El Ministerio de Justicia no renuncia a ceder el registro a otro organismo o cuerpo
Parece que nos hemos librado de tener que pagar nuevas tasas… al menos por ahora. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quería ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, pero al final éstos han rechazado la propuesta, porque, según publica El País, no se les deja cobrar aranceles a los ciudadanos que vayan a inscribir actos que son obligatorios.
Hace unas semanas, el decano del Colegio de Registradores comunicó por carta a los asociados que se iban a hacer cargo del Registro, pero en unas semanas el acuerdo se ha desmoronado. Por dinero.
Sin embargo, el Ministerio no renuncia a delegar el Registro en algún otro cuerpo u organismo.
Anuncio del plan:
En diciembre de 2012, el ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón anunció que iba a cambiar la ley para dejar el Registro Civil en manos de los 1.000 registradores de la propiedad y mercantiles que hay en España, con el fin de «desatascar los juzgados» liberándolos de ese trabajo «administrativo». Fuentes de Justicia aseguraron entonces que los trámites «obligatorios» para los ciudadanos -sobre todo, inscripción de nacimientos y defunciones, el 80% del total- seguirían siendo gratis.
Los trámites seguirían siendo gratuitos:
El ministerio renunció definitivamente, hace cuatro meses, a cobrar arancel alguno en el futuro Registro: aseguró que todos los trámites, obligatorios o no, seguirían siendo gratis. Así se lo dijo a los registradores, según confirman ambas partes. El acuerdo parecía hecho en febrero -el decano del Colegio de Registradores llegó a comunicar a sus afiliados por carta que iban a hacerse cargo del Registro Civil-. Pero el pasado lunes, según fuentes de Justicia, el Colegio volvió a exigir que se le permita cobrar aranceles; Justicia se negó y dio por acabada la negociación.
Los registradores piden dinero para dar «calidad»:
Ayer, fuentes del Colegio de Registradores se limitaron a señalar que «para prestar a los ciudadanos un servicio público de calidad y lograr un Registro Civil más eficiente», es necesario asegurar, entre otras cosas, «una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil».
