Tres golpes en una semana. Tres frentes que se abren simultáneamente para un Gobierno corrupto e inepto,n que lleva meses intentando convertir cada crisis en un relato de victimismo y que esta semana ha recibido golpes desde el Tribunal Supremo, desde Estrasburgo y desde las encuestas andaluzas.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pronunció esta semana su alegato final en el juicio del caso Mascarillas con una contundencia que no dejó margen para la ambigüedad. Solicitó 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos y describió la corrupción política como una amenaza directa al sistema democrático que solo una respuesta judicial firme puede detener.
Pero la parte más significativa de su intervención no fue la petición de condena sino la denuncia implícita de algo que va más allá del caso concreto: la normalización de la corrupción por parte de poderes públicos que minimizan los escándalos, descalifican a quienes los investigan y atacan a jueces y fiscales que hacen su trabajo. Luzón no mencionó nombres. No hizo falta.
El contexto lo completaba solo: el Ejecutivo de Félix Bolaños ha criticado públicamente al juez que investiga a Begoña Gómez, a la jueza que lleva los casos del hermano de Sánchez y al propio Luzón. En ese contexto, denunciar que «ciertas actuaciones de poderes públicos socavan la legitimidad del Estado de Derecho y la separación de poderes» es señalar en una dirección muy precisa sin necesidad de nombrarla.
El informe europeo que incomoda a Bolaños
Mientras el Supremo asimilaba el alegato de Luzón, desde Estrasburgo llegaba otro golpe. La comisión LIBE del Parlamento Europeo aprobó un informe que documenta el deterioro de la independencia judicial en España con una precisión que el Gobierno no puede rebatir con los habituales argumentos de la «lawfare» y la conspiración de la derecha.
El informe señala la politización del CGPJ, el abuso de decretos-ley (más de 120 desde 2018, récord histórico en la democracia española), y un retroceso en la percepción de corrupción que ha alcanzado el peor nivel desde 2012. Pero quizás el detalle más revelador es uno de procedimiento: el Gobierno se negó a recibir a la delegación de eurodiputados enviada para elaborar el informe. Bolaños y Marlaska rechazaron recibirlos.
Esa negativa a colaborar con una misión de inspección del Parlamento Europeo tiene consecuencias que van más allá de la mala imagen: coloca a España en una posición comparable a la de Hungría y Eslovaquia en los procesos que precedieron a las sanciones por vulneración del Estado de Derecho. Y pone a Sánchez en la incómoda posición de tener que defender su gestión no solo ante la oposición española sino ante las instituciones europeas que él mismo ha invocado durante años como aval de legitimidad.
Andalucía: el hundimiento que nadie en el PSOE puede frenar
El tercer frente es electoral y tiene fecha: el 17 de mayo. Las encuestas proyectan un batacazo histórico del PSOE en Andalucía, la comunidad más poblada de España con el 20% del censo nacional. La candidata María Jesús Montero no logra remontar y el partido ya reconoce en privado que recuperar la Junta es prácticamente imposible.
Los problemas de Montero son varios y se acumulan. Su imagen está demasiado asociada al sanchismo nacional para conectar con los problemas locales andaluces. En los debates ha fallado precisamente en los temas económicos que como ministra de Hacienda debería dominar. Y la sombra del escándalo de su número tres en el TEAC, con la UDEF encontrando caja fuerte en la barbacoa y billetes en el baño, pesa sobre su credibilidad como gestora.
Las tensiones internas añaden otra capa de dificultad: en Cádiz, la dirección provincial resistió su intento de imponer listas antes de ceder. Hay voces dentro del partido que exigen primarias en otras federaciones. La lealtad al PP entre sus votantes roza el 75%, frente al 65% del PSOE, una brecha que en términos de escaños puede ser determinante.
La estrategia de La Moncloa con Montero en Andalucía tenía un doble objetivo: generar un efecto de candidata con peso nacional que movilizara el voto progresista y, de paso, alejarla de Madrid en un momento en que su impopularidad creciente la convertía en un problema para el Gobierno. Los analistas interpretan su designación más como maniobra de gestión interna que como apuesta electoral convencida.
El resultado de ambos objetivos está siendo decepcionante. La movilización progresista no alcanza los niveles necesarios y Montero sigue en Madrid como ministra mientras hace campaña en Andalucía, lo que produce la imagen de una candidata con un pie en cada sitio y las manos llenas en ninguno.
Juanma Moreno consolida su posición con políticas moderadas y un perfil de gestor que contrasta con el desgaste nacional del PSOE. VOX presiona por su flanco derecho amenazando la mayoría absoluta. Y Montero critica a Moreno por «temer al PSOE» mientras las encuestas sugieren que el único miedo real en esta campaña está en la sede socialista.
La semana que resume el momento político
El fiscal pide 24 años para el exministro. Bruselas documenta el deterioro judicial. Las encuestas andaluzas proyectan mínimos históricos. Y Sánchez gestiona el barco del hantavirus como cortina de humo mientras estos tres frentes avanzan con una consistencia que ninguna crisis sanitaria fabricada puede detener indefinidamente.
El chicle se estira. Pero tiene un límite.
