(PD).- No hay acuerdo entre el instructor del expediente contra el juez Rafael Tirado y el fiscal. El encargado del informe disciplinario sobre el magistrado que no ejecutó una sentencia condenatoria contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz, ha concluido que se trató de una falta grave que acarrearía una multa de hasta 3.000 euros.
La Fiscalía, por el contrario, considera que el juez de Sevilla incurrió en una falta muy grave, que podría suponer una suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial.
Instructor y fiscal discrepan respecto de la gravedad de la actuación del juez Tirado y de la sanción que debe serle impuesta. Mientras que el primero, designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), califica los hechos como una «infracción grave», la Fiscalía cree que se trata de una falta «muy grave» de desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de una causa.
La diferencia es que, en el primer caso, la máxima sanción a la que se expone Tirado es una multa de 3.000 euros, mientras que de considerarse que cometió una infracción muy grave el castigo podría ser de suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial.
A través de una nota de prensa, la Fiscalía ha recordado que cuando el pasado 7 de abril la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó abrir un expediente a Tirado ya consideró que la falta podía ser calificada de muy grave.
Tras analizar los hechos, el fiscal constata que, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años.
La Fiscalía añade que el juez de Sevilla «tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión».
El fiscal entiende que en estas circunstancias -incomparecencia del penado, no suspensión de condena-, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes.
El Ministerio Público también señala que «la función jurisdiccional comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado» y añade que, aunque en la ejecución de sentencias intervienen más instancias, «el juez tiene la obligación de controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto» la resolución.
