La declaración de Juan Lobato ante el Tribunal Supremo este 29 de noviembre de 2024 deja en pelotas a Pedro Sánchez y expuesto a la vergüenza el PSOE, retratado como una mafia sin escrúpulos.
El exlíder del PSOE madrileño, que dimitió de su cargo hace apenas unos días, ha entregado al juez su teléfono móvil y el acta notarial que recoge una conversación de WhatsApp mantenida con Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del ministro Óscar López.
Esta conversación, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2024, revela la coordinación entre Moncloa y el PSOE de Madrid para utilizar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el contexto de una investigación por presunto fraude fiscal.
La cronología de una filtración orquestada
A las 8:29 de la mañana del 14 de marzo, Sánchez Acera envía a Lobato un documento con la confesión de González Amador, en la que este pedía un pacto para cerrar la investigación abierta en su contra.
«Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. Sácaselo en la pregunta. Un ¿quién miente señora Ayuso? Usted o su novio. Parece que usted. La imagen con la carta es potente», reza el mensaje de la alto cargo de Moncloa.
Lobato, aparentemente consciente de la delicadeza del asunto, responde a las 8:41:
«Pero esa carta cómo la tenemos. ¿Se ha publicado en algún medio?».
La respuesta de Sánchez Acera es reveladora: «Llega, la tienen los medios. Vamos a verlo (si estaba publicada en algún medio) para que estés más respaldado y si no, la tienes en la retaguardia».
El exlíder socialista madrileño se encuentra entonces en una encrucijada.
Por un lado, reconoce el potencial político del documento, pero por otro, es consciente de los riesgos que implica su uso.
«Es buena, pero tengo que decir de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía», escribe Lobato.
Esta frase es particularmente significativa, ya que demuestra que Lobato era consciente de la posible ilegalidad de la filtración.
Sin embargo, en lugar de rechazar el uso de la información, busca una coartada para utilizarla sin comprometerse.
La publicación mafiosa
A las 9:06 de la mañana, el medio digital El Plural publica la información.
Sánchez Acera reenvía inmediatamente el enlace a Lobato con un lacónico «ya está», confirmando lo que le había anticipado: «a las 11 AM ya lo tendrá todo el mundo».
Este timing sugiere una coordinación milimétrica entre Moncloa, el PSOE de Madrid y ciertos medios de comunicación para maximizar el impacto político de la filtración.
Las consecuencias políticas
La revelación de estos mensajes ha tenido un impacto sísmico en el panorama político español.
Lobato, que ya había dimitido como secretario general del PSOE-M, se encuentra ahora en el ojo del huracán.
Su intento de distanciarse de lo que algunos califican como «una de las operaciones más sucias mediáticas y políticas de la democracia» parece haber fracasado.
Por su parte, La Moncloa se enfrenta a serias acusaciones de haber orquestado una campaña de desprestigio contra la oposición utilizando información confidencial.
La implicación de altos cargos como Pilar Sánchez Acera y, por extensión, del ministro Óscar López, plantea interrogantes sobre hasta dónde llega la cadena de responsabilidades.
Tras su declaración ante el Supremo, Lobato ha intentado mantener un perfil bajo.
En una breve declaración a los medios, se ha limitado a afirmar: «Ha ido muy bien. Todo contestado y acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil y he dicho que sí. Van a hacer un volcado análisis. Ya sabéis que los socialistas siempre con la verdad y la ley por delante».
Esta última frase, que podría interpretarse como un dardo velado a la dirección de su partido, llega en un momento especialmente delicado para el PSOE, que este mismo viernes inicia su Congreso Federal en Sevilla.
Las reacciones y el futuro del caso
La oposición no ha tardado en reaccionar. Desde el Partido Popular califican el episodio como un «watergate sanchista» y exigen responsabilidades al más alto nivel.
Vox, por su parte, ha anunciado que estudiará emprender acciones legales.
El caso está lejos de cerrarse. La entrega voluntaria del teléfono móvil de Lobato al juez instructor abre nuevas vías de investigación.
Además, el Colegio de Abogados de Madrid ha solicitado la comparecencia de Pilar Sánchez Acera como imputada, lo que podría llevar el caso hasta las más altas esferas del Gobierno.
El affaire Lobato ha destapado lo que parece ser una elaborada red de filtraciones y manipulación mediática orquestada desde el corazón mismo del poder ejecutivo.
Lo que comenzó como un intento de desgastar a la oposición se ha convertido en un bumerán que amenaza con sacudir los cimientos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez.
La pregunta que flota en el ambiente es: ¿Hasta dónde llegará esta investigación y quiénes más se verán salpicados?
Lo único cierto es que, parafraseando a Lobato, «la verdad y la ley» parecen estar muy lejos de ir «por delante» en este turbio episodio de la política española.
