Tres periódicos se muestran preocupados por la violación del secreto fiscal por los propios funcionarios
La publicación de los datos fiscales del IRPF de Esperanza Aguirre por la web InfoLibre ha provocado que los tres periódicos que editorializan sobre ella, El País, ABC y El Mundo, tomen partido por la intimidad de la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid y aprueben la presentación por su parte de una querella en la Fiscalía General del Estado.
El País acusa en su editorial, ‘Alarma fiscal’, a «guerras internas» en el PP la causa de la filtración, así como la selección de Rodrigo Rato como «chivo expiatorio». Además, reprocha al ministro Cristóbal Montoro que haya haya convertido a la Agencia Tributaria en un «instrumento político».
En ‘Aguirre y la inseguridad jurídica’, ABC subraya que Aguirre no estaba sometida a ninguna investigación, a diferencia de Juan Carlos Monedero y Rodrigo Rato, y añade que su declaración de ingresos es «intachable».
El editorial de El Mundo es un ejemplo de dar una cal y otra de arena. Desaprueba la filtración, pero sostiene que es el momento de discutir sobre la presentación del IRPF por parte de todos los políticos. Además, califica el salario cobrado por Aguirre en 2013 de una empresa privada como consecuencia de las «puertas giratorias».
EL PAÍS
Que esta tropelía obedezca presuntamente a una guerra interna dentro del PP es irrelevante para juzgar la cuestión de fondo. Ahora la damnificada ha sido Esperanza Aguirre, como antes fueron otros, y mañana puede ser cualquiera. Vivimos en estado de excepción fiscal.
Filtrar la declaración de Aguirre causa un daño irreparable cuya intencionalidad habrá que aclarar. Pero no es un error aislado. Es un ejemplo más del carácter subsidiario de la Agencia. El ministro Montoro ha sugerido, con sus indirectas, amenazas y coacciones veladas, que dispone de información tributaria que no debería tener. Nunca ha explicado esta quiebra de la autonomía de la Agencia. La selección interesada de Rodrigo Rato como chivo expiatorio en la lista de supuestos blanqueados de dinero o el uso de las declaraciones de los contribuyentes como arma fiscal para coaccionar a discrepantes y prensa díscola indica que la Agencia se utiliza como un instrumento político; el caso Aguirre ratifica que tales temores tienen fundamento.
ABC
Podría estar implicado algún funcionario de Hacienda, lo cual resulta especialmente preocupante, dado el enorme volumen de datos sensibles y, por tanto, confidenciales que maneja dicho organismo. Además, el hecho de que se haya producido a tres días de las elecciones municipales no es casualidad, lo cual denota un intolerable y muy peligroso manejo de la Administración Pública para la consecución de objetivos partidistas.
A diferencia de lo que sucede con los altos cargos públicos, Aguirre no tiene ninguna obligación, ni legal ni política, de publicar su situación fiscal, ya que, desde que abandonó la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2012, trabaja en la empresa privada. Y, por si fuera poco, su declaración de ingresos es intachable, con lo que ni siquiera habría algo que reprocharle.
EL MUNDO
Los 369.000 euros cobrados por Aguirre de la empresa privada Seeliger & Conde como cazatalentos vuelven a poner el foco en las puertas giratorias entre la política y la empresa privada.
La filtración de los datos fiscales de Aguirre nos deja muchas incógnitas que deberán ser aclaradas. A diferencia de los casos de Monedero o Rodrigo Rato, en los que se filtraron unos datos de personas que estaban siendo investigadas (con lo que sus datos fiscales habían sido consultados por varias fuentes), en esta ocasión, la información facilitada a la prensa es de una contribuyente sobre la que no se está efectuando ninguna pesquisa. Sólo sus adversarios políticos llevaban días reclamando a Aguirre que hiciera pública su declaración de la renta. La investigación abierta por Hacienda deberá aclarar qué ha ocurrido.
