Está el neo Sánchez demasiado ocupado intentando desenredarse de las trampas del líder del propietariado – antiguo nieto de Ceaucescu y hoy Ceaucescu total, con señora incluida y chaletazo de los que impiden desarrollar conciencia y hasta pensar – como para haberse dado cuenta de la malvada asociación que surge entre su interés por financiar las pensiones y otro interés  paralelo: ampliar las defunciones a base de legislar sobre eutanasia en forma tan descuidada que al cabo se vuelve arriesgada. ¿Pretende arreglar lo de las pensiones a base de ir limando la pirámide demográfica por la punta? Porque, efectivamente, lo que más sobrecarga las pensiones es la resistencia de los jubilados a morirse a una edad apropiada a los fines gubernamentales. El buen comer, el agua depurada y los desagües hacen mucho; si a lo anterior se añade la medicina actual la edad de supervivencia de un jubilado se ha vuelto prohibitiva, incluso contrarrevolucionaria, y el asunto parece insoluble a menos que se aproveche la reforma constitucional para obligar por ley a los españoles a morir a los 85 o antes.

La actual regulación de una más que tímida eutanasia – que no lo es – se encuentra en el art. 143.4 del Código penal. No es eutanasia sino atenuación de la pena – drástica, eso sí – para quien coopere o ejecute la muerte de otro previa petición expresa, seria e inequívoca del mismo, lo que en todo caso exige que el aspirante a difunto vountario mantenga en todo momento el dominio sobre su propia muerte, encontrándose además, como  exige la ley, con una enfermedad que conduzca inevitablemente a la muerte o a sufrimientos difíciles de soportar. Supone, al menos, la garantía de que la familia no «ayudará» a morir al viejo o vieja bajo excusas tipo «él no hubiera querido seguir vivo así», hechas bajo coartada piadosa pero con las miras puestas en librarse de la carga y acceder a la herencia, que no es motivación menor.

Al lector le bastará acudir a la proposición de ley y estudiar el sistema de plazos, más o menos menguantes según entienda el médico que asista al voluntario para morir, o comprobar cómo quien haya expresado su voluntad por escrito antes de alcanzar las condiciones legales puede ser ejecutado aunque no se encuentre consciente, lo que nos devuelve a la carga y a la herencia como horizonte más que probable a la hora de cargarse a según quién pues el consentimiento, en tal caso, revierte en la familia.

Verá también el lector que ya no se trata de enfermedades terminales o sufrimientos difíciles de soportar sino de una eutanasia a la carta en que la valoración del sufrimiento se subjetiviza al máximo, lo que unido al hecho de que se podrá aplicar a partir de los 18 años e incluso a ciertos menores, veremos a pedigüeños de muerte por no tener unas tetas a la altura de Instagram o por no haber nacido alto y guapo como el Estado del Bienestar le debe asegurar. Verá también el lector cómo se prevén comisiones llenas de juristas, que son lo más parecido a los teólogos que nos queda, y cómo los plazos, en casos verdaderamente flagrantes de deseo de muerte más que justificada, se fijan en 15 días – todo muy administrativo -, de modo que habrá enfermos que morirán entre horribles dolores antes de que el plazo se cumpla, y acudirán a lo que hoy es práctica común: se pacta con el médico de paliativos una dosis adecuada de morfina que ponga fin al sufrimiento inútil, que es lo que está pasando y, que yo aprecie, la sociedad no se ha venido abajo, dicho sea esto último para quienes se oponen visceralmente a todo lo que sea que la gente se muera cuando se quiera morir, por más que la vida se la diera un dios determinado en plan santa Rita, Rita unidireccional: tú no te puedes quitar lo que yo te dí y te acabaré quitando, pero cuando quiera Yo (los dioses, como el Tribunal Supremo, hablan de sí mismos en plural mayestático).

Y surge una asociación de última hora: ¿es en atención a lo anterior por lo que quieren desalojar el Valle de los Caídos que su excremencia nos legó?