Esa es la cara del asesino.
Se llama José Carvajal, tiene14 años,y es el sicario que atentó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
Su caso refleja la trágica realidad de la utilización de menores en actos violentos en Colombia.
Carvajal, huérfano de madre y con un padre ausente en Polonia, vivía con su tía en la localidad de Engativá.
Fue capturado tras disparar contra Uribe, motivado por una promesa de recompensa económica.
El sicario de @MiguelUribeT debe ser juzgado como adulto, porque si tuvo bolas para dispararle al candidato Miguel Uribe, debe tener bolas para ser juzgado como adulto. pic.twitter.com/8KQA3UFrZl
— Cupos en La Haya (@jcajias) June 8, 2025
Este incidente reaviva el recuerdo de las prácticas del narcotráfico en los años 80 y 90, cuando grupos como el cartel de Medellín reclutaban a niños y adolescentes de entornos vulnerables para cometer asesinatos, aprovechando su falta de temor al riesgo y las menores consecuencias legales por su edad.
La Defensoría del Pueblo reportó que en 2024, 409 menores fueron reclutados por grupos armados, evidenciando la persistente problemática de la instrumentalización de niños en el crimen, impulsada por la pobreza, el abandono y la debilidad institucional.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá ha vuelto a poner sobre la mesa una de las heridas más profundas y persistentes de Colombia: el reclutamiento de menores por grupos armados.
El caso del joven sicario de 14 años capturado tras disparar contra el senador evidencia un fenómeno que, lejos de ser nuevo, lleva décadas minando generaciones en todo el país.
La escena fue impactante. Un adolescente se acercó entre la multitud durante un acto de campaña, desenfundó un arma y disparó varias veces.
La reacción de los escoltas permitió su rápida detención a pocos metros. Al ser reducido, el menor gritó que lo había hecho por dinero para su familia. Pero la realidad era aún más dura: su madre había muerto años atrás y su padre había emigrado a Europa buscando trabajo como mercenario en Ucrania. El chico vivía con unos tíos y había sido captado poco antes por redes criminales.
Una problemática crónica: miles de menores reclutados
El caso no es aislado. Colombia arrastra desde hace décadas una historia marcada por el uso sistemático de menores en actividades ilícitas. Guerrillas, paramilitares y bandas dedicadas al narcotráfico han visto en los niños un recurso barato, manipulable y difícil de rastrear.
- Según estimaciones recientes, entre 2021 y 2023 al menos 919 niños y adolescentes fueron reclutados cada año por grupos armados organizados.
- Solo en lo que va de este año, se han reportado oficialmente 158 víctimas de reclutamiento ilícito, un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.
- El fenómeno afecta especialmente a departamentos como Cauca, Antioquia y Nariño, donde las condiciones sociales y económicas favorecen la captación forzada o engañosa.
Los grupos criminales no solo los convierten en soldados rasos. Muchos son entrenados como sicarios, explosivistas o proveedores de armas. Otros alcanzan posiciones de liderazgo dentro de las estructuras criminales tras pasar por fases progresivas de adiestramiento.
“Niños sicario”: perfil y rutas hacia el crimen
El término niño sicario define a menores utilizados como asesinos a sueldo, tanto por guerrillas como por bandas narco. Los expertos destacan varios patrones:
- Reclutamiento desde edades tan tempranas como los 9 o 10 años.
- Presión social, amenazas directas o engaños mediante promesas económicas.
- Entrenamientos específicos impartidos incluso por adultos vinculados al Estado —como ocurrió recientemente con un policía detenido por formar niños para matar—.
- Pago que puede variar entre 3.000 y 4.000 dólares al mes en zonas urbanas o fronterizas.
En palabras recogidas por medios nacionales, “los jóvenes pasan de ser simples mensajeros a expertos en armas, explosivos y asesinatos selectivos”. Muchas veces los criminales buscan perfiles específicos: chicos sin redes familiares sólidas, expuestos a violencia cotidiana o con historial previo de abandono escolar.
El contexto: causas estructurales
La pobreza persistente, la ausencia estatal en vastos territorios rurales y urbanos y la debilidad institucional explican en buena parte el fenómeno. El conflicto armado interno ha dejado comunidades enteras vulnerables a la influencia de actores ilegales.
- Desplazamientos forzosos, rupturas familiares y falta de oportunidades educativas agravan el riesgo.
- En zonas controladas por grupos armados, los niños son vistos como “capital humano” disponible para ser explotado.
- Las estadísticas oficiales están lejos de reflejar toda la magnitud del problema, debido a subregistros derivados del miedo o la desconfianza hacia las autoridades.
Respuestas estatales e iniciativas legales
A raíz del último atentado se han reactivado debates sobre endurecer penas contra quienes recluten menores para actividades criminales. Actualmente está en trámite una ley que busca sancionar con hasta 50 años de cárcel a los responsables directos del reclutamiento infantil.
Sin embargo, varias organizaciones humanitarias advierten que las respuestas punitivas no bastan sin atacar las raíces estructurales:
- Educación e inclusión social como barreras preventivas.
- Presencia institucional efectiva en territorios históricamente abandonados.
- Programas sólidos para la desmovilización y reintegración de menores que logran escapar del ciclo criminal.
Evolución reciente y perspectivas
El caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay ha sacudido a la opinión pública porque pone rostro a una problemática conocida pero muchas veces invisibilizada. La presencia creciente de bandas transnacionales, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos —como se evidenció con la pistola usada en el ataque— y la sofisticación de las redes criminales añaden complejidad al reto actual.
En paralelo, organismos internacionales alertan sobre nuevos focos emergentes del fenómeno en otros países vecinos (como Ecuador o Venezuela), impulsados por crisis económicas o vacíos estatales similares.
Colombia enfrenta así una doble urgencia: proteger a sus líderes políticos frente a atentados cada vez más audaces y romper el ciclo perverso que convierte a miles de niños vulnerables en herramientas letales al servicio del crimen organizado.
Hoy, más que nunca, la sociedad colombiana se enfrenta al desafío ético y político de mirar de frente esta realidad —la existencia cotidiana de los niños sicario— y reclamar respuestas que vayan más allá del castigo individual para transformar las condiciones que perpetúan esta tragedia generacional.
