Santo Domingo ha emergido como el inesperado núcleo de una de las crisis políticas más graves que ha enfrentado el PSOE en tiempos recientes.
Como adelanta Carlos Cuesta en Libertad Digital, el Tribunal Supremo ha validado, mediante testimonios e indagaciones, la existencia de una red de blanqueo de capitales asociada a la infame trama Koldo. Este escándalo parece sacado de un thriller tropical, donde todo gira en torno a cuentas poco claras y operaciones turbias.
Entre los elementos más impactantes figuran sobres repletos de dinero en efectivo, empresas creadas apresuradamente en República Dominicana, y vuelos privados que transportaban desde empresarios hasta expresidentes del Gobierno.
Todo esto bajo la sombra de un entramado donde se sospecha que millones en comisiones y mordidas se movían tras el telón de las mascarillas, con la complicidad de políticos socialistas —algunos con doble nacionalidad o conexiones personales en la isla— y un entramado de sociedades pantalla.
El último auto del Tribunal Supremo deja claro el panorama: varios testigos han declarado ante el juez sobre las entregas de dinero en efectivo en República Dominicana, siguiendo órdenes de empresarios cercanos a la red investigada. Uno de los testimonios más relevantes es el proporcionado por Aránzazu Granel Barbadillo, quien relató que, bajo instrucciones de su superior, contactó al hermano de Koldo García para entregarle 10.000 dólares en dos ocasiones, durante noviembre y diciembre de 2021. Estas entregas han sido confirmadas por otros implicados, aunque el receptor intentó justificarlas con explicaciones poco convincentes.
En la documentación judicial y las declaraciones de los comisionistas aparecen nombres como el del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, quienes habrían recibido pagos y sobres tanto en la sede del Ministerio de Transportes como en cafeterías tanto en Madrid como en Santo Domingo.
El Supremo subraya la coincidencia temporal y brevedad de los viajes realizados por los implicados a la isla caribeña, lo cual solo se puede entender dentro del marco del movimiento y entrega de efectivo.
En un lapso breve, apenas año y medio, se constituyeron al menos 14 empresas en República Dominicana vinculadas a Ábalos y Aldama. La mayoría se enfocaron en sectores como el médico, construcción y transacciones inmobiliarias. Su propósito era canalizar los fondos provenientes de comisiones ilegales relacionadas con la venta de material sanitario durante la pandemia, aprovechándose así del entorno fiscal y bancario favorable que ofrece el país caribeño.
Una pieza clave para estas operaciones fue Pronalab, una empresa dominicana dirigida por Jorge Brizuela Guevara. Este exmilitar cuenta con conexiones internacionales que facilitaron el movimiento del dinero.
La trama utilizó a la isla como una “puerta giratoria” para fondos que regresaban blanqueados a Europa o se invertían en lujosos inmuebles y hoteles locales.
El viaje de Aldama y Zapatero: Falcon, escala y discreción
Lo que ha llamado poderosamente la atención es la confirmación acerca de los viajes en avión privado realizados por Aldama junto a José Luis Rodríguez Zapatero hacia República Dominicana. Según fuentes cercanas al caso, esto se hacía para evitar controles migratorios al utilizar escalas dominicanas para ocultar trayectos directos entre Madrid y Caracas.
Aldama ha reconocido haber transportado a Zapatero en su jet privado desde Caracas hasta Santo Domingo; el expresidente no ha desmentido este viaje aunque ha aclarado que no era su jet.
Estos desplazamientos no eran meramente ocasionales: desde 2021, aviones Falcon oficiales realizaron 118 escalas en República Dominicana, muchas sin justificación administrativa alguna. Esto ha encendido todas las alarmas sobre un posible uso indebido de recursos públicos para transportar fondos ilícitos.
La Caja B, la financiación ilegal y el efecto dominó en el PSOE
Este escándalo ha reavivado el debate sobre la Caja B socialista. Entre 2017 y 2024, el partido admitió haber manejado cerca de un millón de euros en efectivo para pagos internos; una cifra inusual hoy día que ha llevado al juez de la Audiencia Nacional a abrir una investigación separada sobre financiación ilegal dentro del partido. Los testimonios recogidos apuntan a sobres con dinero entregados a dirigentes cuyos orígenes podrían estar relacionados con las comisiones obtenidas por parte de la trama Koldo.
Los socios parlamentarios del presidente Pedro Sánchez han advertido que retirarían su apoyo al Gobierno si se comprueba financiación ilegal; esto coloca al Ejecutivo ante una situación política muy delicada.
La investigación judicial está bajo la dirección del juez Ismael Moreno, quien cuenta con el respaldo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se centra en dilucidar cómo circulaba ese dinero, las extracciones realizadas en metálico así como las facturas presentadas para justificar ingresos oscuros.
Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ’24×7′ de este martes, 11 de noviembre, junto al periodista Román Cendoya.
