El fiscal de la silla de ruedas o el fiscal de la BBC, podría haber sido recordado únicamente como de esos fiscales que se pasado décadas sentando en el banquillo a etarras, criminales, asesinos y narcos, junto a otros colegas como Carlos Dívar o Ángela Murillo y tantos otros. ETA intentó asesinarle con una bomba allá por 1990. El nombre del fallecido Eduardo Fungairiño también se vinculó a luchas por el poder político mediáticas.
Las guerras políticas en no pocas ocasiones se han trasladado a otras instituciones, como la mediática o la judicial y la figura de Eduardo Fungairiño aparece inevitablemente marcada a esta última.
En los años noventa la guerra política entre el PP y el PSOE se evidenció en la guerra por el control de la Audiencia Nacional en un momento en el que por aquella instancia iban a pasar dos importantes casos como era el caso Banesto o el caso GAL.
Los fiscalía general del Estado estaba, en teoría, en sintonía con el gobierno de Felipe González, a través de sus distintos fiscales generales, el último de los cuales era Carlos Granados. Mientras que en el fiscal Jefe de la Audiencia Nacional era José Aranda.
Pero hete aquí que aparecieron un grupo de fiscales liderados por Eduardo Fungairiño (y con él estaban Dolores Marquez de Prado e Ignacio Gordillo) que no estaban por la labor de ir en sintonía con los planteamientos de sus fiscales jefe de entonces. En cambio parecían tener mucha más sintonía con los jueces instructores Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño: es decir, con sacar adelante la instrucción del GAL apuntando al corazón del PSOE con un interés muy superior al que parecían querer sus susperiores. El diario El Mundo fue su principal apoyo mediático y donde más se proyectó su imagen de ‘fiscales indomables’.
Lo raro es que en otros temas como el caso Banesto, se invertían los roles. Ahí eran los fiscales superiores los que parecían querer ir a saco y, en cambio, los llamados “fiscales indomables”, los que parecían tener menos ganas de disparar con toda su artillería judicial contra los directivos del banco que había sido accionista minoritario de El Mundo y al que estaba vinculado un hermano de Gómez de Liaño, que terminaría sentándose en el banquillo de los acusados junto con Mario Conde, Arturo Romaní y los demás.
El enfrentamiento entre Fiscal Jefe, considerados próximos al PSOE, y ‘fiscales indomables’, considerados próximos al PP, acabó en expedientes disciplinarios contra Fungairiño, Gordillo, Marquez de Prado y Pedro Rubira.
Pero con la llegada del PP de Aznar al poder, salió Granados de la Fiscalía y Aranda de la fiscalía de la Audiencia Nacional. El primer fiscal general pepero, Urculo, no fue capaz de poner orden con la crisis de los indomables, que al parecer tenían mejor línea directa con aquel gobierno pepero que el propio fiscal general. Los fiscales progresistas trataron de imponer al socialista Mariano Fernández Bermejo, pero el Gobierno, con ayuda del nuevo fiscal general Jesús Cardenal colocó al ‘expedientado’ Eduardo Fungairiño como ‘Fiscal Jefe’ de la Audiencia Nacional en 1997, en una ceremonia que fue llamativa por el plante masivo de los fiscales progresistas al acto ante la derrota de Bermejo. Eso sí, en el acto estuvieron todos los ‘indomables’, desde Márquez de Prado y Gordillo hasta Gómez de Liaño y Baltasar Garzón.
Tan sólo unos meses después Baltasar Garzón era ‘expulsado’ del grupo de amigos. Sus diferencias en el caso Sogecable y el caso de la Justicia Universal resultaron insalvables. A partir de ese momento Fungairiño fue uno de los mayores enemigos del juez Garzón. No llegaría a ver su caída, porque él caería antes.
La victoria electoral del PSOE de Zapatero le hacía perder su protección política. En pleno proceso de negociación con ETA la posición de Fungairiño iba en dirección contraria a la línea del nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, con quien además mantendría desencuentros personales. “¿Pero esto lo sabe el fiscal general?” llegó a preguntar Arnaldo Otegi en uno de los procesos de Fungairiño. Al final Pumpido fumigó a Fungairiño. Aunque si a Fungairiño se le podía acusar de estar ‘politizado’, en la misma situación se encontraba Conde Pumpido, que después de ejercer la fiscalía general del Estado volvió a los tribunales superiores cuando la opinión publicada ya le había puesto la chapita del PSOE.
Ese tipo de chapas que también tuvo que cargar siempre Fungairiño, sin que eso impidiera que las asociaciones de víctimas del terrorismo siempre le agradecieran su firmeza contra los criminales en sus juicios, algo que para la AVT y las demás estaba muy por encima de las batallitas judiciales de los juzgados. Seguramente Edmundo Bal, hoy en Ciudadanos, se sentirá identificado en muchos aspectos con Fungairiño, con la diferencia de que Bal, al aceptar ser diputad de Ciudadanos (y ahora afiliado) impide que pueda negar la politización de su persona, como si hicieron siempre Fungairiño y Pumpido.