El director general de Tráfico, Pere Navarro, va a proponer a todos los sectores implicados una reducción del límite de velocidad en las carreteras convencionales -las que tienen un solo carril por sentido- de los 100 a los 90 kilómetros por hora, con independencia del ancho del arcén de la vía.
En una entrevista con Efe, Navarro ha defendido una iniciativa que incluso podría entrar en vigor antes de que acabe la legislatura y que ayudará a reducir la siniestralidad en las carreteras secundarias, escenario de más del 75 por ciento de los accidentes mortales.
El año pasado fallecieron 1.730 personas en accidentes de tráfico y, de ellas, 1.331 perdieron la vida en una carretera con un solo carril por sentido de la circulación.
Actualmente, las carreteras convencionales cuentan con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en las vías con arcén de más de 1,5 metros de ancho -los que tienen la mayoría de las nacionales-, límite que se reduce a los 90 por hora en las que no cuentan con un arcén de esta anchura.
La idea, según Navarro, es hacer la norma «más sencilla y comprensible» para los conductores y armonizar los límites con la mayoría de los países europeos, que tienen fijada una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora en este tipo de carreteras.
Tráfico pretende que el nuevo límite pueda aprobarse de forma idéntica a como se dio luz verde a la reducción de los 110 por hora, mediante una reforma del Reglamento de Circulación.
En cuanto al coste de la medida, Navarro ha subrayado que no será necesario instalar nuevas señales -como sucedió con el 110- sino que bastará con retirar las de 100 km/h existentes, ya que el nuevo límite genérico de todas las vías convencionales será de 90.
«Así es mucho más fácil de entender para los conductores. Colocaremos grandes carteles al inicio de las carreteras secundarias advirtiendo del límite de 90, para que cada uno pueda poner el limitador de velocidad de su coche a ese límite estándar de 90 kilómetros por hora», ha destacado.
Pese a esta propuesta de reducción de la velocidad en las vías convencionales, Navarro ha descartado por ahora una vuelta a los 110 por hora en autopista y autovía.
Ha recordado que el 110 fue una «medida excepcional» basada en motivos de ahorro energético y no en un intento de reducir las cifras de siniestralidad.
«El 120 es la velocidad que en toda Europa se considera el equilibrio entre unas buenas infraestructuras, unos coches seguros y las necesidades de la velocidad vial. Con 120 venimos consiguiendo unos buenos resultados y nos sentimos cómodos», ha dicho.
No obstante, el responsable de la DGT ha reconocido que el regreso a los 120 kilómetros por hora ha podido tener alguna «incidencia» aunque «no significativa» en el número de accidentes del mes de julio, que acabó con 173 fallecidos, uno menos que en el mismo mes de 2010.
Navarro considera que la siniestralidad de este verano se está comportando «dentro de unos parámetros razonables» y que el balance de julio, tras algunos fines de semana especialmente trágicos, ha superado incluso las previsiones de la propia DGT.
Por ello, confía en que el año 2011 pueda terminar como el octavo ejercicio consecutivo con una reducción del número de fallecidos, gracias al «esfuerzo de todos» y a medidas como el carné por puntos o la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial.
Precisamente, sobre la aplicación del Código Penal, el responsable de la DGT se ha mostrado sorprendido de que el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, haya anunciado ahora que perseguirá de oficio a los conductores responsables de accidentes mortales siempre que hayan cometido una imprudencia grave.
«Probablemente la pregunta sea: ¿Por qué no se hacía hasta ahora? Porque es verdad que si hay un fallecido, va de suyo que se abra una investigación para esclarecer si ha existido algún tipo de responsabilidad penal», ha advertido.
Navarro, eso sí, ha eludido entrar a valorar el caso concreto del torero Ortega Cano y si el diestro debe ser imputado por un delito de homicidio imprudente como han solicitado algunas asociaciones de víctimas de accidentes.
«Dejemos que la Justicia haga su trabajo. No tengo toda la información para adoptar una decisión que además está en el ámbito judicial», ha dicho.
