Con Sánchez todo es trampa, claudicación y cambalache.
El objetivo es seguir disfrutando el avión Falcon y durmiendo en La Moncloa y a eso se supedita todo, inluido algo tan delicado y crucial como la inmigración.
La clandestina y la otra.
El Gobierno Sánchez y el Ejecutivo canario de Fernando Clavijo cerraron esta semana un acuerdo para redistribuir a 4.400 MENAS -menores migrantes no acompañados-, que colapsan los centros de acogida en Canarias y Ceuta.
Sin embargo, lo que RTVE y los periodistas de la ‘Brunete Pedrete’ intantan colar como un gesto de “solidaridad interterritorial” se ha convertido en un polvorín político.
Las regiones gobernadas por el PP —Madrid, Andalucía, Castilla y León— han declarado la guerra al pacto, tachándolo de “inmoral” y “asimétrico”.
Por voluntad del marido de Begoña y en pro de sus afanes por seguir durmiendo en La Moncloa, Cataluña y País Vasco quedarán exentas de acoger a estos jóvenes, algo que Sánchez niega categóricamente… pero que sus socios de gobierno no.
Hipotecas y desmentidos
El quid de la polémica está en los criterios de reparto.
El Gobierno Frankenstein defiende que se basan en:
- Población de cada comunidad.
- Renta per cápita.
- Esfuerzo previo (menores ya acogidos).
Según la ministra de Infancia, Sira Rego, Cataluña y País Vasco no están excluidas, pero su “esfuerzo histórico” justifica que reciban menos menores.
Datos en mano:
- Cataluña tiene 4.600 plazas (24% del total nacional).
- Madrid cuenta con 1.900 (10%).
“No es lo mismo enviar niños a una red saturada que a una que puede absorberlos”, argumentó Rego en RNE.
Pero el PP no traga.
Su portavoz, Borja Sémper, lo tiene claro:
“Es inaceptable usar a menores como moneda de cambio para mantener la estabilidad parlamentaria”.
Una crítica que resume la tensión entre el discurso técnico del Gobierno y la percepción de un quid pro quo con Junts y PNV.
Las comunidades del PP, en pie de guerra
Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juanma Moreno (Andalucía) lideran el frente opositor.
La presidenta madrileña denunció que el pacto “intenta agradecer servicios e hipotecas” —en clara alusión a los apoyos independentistas—, mientras Andalucía reclama 17 millones al Estado por costes de acogida previos.
La Junta de Andalucía incluso filtró un vídeo donde su portavoz, Carolina España, calificaba el acuerdo de “miserable” y acusa a Sánchez de “utilizar a los más vulnerables para mantenerse en Moncloa”.
No son los únicos:
- Castilla-La Mancha (PSOE) pidió prudencia, aunque su presidente, Emiliano García-Page, ironizó: “Si negocian con Puigdemont, es como tratar con Trump”.
- Asturias (PSOE) anunció que analizará el pacto “con cautela”.
Canarias, entre dos aguas
Fernando Clavijo, presidente canario (CC), insiste en que el acuerdo “no excluye a nadie” y confía en sacarlo adelante aunque el PP vote en contra.
Curiosamente, el PP canario —socio de Clavijo— respalda el pacto, lo que evidencia la fractura interna en el partido conservador.
Manuel Domínguez, vicepresidente canario del PP, defendió el reparto como “una solución urgente para dos territorios en emergencia” (Canarias y Ceuta).
Un guiño al PP ceutí, que también forma parte del Gobierno local.
VOX, la otra pieza del rompecabezas
Mientras el PP se desgarra, VOX exige directamente “frenar el reparto y blindar las fronteras”.
Su líder, Santiago Abascal, tacha el acuerdo de “invasión organizada” y pide deportaciones inmediatas.
Una postura que, aunque minoritaria, refuerza el relato de la “España desbordada”.
Datos que alimentan el debate
- 4.400 menores esperan ser redistribuidos: 4.000 en Canarias, 400 en Ceuta.
- Cataluña ya acoge a 1 de cada 4 menores migrantes del país.
- Ceuta, gobernada por el PP, es la segunda zona más saturada.
- El Gobierno central asumirá el 100% del coste hasta que los menores cumplan 18 años.
Curiosidades y contradicciones
- El PP canario vs el PP nacional: Mientras Domínguez (Canarias) apoya el pacto, Sémper (nacional) lo tacha de “error político”. ¿Doble rasero o estrategia territorial?
- La factura de Andalucía: Reclama 17 millones por 567 menores que, según la Junta, fueron declarados “adultos” tras llegar a la comunidad.
- Ceuta, la gran olvidada: Aunque su presidente es del PP, su saturación no ha generado el mismo revuelo que Canarias.
FANTASÍAS Y REALIDADES
Hay mucha fantasía, en bastantes casos bienintencionado, en los apóstoles de la idea de abrir los brazos a la inmigración
Se basan en la idea de que este colectivo será clave para paliar el invierno demográfico español: En los próximos 25 años, cuando la generación del baby boom se jubile, se necesitarán personas que cubran vacantes laborales y sostengan el sistema de pensiones.
Sobre esta línea argumental respaldó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y el propósito de Sánchez de regularizar a más de 500.000 extranjeros en España.
La propuesta, actualmente en fase de enmiendas, ya cuenta con el apoyo de 310 diputados porque el PP, sin mucha reflexión y aceptando a ojos cerrados las etiquetas que promueve la prensa, se ha sumado. Según sus promotores, medio millón de personas supondrían un incremento del 2,5 % del PIB y un crecimiento económico de 35 millones de euros.
No es oro todo lo que reluce , La idea de que vienen a salvarnos y a pagar nuestras pensiones contrasta, por ejemplo, con el Informe El efecto fiscal a largo plazo de la inmigración en los Países Bajos.
El sesudo, profundo y detallado estudio neerlandés concluye que gastas y cuestan más de lo que aportan. Y que solo el 20 % de los inmigrantes tendrá una contribución neta positiva al sistema público a lo largo de su vida. Además, diferencia entre:
- Inmigrantes occidentales: contribuidores netos.
- No occidentales (incluyendo latinoamericanos): receptores netos de ayudas en todos los grupos de edad.
Los investigadores señalan que incluso los hijos de inmigrantes (segunda generación) tienen un desempeño fiscal inferior al de los nativos. La clave, según el informe, está en la formación previa y el acceso a empleos cualificados.
