Algunos llevamos quince años diciendo que esta España autonómica no funciona. El mismo Aznar que hablaba catalán en la intimidad o que se sometía a todas las peticiones de Pujol a cambio de unos votos acaba de manifestar: «Tal como está configurado, el Estado autonómico es inviable». Eso mismo, convertir España en un Estado inviable, es lo que ha hecho Zapatero cuantas veces ha convenido.
El Estado se ha sometido a las presiones de minoritarias conveniencias partidarias cada vez que interesaba egoísta o electoralmente al presidente de turno. Junto a estas sucesivas claudicaciones del poder central hemos de recordar todos aquellos reyezuelos autonómicos que se han negado a aplicar en sus respectivos territorios las leyes que el Gobierno impulsaba. O las han ejecutado modificándolas a su conveniencia. Los retos que últimamente se han lanzado a los más altos tribunales, amenazando con no aplicar sus sentencias, son sólo el último eslabón de una cadena que amenaza con destruir la legitimidad del imperio legal.
Si al cóctel añadimos la clonación de servicios ya existentes (¿realmente necesitamos un defensor del pueblo por cada autonomía y uno nacional?), el descontrolado derroche “multifuncionarial” más el desbarajuste de leyes y diecisiete burocracias no supone ningún mérito haber predicho que no íbamos por buen camino. Sólo la crisis económica parece sacar a flote lo que ya era obvio: Es necesario cambiar la España autonómica y reducir el tamaño de la Administración.
Castilla, todas las Castillas existentes, son un perfecto ejemplo de la estulticia del desarrollo autonómico. A Castilla se la troceó en cinco autonomías por capricho de partidos nacionalistas, que lo pusieron como una de las condiciones para votar afirmativamente a la Constitución. En sus planes no podían admitir una autonomía central y fuerte que les hiciera contrapeso, que pudiera suponerles freno y competencia.
Por eso La Rioja, cuna -antes de hablarse de Valpuesta- del idioma castellano, fue separada y prefirió ser cabeza de ratón. Por eso Cantabria (Santander puerto histórico de Castilla, Reinosa, “Adelantada de Castilla en el mar”) fue separada, prefiriendo de nuevo de ser cabeza de ratón. Por eso al gran centro geográfico, económico y demográfico de Castilla –Madrid- se le impidió liderar una región de diecisiete provincias. Por eso se fabricó ex profeso una región-farsa, llegando a inventarse un nombre postizo, Castilla-La Mancha. Si el lector tiene suficientes años y suficiente memoria recordará a Modesto Fraile, de UCD, que intentó que Segovia fuera también autonomía propia y diferenciada del resto de Castilla o cómo Guadalajara quiso ser castellana y leonesa (qué horror de gentilicio).
Económicamente la unión de toda Castilla supondría la reducción de infinidad de gastos –no, no sería la única modificación que habría que acometer- y mayor fortaleza para España. A España no le conviene depender eternamente de las veleidades nacionalistas, a la espera de que los vientos soplen alguna vez en la dirección inadecuada. A España le conviene una Castilla que coopere en su gobierno, no que suponga trabas constantes.
Pero sin embargo España ha atacado permanentemente a Castilla, troceándola, olvidándola, permitiendo la emigración y la desindustrialización, así como el envejecimiento. Sin una inversión de ese proceso desintegrador, agresivo y destructor Castilla desaparecerá al permanecer al margen de las decisiones políticas, económicas y sociales. Castilla no pinta nada en un Estado autonómico autodestructivo, no se cuenta con ella ni sus opiniones importan. Castilla hoy es intrascendente en España y así les va a ambas, pues ambas se necesitan, debería ser una relación simbiótica, cuando en realidad España está fagocitando a Castilla en beneficio de aquellos que la apechugan, la niegan y la someten a chantaje permanente.
No voy a negar la decisiva influencia de los propios castellanos, unos con su voto inmutable a pesar de las adversas circunstancias; otros, ocupando los más altos puestos del gobierno, (los dos últimos presidentes de España han sido castellanos, desgraciadamente) se han olvidado de sus raíces, de su pueblo y de su gente -Castilla siempre ha pensado más en España que en sí misma-; finalmente los gobernantes autonómicos de todas las Castillas siempre se han mostrado más pendientes de lo que sus direcciones generales en Madrid les pedían que de las necesidades de los castellanos.
Para la supervivencia de todos el Estado de las autonomías debe ser reformado; si los políticos castellanos estuvieran a la altura de nuestra historia aprovecharían la ocasión para unirse, puede que sea ahora o nunca, y apoyar la construcción de una nueva España en la que por fin se nos reúna en una autonomía de primera división, capaz, fuerte, integradora y aglutinadora, en la que seamos colaboradores y no rivales, en la que no se nos discrimine, en la que no haya comunidades con más poder e influencia que otras en lo político, económico o social.
Castilla debe liderar España, colaborar en la igualdad y justicia comunes, sin privilegios, sin chantajes, sin bajadas de pantalones. Claro que eso no interesa a radicales disgregadores ni a radicales uniformadores. In medio, virtus.
(PD: Dicho de otra forma: liderar España para integrar, no para desintegrar)
