La inminente liquidación de Citgo Petroleum Corporation, la joya energética de Venezuela en el exterior, ya no puede explicarse únicamente como el resultado de litigios agresivos de acreedores internacionales. Para un sector creciente de analistas y demandantes judiciales, el colapso de la empresa fue inducido desde dentro, por una combinación de corrupción, incompetencia y decisiones políticas que terminaron favoreciendo exactamente aquello que decían combatir.
En su artículo de opinión “La verdad incómoda sobre la pérdida de Citgo”, Jorge Alejandro Rodríguez, demandante ante las Cortes Federales de Delaware y del Sur de la Florida, lanza una acusación frontal: Citgo no fue arrebatada, fue entregada.
El relato conveniente: culpar a los buitres
Rodríguez cuestiona duramente el discurso que presenta a los acreedores —Crystallex, ConocoPhillips y los bonistas— como los únicos responsables de la tragedia. Según su análisis, esa narrativa funciona como una cortina de humo para ocultar la responsabilidad directa de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, designada por el llamado gobierno interino venezolano.
“Las aves de rapiña no volaban fuera”, sostiene el autor. “Estaban sentadas dentro de Citgo, cobrando honorarios millonarios y usando la empresa como caja política”.
El “alter ego”: prueba de politización, no de abuso judicial
Uno de los puntos más demoledores del análisis es la desmitificación del fallo del alter ego. Para Rodríguez, la decisión de los tribunales estadounidenses no fue producto de arbitrariedad ni de imperialismo judicial, sino de evidencia concreta: la utilización de los activos de PDVSA para financiar estructuras políticas, litigios personales y burocracia improductiva.
Al actuar como si PDVSA fuera indistinguible del poder político —exactamente lo que hizo el chavismo—, la administración interina consolidó el argumento legal que permitió embargar Citgo.
Millones en abogados, cero resultados
El artículo también describe lo que califica como un negocio de los litigios. Millones de dólares públicos fueron destinados a bufetes internacionales sin resultados tangibles, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Para el autor, la defensa de Citgo se convirtió en una industria rentable para una élite, mientras la empresa avanzaba hacia su liquidación.
La línea roja: sacrificar a los trabajadores
La acusación más grave apunta al trato hacia los trabajadores venezolanos. Rodríguez denuncia que la Junta Ad Hoc combatió activamente a ex empleados despedidos, jubilados estafados y víctimas de persecución política, utilizando tecnicismos legales para negar acreencias legítimas.
Desde una perspectiva de derecho internacional, el autor sostiene que esta fue la decisión más destructiva: al ignorar las acreencias laborales y de derechos humanos, se renunció a la única estrategia capaz de blindar Citgo mediante una excepción humanitaria que habría colocado a las víctimas por encima de los acreedores financieros.
Un daño que trasciende a Venezuela
El colapso de Citgo no es solo una tragedia venezolana. Para Europa y Estados Unidos, el caso se ha convertido en un precedente inquietante: demuestra cómo actores que se presentan como alternativa democrática pueden reproducir prácticas de saqueo, debilitando la credibilidad de los procesos de transición y erosionando la confianza en las figuras opositoras apoyadas internacionalmente.
Conclusión: perdieron la empresa y la autoridad moral
La tesis de Rodríguez es contundente: la Junta Ad Hoc no fue una víctima, sino un actor central en la destrucción del activo. Al priorizar intereses políticos, económicos y personales, sacrificaron a los trabajadores y allanaron el camino para la liquidación de Citgo.
“Las aves de rapiña existen”, concluye el autor, “pero no todas vienen de fuera. Algunas se disfrazaron de salvadores de la democracia y terminaron de devorar el patrimonio nacional”.
