Federico Jiménez Losantos no duda en su cita dominical en Libertad Digital de que Pedro Sánchez acabará arrastrándose ante quien sea, aunque sea un prófugo de la Justicia, para lograr ser investido presidente. Este 1 de diciembre de 2019 cuenta con todo detalle como ‘cum fraude’ se tragará los sapos golpistas que crea necesarios:
En vísperas de que el mayor embustero de la Historia de España se arrastre hasta Waterloo para mendigar el apoyo del forajido Puigdemont y su valido Torra, el mismo al que en otra de sus piruetas llamó «el Le Pen catalán«, el PSC (PSOE) y ERC, las dos «izquierdas históricas», como acertadamente, aunque por error, claro, las ha hermanado Calvo, han dicho por escrito que lo de Cataluña es un «conflicto político». Si a un Golpe de Estado, a la rebelión del Parlamento catalán contra el Constitucional, a la persecución de los catalanes no separatistas y a la toma violenta de calles, autopistas y hasta del Prat, se le llama, como los terroristas urbanos, «un conflicto político», el conflicto lo tenemos los españoles con un Gobierno y unos partidos que asumen el discurso golpista. Y, en menor medida, con los que esperan en la Oposición que la situación empeore y heredar lo que vaya a quedar tras esta peste: una nación semimuerta y un Estado agusanado.
Asegura Losantos que:
Pero cuando Barcelona y casi todas las ciudades y pueblos catalanes ardían impunemente, porque el Gobierno Fráudez ordenaba replegarse a la Guardia Civil y no ayudar a la Policía, el ministro del Interior, Faisando Marlaska dijo que lo de Cataluña era sólo «un problema de orden público». Vamos, que no hacía falta activar, como hubiera hecho un Gobierno digno de ese nombre, la Ley de Seguridad Nacional y todos los mecanismos que la Constitución prevé para que millones de ciudadanos no queden inermes ante los terroristas callejeros e institucionales, ante esos CDR de la famiglia Torra, el de la Generalidad y los matones que cortaban la autopista A-47.
El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) se pregunta lo siguiente:
¿Qué ha pasado para que «un mero problema de orden público», o «de convivencia entre catalanes», se convierta en «un conflicto político»? Que un presidente en funciones de enterrador nacional necesita el voto del partido que intentó en 2017 un golpe de Estado, que siendo legal y que dice que volverá a intentarlo, vote su investidura. Cuando el PSC y el PSOE, que no fueron juntos a las elecciones pero donde manda el PSC, dice que hay que «encauzar el conflicto político en Cataluña desde el diálogo y el entendimiento institucional», y responde ERC, que «ambas partes han establecido un punto de partida común al constatar la necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, de naturaleza política», está claro que PSC-PSOE y ERC asumen juntos el golpe del 1-O que ha condenado el Supremo. Es decir, que se sitúan fuera de la legalidad. Y esto plantea un grave problema a la ciudadanía: ¿Puede considerar sus legítimos representantes a quienes niegan la legitimidad del Estado, del régimen legal, y de la unidad nacional, que es la base de la Constitución?
Considera Losantos que aquí lo que se busca es alcanzar los objetivos golpistas que se quedaron abortados tras el 1 de octubre de 2017:
No se trata de creer sus promesas de mantenerse dentro del orden constitucional (todo lo que diga Pedro Sánchez será indudablemente falso) sino de la acción conjunta de un partido liberticida, ERC, y otro, PSOE, que pretende comprar el Gobierno renunciando a su legitimidad nacional. Lo que anuncian es algo peor que un acuerdo, que bien podría incumplirse; es un plan para actuar conjuntamente a fin de alcanzar los objetivos del fallido Golpe de 2017. Y siendo uno de los firmantes de esos comunicados paralelos el que piensa asumir la Presidencia del Gobierno de España, eso significa que el presidente del Gobierno de España se pone a la cabeza del Golpe de Estado, a medias fallido, para rematar el régimen constitucional.
Observa ciertas ‘casualidades’ judiciales:
Dado que ni el Ejército, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional son proclives a respaldar con las armas la liquidación del Estado Español para convertirlo en un batiburrillo vagamente confederal de 17 repúblicas, los partidos golpistas, que son todos menos PP, Cs y Vox, los tres mudos, el poder fáctico para cumplir el pacto que investirá a Sánchez y desvestirá a España son los jueces, para ser precisos, los politijueces del Constitucional, el Supremo y el CGPJ, nacidos del asesinato de Montesquieu: la LOPJ/85. No es casualidad que Xiol, mano derecha de Ledesma, el ministro que la alumbró, sea el que ha liquidado la sagrada unanimidad de los jueces de derechas, y, además, en defensa del golpista Junqueras, socio de Sánchez.
Y no es casualidad, que una secta progre disfrazada de asociación de jueces, la izquierdista Jueces para la Democracia, haya saludado el Abrazo de la Vergüenza de Sánchez e Iglesias. Es decir, que, renegando de la Ley, se haya puesto a las órdenes del Gobierno del Frente Popular Separatista antes de darlas. Los movimientos de Pumpido y Xiol, disfrazados de afán de ascender o percibidos así en las togas y puñetas, desacreditadísimas tras las sentencias del Supremo contra la familia Franco y en favor del Golpe, adelantan lo que se nos viene encima, sin que, en el PP, que ha sido y sigue siendo el único componedor posible de mayorías con el PSOE para proveer los puestos en los altos tribunales, parezcan enterarse de lo que se pretende.
Añade que:
Y no puede estar más claro: deshacer el camino de la Transición. En vez de ir «de la Ley a la Ley», como diseñó Torcuato Fernández Miranda para traer la democracia y que los españoles vivieran dentro de un régimen constitucional que enterrara los restos de la Guerra Civil, el Frente Popular Separatista, con el Frente Judicial Golpista como mamporrero del Golpe, irá «de la Ley contra la Ley», liquidando la democracia, la Constitución del 78 y abriendo el camino a la balcanización del Estado y la ruina de España.
Afirma que lo que se busca es acabar con la Carta Magna de 1978:
Si estará claro que lo que busca esta mayoría escuálida de partidos y bandas, cuya fuerza radica en los medios audiovisuales, es liquidar el régimen constitucional, que más de cincuenta diputados, de todos los partidos que formaron parte en 1977 de las Cortes Constituyentes, han publicado un manifiesto que, más que voz de alarma, es un grito de dolor. Desde AP y UCD al PSOE y el PCE han pedido encarecidamente al PSOE que no pacte con ERC un Gobierno que sería rehén de los enemigos de lo que tan milagrosamente consiguió España en 1977 y refrendó en 1978: pasar de una dictadura a una democracia sin tiros, venganzas ni rencores.
Y sentencia al presidente en funciones:
Si viendo a Guerra, Múgica, Redondo o Virgilio Zapatero, entre otros socialistas históricos, firmar junto a los diputados de la derecha de entonces, muchos venidos del franquismo, que no se le ocurra vender a la nación y al Estado a cambio del Poder, Sánchez, sus barones y la baronesa de los ERE no son capaces de avergonzarse de la infamia que pretenden es porque no tienen vergüenza. Ni perdón de Dios, diría, si la Iglesia no fuera parte de esta demolición nacional que ha contado con su total y miserable beneplácito.
