de considerar ‘anormal’ el uso del español, al que han echado de la vida pública y sueñan con expulsar definitivamente en algunas generaciones; la de establecer un sistema educativo distinto a los demás, impidiendo la libertad de movimientos real entre ciudadanos que ya, en efecto, no pertenecemos a la misma nación. Porque todo el Estatut se hizo, oh ‘salvapatrañas’ de la Ziquierda, para dar sentido y arquitectura institucional a la nación catalana. Y eso lo sabíais desde el primer momento.

Ni en sus fabulaciones más calenturientas imaginaron nunca que un Gobierno, unas Cortes y un Tribunal españoles consentirían la disolución nacional uniendo los términos nación y Cataluña, fijados ya en el texto -lo glosen como lo glosen- para la Historia de la estupidez y la vileza de una clase política y unas instituciones que un día soñamos democráticas. Mas aún: como recordó Miquel Iceta, portavoz del Partido Socialista Charnego o PSC, el mismo día en que la sentencia se hizo pública, “el PSOE es el padre del Estatut”.

Ahora se rasgan las vestiduras y mandan a sus plañideras a llorar por la sentencia. Son una antología del fariseísmo. Escuchar al cordobés Montilla, en su catalán gangoso, hablar de la nación ofendida (la historia de la Cataluña conversa es la que va de los «humillados y ofendidos» del poema de Vázquez Montalbán a estos montillas y chacones de hoy) es de lo más vomitivo a que hemos asistido en los últimos milenios. Las sanguijuelas son más decentes. Ríen por dentro y saben que han obtenido cuanto buscaban: un régimen de práctica impunidad en el que podrán mantener sus prebendas, sus redes de corrupción y mafias identitarias, fuera del control democrático de un Estado al que, como en Sicilia, han conseguido mantener a raya.

Y esa es la última y esencial de las diferencias: la de confirmar que en Cataluña la democracia no duró más que aquellos años prodigiosos de la Transición, justo hasta que el nazionalismo se alzó al poder y comenzó la construcción de su Régimen. Porque la democracia y el nazionalismo son incompatibles. El catalanismo consiste en el uso de unas determinadas adscripciones políticas, sentimentales y lingüísticas para conformar un grupo dominante y someter al resto.

Y esa es la Cataluña a la que el social-comunismo ha contribuido, converso y traidor, en primera línea de la infamia: aquella en la que el núcleo formado por la burguesía de sangre, negoci y lengua, y los capataces de sus fábricas, ascendidos a los cargos públicos, pero nunca al verdadero poder, controlan férreamente esa “realidad nacional” refrendada sólo por el 35% de la población. La parte que ocupa y usufructúa la nazión y que, al votar el Estatut, no votaban una ley: se votaban a sí mismos.

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