“¡Por allá!”, se escucha mientras intentan cerrar el paso a los migrantes. Este tipo de escenas, grabadas y compartidas en redes sociales y grupos de WhatsApp, se han vuelto cotidianas desde que el 2 de octubre el gobierno dominicano anunció un plan de deportación masiva de indocumentados.
La meta: repatriar a 10,000 personas cada semana, en su mayoría haitianos. Según Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, el objetivo es “reducir el exceso de población migrante”.
En un país de 11,2 millones de habitantes, más de medio millón son haitianos, de acuerdo con datos oficiales. Las deportaciones ya eran comunes; solo en 2023, 250,000 personas fueron devueltas a Haití, y en la primera mitad de este año, otros 66,000.
Denise Pichardo, directora de la ONG Caminante, asegura que muchos haitianos viven escondidos, ya que “se están llevando hasta a quienes tienen pasaporte o permiso de residencia”. Otros testimonios, como el de un ciudadano haitiano detenido sin razón mientras caminaba, reflejan la incertidumbre y temor que se vive en estas comunidades. El viernes pasado, las autoridades arrestaron a 1,100 personas solo en un día.
Los operativos no cesan y los centros de detención, como el de Haina, a 20 kilómetros de la capital, reciben cada día camiones repletos de migrantes que serán expulsados. En las puertas, familiares esperan noticias de los detenidos. Entre ellos, Elizabeth aguarda por su esposo, arrestado sin tiempo para mostrar su identificación. Enite, otra migrante, busca información sobre su hijo nacido en República Dominicana, detenido al regresar del mercado.
Ante estas acciones, Haití y organismos internacionales han criticado duramente las deportaciones, calificándolas de violaciones a los derechos humanos. La ministra haitiana de Exteriores, Dominique Dupuy, las tildó de “deshumanizantes”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la ilegalidad de las expulsiones colectivas. Sin embargo, el gobierno dominicano, en boca de su canciller Roberto Álvarez, defiende las medidas asegurando que cumplen con las normativas internacionales.
El presidente Luis Abinader sostiene que la crisis haitiana, con una violencia creciente y una situación humanitaria desbordada, ejerce una presión insostenible sobre su país. En 2023, más del 12% de los servicios de salud pública se destinaron a haitianos, y casi 150,000 estudiantes haitianos asisten a las escuelas dominicanas. “Solos no podemos”, afirmó en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sin embargo, en el país también hay voces que exigen medidas más drásticas. Manifestantes, como los de la organización La Antigua Orden Dominicana, piden acciones firmes para frenar la migración haitiana, mientras que otros, como la activista Bridget Wooding, cuestionan la eficacia de estas deportaciones masivas. “Muchos terminan regresando al país o buscan otras rutas migratorias hacia Estados Unidos”, concluye, enfatizando que las deportaciones no resolverán la crisis.
