Mensajes como “chinas muy dulces dispuestas a todo”, “las mejores de Madrid juntas para hacerte gozar”, “pijas pero muy morbosas” o “gatitas golosas con fantasías” podrían tener los días contados en la prensa de papel.
El Consejo de Estado considera «plausible» prohibir los anuncios de prostitución en la prensa y pide al Gobierno que apruebe una ley específica para ello. Los amos de la prensa de papel, parapetados detrás del lobby de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) han puesto el grito en el cielo por su «total oposición jurídica» a dicho informe y que le puede hacer perder un negocio de casi 20 millones de euros al año. —El País, El Mundo y La Vanguardia se forran con los anuncios de sexo—
Según señala el Consejo en un informe hecho público en su página web, sería necesario aprobar una disposición con rango de ley, «en concreto, una ley prohibitiva de la actividad», que permitiera al Ejecutivo acometer esta restricción. —Rubalcaba desea un acuerdo con los diarios para acabar con los anuncios de contactos—
España es el único país de la Unión Europea en el que la prensa generalista nacional publica anuncios de prostitución. Sólo La Gaceta, Público, y La Razón -que decidió eliminarlos en diciembre de 2009- no publican este tipo de anuncios. —¿Quedará bonito el periódico del Papa entre los anuncios de putas?—
Mientras tanto, diarios de tirada nacional y regional como El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico, obtienen millones de euros en ingresos gracias a la venta de este tipo de publicidad, que camuflan como anuncios de «contactos», «clasificados relax» o «línea erótica».
El Consejo de Estado argumenta que la regulación vigente resulta «insuficiente» para prohibir este tipo de publicidad y pone de manifiesto que, en España, «la autorregulación se ha mostrado insuficiente y baldía pese a las iniciativas adoptadas o impulsadas por los poderes públicos».
CONTRAOFENSIVA DE LA AEDE
Los editores de diarios han advertido de que si el Gobierno atendiera el informe del Consejo de Estado hecho público y decidiera «limitar» las inserciones de anuncios de contactos en prensa escrita, estaría discriminando a este medio y vulnerando el derecho fundamental a publicitar una actividad legal.
En un comunicado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) expresa su «total oposición jurídica» a dicho informe, al entender que la publicidad de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución, con lo que cualquier limitación previa de un anuncio en prensa vulneraría de inmediato un derecho fundamental.
En su nota, AEDE traslada su indignación por el hecho de que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno les hayan convocado ni atendido sus propuestas en este asunto, incluido un acuerdo de autorregulación, a pesar de que viene reiterándolas.
Para los editores, si los poderes públicos consideran que una actividad es delictiva o resulta perjudicial para la salud, lo que cabría exigirles no es que impidan publicitarla en determinados medios de comunicación, sino que prohíban su ejercicio.
Desde AEDE se subraya que a cada periódico le asiste la libertad editorial de decidir qué contenidos publicitarios sobre actividades lícitas incluye en sus páginas, y matiza que «cualquier tipo de censura previa sobre ellos vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas».
«Con las medidas de autocontrol, los editores intentan evitar que se les impongan restricciones discriminatorias respecto al resto de medios de comunicación, algo que ya han sufrido a nivel autonómico, nacional y europeo en la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego», agrega la AEDE.
COMUNICADO DE LA AEDE
La Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, ha advertido de que si el Gobierno atendiera el informe del Consejo de Estado hecho público hoy, y decidiera «limitar» las inserciones de anuncios de contactos en prensa escrita, estaría discriminando a este medio y vulnerando el derecho fundamental a publicitar una actividad legal.
Los editores han expresado su total oposición jurídica a dicho informe, al entender que la publicidad de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución, con lo que cualquier limitación previa de un anuncio en prensa vulneraría de inmediato un derecho fundamental.
AEDE ha mostrado además su indignación por el hecho de que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno les hayan convocado ni atendido sus propuestas en este asunto, incluido un acuerdo de autorregulación, a pesar de que viene reiterándolas desde hace tiempo.
Para los editores, si los poderes públicos consideran que una actividad es delictiva o resulta perjudicial para la salud, lo que cabría exigirles no es que impidan publicitarla en determinados medios de comunicación, sino que prohíban el ejercicio de la misma.
Desde AEDE se subraya que a cada periódico le asiste la libertad editorial de decidir qué contenidos publicitarios sobre actividades lícitas incluye en sus páginas, y matiza que cualquier tipo de censura previa sobre ellos vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas.
Con las medidas de autocontrol, los editores intentan evitar que se les impongan restricciones discriminatorias respecto al resto de medios de comunicación, algo que ya han sufrido a nivel autonómico, nacional y europeo en la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego.
