Una denuncia podrá acabar con la trayectoria de Fatou Bensouda.
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) es señalada de paralizar las investigaciones sobre el caso de Venezuela y ser cómplice de Nicolás Maduro por los Crímenes de Lesa Humanidad.
A pesar del gran número de pruebas e informes de organismos internacionales (como de la propia ONU), la fiscal no ha realizado ninguna acción para investigar los hechos y dar con sus culpables.
El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) envió una denuncia, como ha tenido conocimiento Periodista Digital, al presidente de la mesa de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), juez O-Gon Kwon, para que actúe de oficio e investigue la falta grave de la Fiscal.
Asimismo, le piden que intervenga en defensa de las miles de víctimas de esos crímenes atroces ocurridos en la nación sudamericana.
La denuncia, remitida a la Haya, está firmada por el diputado jubilado de la Asamblea Nacional de Venezuela y Presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, junto a William Cárdenas Rubio, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN).
Ambos explican que “después de un denso trabajo de investigación coordinado por Walter Márquez, con el apoyo de un grupo de abogados, recabaron pruebas que comprometen seriamente a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, debido a su actuación negligente y corrupta en el retraso injustificado en la investigación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias que se han hecho contra el dictador venezolano”.
Desde CICIVEN recuerdan que Fatou Bensouda tiene ya 16 años en la Fiscalía de la CPI, ocho como ViceFiscal y ocho como Fiscal Jefe, sin que haya visto el más mínimo delito en la criminal dictadura que azota a Venezuela, como lo acaba de comprobar el Informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“La Fiscal Bensouda no ve lo que ya el mundo entero conoce; durante la dictadura de Maduro del 2014 al 2018 tardó cuatro años para ordenar abrir un examen preliminar de los crímenes de la dictadura, y todavía dos años y medio despues, continúa el examen preliminar sin dar inicio formal al juicio”, denuncian.
“Para la Fiscal Bensouda no ha habido lapsos procesales, los años pasan, los crímenes se acumulan, se agrava la situación de las víctimas y ella sigue ciega y lenta”, afirman.
Al actuar, los solicitantes citan normativas de transparencia judicial internacional, entre ellos los Principios de Bangalore del 2002, la declaración de Doha de Integridad Judicial de 2015, la jurisprudencia y doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a una Justicia independiente y a un proceso equitativo, e igualmente señalan la falta de apariencia de imparcialidad de la Fiscal Bensouda.
Walter Márquez actúa a nombre de la Fundación El Amparo y en representación de 30 víctimas de las deportaciones forzosas de agosto de 2015, mientras que William Cárdenas Rubio, denunciante contra las dictaduras venezolanas de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro, actúan en representación de CICIVEN, con la asistencia jurídica de los abogados Omar Estacio, Jesús Alberto Berro, Anacelita Hernández, Paciano Padrón y Adolfo Salgueiro. Solicitaron la intervención de oficio del Presidente de la Mesa de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, para que se investiguen las faltas graves de la Fiscal de la CPI.
Un pasado turbio
Además de sus nexos de amistad con figuras del chavismo perseguidas por la Justicia de Estados Unidos y la Unión Europea, Bensouda cuenta con otras páginas turbias en su pasado.
Los denunciantes también reseñan los antecedentes de Fatou Bensouda cuando fue Fiscal del Ministerio Público en su Gambia natal, en la dictadura de Yahya Jammeh, en 1995, cuando hizo parte de la represión contra presos políticos en ese régimen.
Adicionalmente, se le denuncia por violación de la dedicación exclusiva que le debe a la Corte Penal Internacional, por cuanto ella intervino de forma privada en el año 2016 en el cobro de más de 50 millones de dólares que estaban congelados en el banco NBD, Bank de Dubái, junto a su marido, siendo así que el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba le prohíben el ejercicio profesional particular.
“Tal vez esas actividades extrañas a la Fiscalía le han impedido cumplir con las víctimas venezolanas, por lo cual, por razones de justicia, debe separarse del conocimiento de los crímenes cometidos por el régimen venezolano”, remata la carta.
