Desde la perspectiva del Derecho penal el delito de rebelión que se proponen perpetrar los independentistas catalanes ya es un hecho directo y exteriorizado que, objetivamente, debería producir el resultado prohibido: declarar la independencia de una parte del territorio nacional, conducta a la que la ley penal asigna una pena de prisión de 15 a 25 años que comporta, entre otros efectos, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con cargos públicos, aunque sean electos. De modo que a eso es a lo que se arriesgan quienes persisten en la obcecación de ganar con un pronunciamiento lo que tradicionalmente se venía ganando con una guerra.
Rajoy parece dispuesto a insistir en la suerte de D. Tancredo hasta que los hechos lo empujen a actuar con la contundencia que el asunto demanda. No le ha salido mal la gestión en lo que respecta a hundir a sus enemigos pero la Presidencia del Gobierno no es un ejercicio elegante de sutilezas políticas sino un compromiso constante con la implantación del orden constitucional, que desde Tejero hasta la fecha no había estado tan amenazado como hoy.
Hay que abandonar ya toda esperanza de que los obcecados rebeldes recuperen el sentido común y no den lugar a lo que es más de temer: que con la carga de razón que les da una supuesta y delirante mayoría de catalanes decidan echar el carro por las piedras y llamar a una algarada general que ya no será tan pacífica como la de aquel festivo 9N contra el que el gobierno no supo reaccionar con la contundencia exigible.
Estamos, por tanto, en el camino que, a la larga, conduce a la balcanización de un territorio de la UE y, a la corta, a un empobrecimiento generalizado de España y de Cataluña, ésta última con riesgo de regresar económicamente a la Edad Media. Todo cuanto se ha avanzado en la recuperación tras la crisis nos lo vamos a jugar porque Mas, Homs y unos cuantos más necesitan generar un escenario político nuevo en el que no estén inhabilitados.
Si las cosas no salen como esperan estos insensatos la plana mayor del independentismo no sólo va a ser inhabilitada sino que, muy probablemente, van a recibir largas penas de prisión, lo que enquistará más si cabe el problema y hará muy difícil, a dos o tres generaciones vista, que las relaciones de España con uno de sus territorios se normalice y fluya dentro del orden jurídico que nos dimos.
Así estamos, los unos en la senda del crimen y los demás a verlas venir.