Hace justo una semana, conté en esta crónica de columnas que Pilar Cernuda en su sección de los lunes en ABC daba una noticia que luego pasó desapercibida en tertulias y columnas: Mariano Rajoy consultaba a Felipe González sobre diversos asuntos, entre ellos «el lío» catalán.
Este 29 de septiembre de 2014, en el mismo periódico, Ignacio Camacho abunda en esta idea de las relaciones entre los dos grandes partidos nacionales para hacer frente al golpe de Estado de CiU y ERC, con el impulso del rey Felipe VI. Según él, empieza a soplar una «brisa de consenso».
En este comienzo de otoño una suave brisa de consenso, o al menos de diálogo, ha empezado a refrescar la escena política española. Con el desafío soberanista catalán desplegado a todo trapo es posible que los acercamientos respondan en exclusiva a la necesidad de coordinar la respuesta del Estado.
Hay datos. El pasado lunes, Rajoy y Sánchez almorzaron en La Moncloa, quizá sólo por casualidad después de que ambos hablasen por separado con Felipe González y justo al día siguiente de que el líder socialista plantease en la prensa una iniciativa de reforma constitucional.
Quizá ese vientecillo de conciliación provenga de los montes del Pardo, de La Zarzuela. El Rey no puede tomar decisiones, pero tiene la función explícita de impulsar y promover la mediación, el arbitraje político. En sus discursos flotan alusiones explícitas a una etapa nueva, un concepto que a medio plazo no puede limitarse a meros retoques de protocolo o de estilo: está sugiriendo cambios, mejoras, renovaciones. Un ajuste fino que dé respuestas al crítico desafecto social. A la Corona no le corresponde el manejo de los tiempos, pero el mensaje está ahí y no es difícil decodificarlo.
Lo que haya que hacer es menester hacerlo pronto y en medio de un notable desasosiego. La cuestión consiste en saber si las dos grandes fuerzas que han articulado hasta hoy la vida democrática española son capaces de trascender sus intereses de poder para ponerse de acuerdo respecto a lo que más les debería importar a ambos. El sistema.
PABLO SEBASTIÁN, SOLO EN DEFENSA DE LA UNIDAD Y LA IGUALDAD
Y ahora una ración de Derecho Constitucional para extender sobre la tostada. Jorge de Esteban da en El Mundo un argumento contra la concesión del voto en el referéndum catalanista a los extranjeros (en cambio, no pueden votar los catalanes que residen en Madrid o Alicante o La Coruña), y que sin duda el Tribunal Constitucional incluirá en la enumeración de motivos para declarar la consulta inconstitucional.
Según la Ley de Consultas y el propio Decreto citado, pueden participar en dicha consulta los extranjeros mayores de 16 años que estén inscritos en Cataluña. En otras palabras, han conseguido llevar a cabo la cuadratura del círculo en términos jurídicos, según la cual un extranjero dispone del mismo voto que un catalán sobre la independencia de Cataluña. Es cierto que en el caso del reciente referéndum de Escocia los residentes, aunque fuesen extranjeros, disponían del derecho a votar. Pero si nuestra Constitución sigue estando vigente no parece que esta medida sea válida aquí. En efecto, el artículo 13.2 CE dice claramente: «Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales».
Pablo Sebastián (Republica.com) escribe que, si Rajoy cae en la tentación de hacer concesiones constitucionales a la Generalitat, destruirá el PP.
Tampoco sería aceptable para el conjunto de los españoles que el Gobierno de Rajoy le hiciera a Cataluña concesiones bajo amenaza y el chantaje de romper la legalidad, porque eso sí que sería el final de Rajoy y del Partido Popular, entre otras cosas, como la pérdida de la dignidad nacional.
De manera que al Gobierno de Rajoy le toca hacer frente a todo esto que él califica de «un lío» y en realidad es una rebelión en toda regla contra el Estado español y la legalidad, lanzada desde la primera de las instituciones catalanas, la Generalitat, que representa al Estado en esa Comunidad Autónoma. Y bueno sería que Rajoy y su Gobierno se apresuren, una vez abierto el desafío, a dar una primera y definitiva respuesta porque si empiezan con decisiones paulatinas y escalonadas al final quienes van a estar en un lío monumental será el gobierno de España y no el independentismo catalán.
Pero Sebastián está prácticamente solo en la prensa española, Federico Jiménez Losantos (El Mundo) repite que Mas no habría llegado hasta la convocatoria del referéndum de no ser por la dejadez del presidente del Gobierno.
Desde hace tres años ha usado todos los recursos del Estado español en Cataluña para promover la destrucción de ese Estado; y el Gobierno del PP, encargado de hacer cumplir la legalidad, no le ha hecho absolutamente nada. Ni suspenderle en el cargo por incumplir las sentencias judiciales, ni mandarle una citación de Hacienda o una docena de feroces agentes de movilidad madrileños: nada. Bueno, sí: Montoro le ha dado más de treinta mil millones de euros para remediar la ruina -debe sesenta mil millones – de la Generalidad.
AHORA CAMERON ES UN MODELO DE LÍDER A IMITAR
En la prensa hay numerosos indicios de que la cesión por parte de Madrit que teme Sebastián se puede producir en los próximos días.
Raúl del Pozo (El Mundo) dice que le han dicho que la fecha clave del plan separatista no es el 9 de noviembre, sino el 10 de octubre.
Me comenta un observador cercano a Convergència que Europa quiere una solución parecida a la de Escocia. Cree que hasta el día 10 de octubre habrá tensión, pero no ilegalidades y menos desobediencias. Al final, no se podrá celebrar legalmente la consulta pero se realizarán actos, simulacros electorales y manifestaciones que no se pueden prohibir.
El 10 de octubre empieza la segunda parte del partido. Puede abrirse el diálogo para una reforma de la Constitución, o los partidos independentistas pueden ganar el 90% de los ayuntamientos y entonces empezar el tercer tiempo. No creen que se adelanten las elecciones al Parlament. «A pesar de que muchos quieren esperpento, la batalla terminará en diálogo y se equivocarán los que utilizan la exageración, olvidando aquello de Talleyrand: ‘Todo lo que es exagerado es insignificante’».
David Gistau describe el asombro que la movilización y la liturgia catalanistas están causando en los abogados del Estado, los senadores y los columnistas de Madrid.
La firma, con una gran parte del Parlamento en formación militar detrás, con los matices abolidos, ha provocado una gran impresión, insólita al tratarse de un acontecimiento previsto. En ese instante han quedado frustradas las esperanzas de quienes creían que el hieratismo de Rajoy, esperando atrás con el Estado como el central espera con el «tackling» al extremo que viene en carrera, bastaría para ganar la batalla psicológica, para abrir crisis internas en el independentismo que le impedirían presentarse como un frente cohesionado y, finalmente, para hacer que el propio nacionalismo devenido montaraz se diera cuenta de su locura y suplicara ayuda para volver atrás.
A esto agréguese la fotogenia de las multitudes dichosas, de los mesiánicos abrazos al pueblo, que han propagado en Madrid cierta envidia de esa misma temperatura emocional de la que hasta no hace mucho se decía que jamás podría sustituir la legitimidad de la ley, que de pronto aparece como una herramienta de sílex demasiado fría.
En consecuencia, continúa Gistau, ya empieza a imponerse en los espíritus de la elite gobernante la solución de pactar un referéndum.
Después de que, en semejante juego de azar colindante con la ruleta rusa, el revólver hiciera clic, y no bang, han surgido en Madrid admiradores sobrevenidos de Cameron que elogian el modo políticamente valiente con que ha cauterizado el problema eliminando el ansia de referéndum y las especulaciones acerca de la voluntad popular. Esas reflexiones se extienden al antecedente de Quebec, y no se necesita más para que los antaño aguerridos defensores de la Constitución hayan pasado a preguntarse si no habría sido mejor pactar un referéndum en Cataluña, en vez de hacerse antipáticos a los disfrutones de la emancipación.
Uno de los consejeros de Estado que ha votado a favor del dictamen es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, abogado de los nacionalistas vascos y catalanes en Madrid. Enric Juliana (La Vanguardia) explica el sentido de su voto recurriendo a sus palabras en una reciente conferencia.
«Se debería pactar una nueva disposición adicional de la Constitución que reconozca la realidad nacional catalana y blinde sus competencias en lengua, economía e infraestructuras. Si de verdad se quiere afrontar la situación, lo primero que hay que hacer es reconocer la singularidad de Cataluña, su realidad nacional. Y eso se puede hacer sin aparatosas cirugías. (…) El problema de Cataluña es eminentemente político y no se va a resolver con el Aranzadi en la mano».
Herrero de Miñón está a favor de ese reconocimiento, pero ayer votó a favor de la inconstitucionalidad de la consulta del 9 de noviembre en el Consejo de Estado. No es ninguna sorpresa.
Primero, la fuerza del Estado; y luego, el pacto ofrecido por ese mismo Estado.
Y el jurista Francisco Rubio Llorente, que lleva años dando la tabarra con que el resto de los españoles debe reconocer la singularidad de los catalanes, publica en La Vanguardia una tribuna actualizada en ese sentido. Según su docta opinión, mal hace Mas, pero más mal hace Rajoy. El modelo es, cómo no, David Cameron, que para muchos ya no es un tonto, sino un genio.
Mala es la convocatoria, pero mala también su prohibición y un gigantesco despropósito del Gobierno español amenazar con esta como único instrumento para impedir aquella.
Lo razonable es acudir a remedios que ataquen el mal en su raíz, que disminuyan el apoyo que hoy tiene el independentismo y ofrezcan al Govern catalán argumentos para modificar su postura. Antes o después habrá que hacerlo y mejor hacerlo ahora, aunque con eso se ayude a Mas a sacar las castañas del fuego, que hacerlo más tarde, forzados por las circunstancias.
No debería Rajoy desaprovechar el ejemplo del glorioso despropósito del señor Cameron, cuya negativa a aceptar que, como proponían los nacionalistas escoceses, el referéndum ofreciese la posibilidad de optar entre independencia y reforma, lo convirtió en un dramático dilema que ha dividido profundamente a la sociedad escocesa y mantenido en vilo a toda Europa. Y todo para terminar utilizando la oferta de reforma como principal argumento frente al independentismo.
¿ES RAJOY MAYOR ENEMIGO DE ESPAÑA QUE MAS?
¿Hay propuestas aparte de que el Estado haga cumplir las leyes y defienda la unidad nacional? Curiosamente, son dos izquierdistas los que reconocen que hace falta política para defender a España, no abogados del Estado.
A José García Domínguez (Libertaddigital.com) le saca de quicio la tendencia de la derecha política refugiarse en tochos de Derecho Administrativo y precedentes.
Porque, al modo del Cid, Mas podría ganar esta batalla después de su muerte política. Esa es la disputa, la genuina disputa, la única real que ahora comienza a dirimirse, y para la que La Moncloa parece carecer de cualquier estrategia definida. ¡Es la política, estúpidos!, cabría gritarles para que despierten de una vez.
De aquí al 9 de noviembre, todo el aparato mediático al servicio de la Generalitat se volcará en contraponer la estampa de sofisticada modernidad europea que configura su autopercepción idílica con la caricatura de una España tosca, primitiva, rifeña y castizamente autoritaria. Torrente contra Habermas. Un frente, el de las percepciones colectivas, que el Gobierno tal vez piense defender apelando también a algún mamotreto de Derecho Administrativo. Don Tancredo, que no Artur Mas, es nuestro peor enemigo.
Aurelio Arteta (El País) también pide al Gobierno del PP que dé la batalla intelectual, la batalla de las razones contra el separatismo, que no han querido librar ninguno de los Gobiernos españoles que ha habido desde Adolfo Suárez. Para Arteta, los partidarios de la unidad de España son superiores moralmente a los separatistas. ¿Por qué entonces no se dice?
El Gobierno español actual (como los anteriores), por no jugar la baza de las razones, les está dando a los nacionalistas sus mejores bazas.
(…) me parece que nuestro Gobierno debería haber expuesto y debatido primero sus razones contra la secesión y recordado después la norma constitucional que la prohíbe. Para añadir enseguida que la prohíbe precisamente porque tal norma se funda en aquellas razones, en último término morales, y las condensa a todas ellas. Tal vez así no llegue a persuadir a la Generalitat, pero sí a bastantes ciudadanos de aquí y de allá. Lo resumía a la perfección el exministro canadiense Stéphane Dion hace unos días en este periódico (el pasado 14 de septiembre): «Creo que no es muy útil esconderse detrás de una Constitución. Decir: ‘mi país es indivisible porque lo dice la Constitución’ se queda corto. Detrás de esta cláusula constitucional, ¿hay un principio moral? Si lo hay, hay que formularlo». Pues eso.
José Luis Martín Prieto (La Razón) aporta un dato histórico, de cuando era mandamás en El País y Felipe González le recibía en su intimidad. Antes de 1982, ya se sabía en Madrit que Pujol tenía sus tejemanejes y nadie, del Rey abajo, hizo nada.
Antes de las elecciones de 1982 que le llevaron al poder, Felipe González me confesó su desazón ante la inevitabilidad de la entrada en prisión de Jordi Pujol por su presunta actividad directiva en Banca Catalana. Luego en el Gobierno torció el brazo a su fiscal general, Jiménez Villarejo, para que sus hombres de negro desplazados a Cataluña dejaran hacer, dejaran pasar, recurriendo al confortable manto del olvido.
La generación constitucionalista del 78, hoy tan jubilada como vejada, pecó de dejación con Cataluña cubriendo fechorías, desdeñando el creciente despeñadero secesionista y permitiendo prosperar la reconstrucción de la Historia y un diseño de contrainformación que el doctor Goebbels hubiera reclamado para sí.
Despido por hoy la tabarra catalana con una columna irónica, la de Joaquín Luna (La Vanguardia), en que anuncia la lánguida Liga catalana de fútbol.
Visto así, el fútbol catalán se hermanaría con el escocés -copado por dos clubs que siempre pierden en Europa-, Messi podría jugar hasta los 50 años y los culés se desengancharían de la madriditis. Todo son ventajas, y si alguien cree que al Camp Nou le saldría musgo, se equivoca, porque las aficiones visitantes suplirían el desinterés local con cánticos, banderas comarcales y una fiesta de buen rollo. A los de la CUP, por ejemplo, compañeros de viaje del progresismo burgués-patriótico, siempre les quedaría animar al Júpiter, el equipo de la laboriosa barriada barcelonesa de la Verneda.
Los fines de semana se parecerían a los de Noruega o Luxemburgo, sin la esclavitud del fútbol, tan propia de los pueblos latinos ignorantes. Y como no habría competencia televisiva ni tiendas abiertas en domingo, los catalanes y las catalanas recuperaríamos una manera de vivir más nuestra. Todo fútbol sería modesto y austero, sin el estrés opiáceo de la Liga española.
GIL CALVO: LA CULPA DE TODO ES DEL PP
Los lunes los reserva Juan Manuel de Prada para escribir sus cartas a Rusia o desde Rusia. El novelista cuenta que está de viaje en Rusia, como los antiguos socialistas y comunistas (bueno, como Felipe González, Alfonso Guerra y Miguel Boyer en 1977, cuando ya eran diputados y fueron a pedir favores al Kremlin), y ha quedado deslumbrado por la fe cristiana del pueblo, hasta el punto de que propone una alianza entre los rusos y los españoles contra la Europa luterana y demoliberal.
Ambos pueblos se configuran en la lucha contra los infieles que ponen a prueba su fe (los españoles contra los moros, los rusos contra los tártaros), de cuyo yugo se liberan casi al mismo tiempo. Inmediatamente, españoles y rusos acatan su designio antieuropeísta, resistiendo como dos bastiones formidables los embates del pudridero europeo y repeliendo sucesivamente cada una de sus rupturas, que se inician con la ruptura religiosa de Lutero y alcanzan su apogeo en la era de las revoluciones. Lo mismo Rusia que España repelerán la lepra protestante que se adueña del resto de Europa; y lo mismo España que Rusia combatirán (y derrotarán) al ejército napoleónico.
Españoles y rusos somos por naturaleza enemigos de Europa, cuyo veneno hemos tratado de repeler durante siglos; y cuando por fin nos rendimos a ese veneno, no lo hacemos al modo pacífico de las naciones de chichinabo que integran el pudridero europeo, sino -como señala Dostoievsky- vengándonos, en un vendaval de furia, porque esa rendición nos obliga a contrariar nuestra naturaleza.
Rusia ha logrado salir de esta inanidad en los últimos años, recuperando su dignidad; España, por desgracia, sigue inmersa en ella.
El premio a la columna ridícula del día se lo gana Enrique Gil Calvo, que sigue empeñado en culpar del carajal catalanista al PP. Éste, aparte de ser refractario a la realidad, no se ha enterado del cambio de la línea editorial de su periódico.
En Cataluña, donde la mayoría de la población, aunque no se sienta antiespañola, también está harta de la insufrible altanería e indisimulado desprecio con que ha sido tratada por la casta político-mediática del PP, cuyo resentimiento anticatalán se ha hecho sentir de forma sangrante desde que Aznar se vio obligado a pactar con Pujol.
Ni una palabra para la corrupción de los Pujol y CiU, que puede estar detrás de la carrera separatista; ni una palabra para los socialistas que impulsaron el nuevo Estatuto y taparon el 3% después de denunciarlo. Todo es culpa de los puros que se fuma Rajoy. Los cadáveres acumulados en la facultad de Medicina; la facultad de Políticas convertida en un soviet; los campus como campos de batalla de ultraizquierdistas contra la Policía; el cierre de capillas; y encima catedráticos como Gil Calvo. Así es la Complutense, la mayor universidad pública de España.
