Perú volvió a extremarse este martes con un nuevo acto de violencia. El candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, del partido Libertad Popular, fue atacado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima. Las imágenes difundidas por su agrupación política muestran el parabrisas perforado por tres impactos y al candidato con rastros de sangre.
Según confirmó el ex primer ministro Pedro Cateriano, el atentado representa “un mal inicio de campaña” para las elecciones de abril de 2026. Mientras el país se prepara para unos comicios decisivos, la violencia del crimen organizado parece ganar terreno en medio de la impunidad y el miedo.
El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que Belaúnde estaba supervisando terrenos de su propiedad cuando dos sicarios en motocicleta se acercaron y abrieron fuego. Milagrosamente, el candidato resultó ileso, pero el ataque obligó a activar el Plan Cerco en toda la zona. Ninguno de los agresores ha sido detenido.
El episodio desató un reclamo urgente de las autoridades electorales. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, exigió al Gobierno fortalecer la seguridad de todos los candidatos, mientras el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió que “este hecho alarma sobre la fragilidad del proceso democrático”.
La asociación civil Transparencia también condenó el atentado, recordando que apenas días atrás un precandidato fue asesinado en la región Piura. Estos hechos confirman lo que muchos peruanos ya sienten en carne propia: la violencia y las extorsiones del crimen organizado se han convertido en una amenaza real para empresarios, políticos y ciudadanos.
Con 39 candidatos presidenciales en carrera y un país sacudido por el miedo, el Perú se adentra en una campaña electoral marcada por la incertidumbre, el fuego cruzado y la creciente sensación de que la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
