Estados Unidos sancionó a Fatou Bensouda.
Se trata de la fiscal general de la Corte Penal Internacional que ha venido frenando y trabando las investigaciones contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de Lesa Humanidad.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, advirtió que cualquier persona o entidad que colabore con la funcionaria que investiga posibles crímenes de guerra en Afganistán también estará sujeta a las medidas del gobierno
Estados Unidos anunció este miércoles 2 de septiembre sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la gambiana Fatou Bensouda, al objetar la investigación de soldados estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán.
“Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material” a la fiscal en esas investigaciones “también estará sujeta a sanciones”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa.
La medida, que incluye restricción de visados y congelamiento de sus bienes en EEUU, también impacta a Phakiso Mochochoko, responsable de la oficina de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación.
Según recalcó, el gobierno de Donald Trump “no tolerará los intentos ilegítimos por someter a los estadounidenses a la jurisdicción” de la Corte, a la que consideró “profundamente rota y corrupta”.
En junio, el presidente Donald Trump había dado luz verde a las medidas contra miembros del tribunal, con restricciones de viajes.
En una orden ejecutiva, Trump advirtió que Estados Unidos bloquearía los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense de cualquier miembro del tribunal con sede en La Haya involucrado en la investigación o enjuiciamiento de las tropas estadounidenses, y dijo que denegaría el visado de ingreso al país a estas personas y sus familiares.
Por entonces, la CPI rechazó esa decisión y sostuvo que esas medidas obstaculizan el “esfuerzo común por combatir la impunidad y garantizar que se cumpla la obligación de rendir cuentas por atrocidades”.
En marzo, el tribunal de La Haya autorizó la apertura de una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra el humanidad en Afganistán, a pesar de la oposición de Washington.
La Casa Blanca dijo que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que constituyó la CPI en 1998, y por lo tanto desconoce su jurisdicción, como sí lo hacen 123 estados.
El rol de la CPI, instalada en 2002 para juzgar crímenes de lesa humanidad, ya había sido criticado por Washington. El presidente republicano George W. Bush (2001–2009) alentó a los países a evitarla. Su sucesor, Barack Obama, adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.
Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.
Amiga del ‘narco venezolano’
La fiscal cuenta con unas amistades peligrosas que ponen en duda su transparencia para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Es importante recordar que Fatou Bensouda fue la ‘mano derecha’ del argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recibió 22 causas bien fundamentadas sin hacer ningún tipo de investigación.
Una situación que se hizo aún más preocupante y evidente cuando salió a la luz que a Moreno Ocampo se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.
Bensouda posiblemente estuvo enterada de todo lo que el fiscal hacía, ya que su trabajo era muy cercano así como su relación personal.
A esto se suma que la fiscal Bensouda, quien emprenderá un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene muy cerca en su ámbito personal a Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente Económico de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez es acusado de narcotráfico por Estados Unidos y se encuentra en la lista de los 10 hombres más buscados por su vinculación con el narcotráfico internacional.
Unos cargos que, aunque son preocupantes e internacionalmente avalados, no ha supuesto un freno para que sigan manteniendo una relación de amistad entre la fiscal y Haifa El Aissami, quien es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional.
Los vínculos de Fatou Bensouda han llevado a que en septiembre de 2019 el exdiputado venezolano Walter Márquez afirme que ella «está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente» para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el régimen de Nicolás Maduro.
Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional, estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para hablar sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.
