En La Retaguardia de este miércoles 25 de junio, Eurico Campano analiza con el historiador Guillermo Cortázar y el escritor Pedro Lasuén toda la información sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que según van saliendo nuevas informaciones, el día menos pensado vemos a la UCO registrando el Palacio de La Moncloa.
La política española no está para siestas. En pleno verano, con la agenda institucional bajo mínimos y los termómetros al alza, en la Moncloa no corre el aire. Pedro Sánchez, acostumbrado a capear temporales políticos de toda índole, afronta una tormenta de las que dejan cicatriz: la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la denominada trama Koldo ha puesto en jaque no solo a su partido, sino a su propio círculo más cercano.
El último episodio, con agentes de la UCO entrando en la sede del PSOE en la calle Ferraz —un hecho que para cualquier otro partido supondría poco menos que un apocalipsis— ha dejado a Sánchez en una situación inédita: ni desaparecido, ni omnipresente, sino “rabioso” y a la espera. Porque el líder socialista, según fuentes internas, observa con inquietud cómo se desmorona el relato oficial de “máxima colaboración” mientras se multiplican los indicios que apuntan a su núcleo duro.
El cerco judicial y las maniobras políticas
Lo que comenzó como un goteo de revelaciones sobre contratos públicos adjudicados durante la pandemia ha desembocado en un auténtico terremoto institucional. La UCO, por orden del Tribunal Supremo, ha procedido al acceso y clonado del correo corporativo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y pieza clave en el esquema de poder socialista. El objetivo: recabar pruebas sobre presuntas mordidas y amaños en adjudicaciones de obra pública, con nombres tan sonoros como Koldo García (el exasesor todoterreno), José Luis Ábalos (exministro) y el propio Cerdán en el epicentro.
La imagen de agentes clonando correos en Ferraz ha resultado demoledora para el Gobierno. Aunque desde Moncloa insisten en que no hubo un registro formal, sino un simple “requerimiento de información”, lo cierto es que el mensaje público es devastador: si la UCO entra por tu sede principal es porque hay algo serio que investigar.
Mientras tanto, Sánchez mantiene un perfil bajo e incluso ha evitado comparecencias públicas recientes. Dicen que permanece atento a cada movimiento judicial y policial —y no es para menos—: las diligencias también han salpicado al Ministerio de Transportes y empresas públicas como Adif, ampliando el radio de sospechas más allá del partido.
Una estrategia defensiva con tintes de nerviosismo
En este contexto, fuentes gubernamentales han optado por una doble estrategia: por un lado, minimizar los hechos (“no hay crisis de Gobierno, ni dimisión”, repiten como mantra); por otro, maniobrar entre bambalinas para blindar sus posiciones. No han faltado movimientos internos para intentar controlar los tiempos y limitar los daños. El relevo planeado al frente de la UCO —con el ascenso del coronel Rafael Yuste— se interpreta abiertamente como una maniobra política para nombrar perfiles “más afines” y ganar margen ante futuras investigaciones incómodas.
El malestar en los pasillos de Ferraz es palpable. La tensión se incrementa ante cada nueva filtración judicial o policial. El propio Sánchez llegó a acusar públicamente a la UCO de “favorecer intereses de la derecha”, evidenciando que los nervios están a flor de piel y que el relato oficial ya no basta para frenar las especulaciones.
De “mindundi” a protagonista involuntario: Koldo pone en jaque a Sánchez
La figura de Koldo García, tradicionalmente relegada al papel secundario —casi caricaturesco— dentro del engranaje socialista, se ha convertido en piedra angular del escándalo. Lo que muchos consideraban un “mindundi” se ha revelado como un engranaje clave en una trama que amenaza con salpicar al mismísimo presidente.
Los informes policiales señalan que Santos Cerdán tuvo capacidad decisoria sobre pagos y contratos públicos asociados a empresas bajo sospecha como Servinabar 2000 SL. Un contrato privado entregado recientemente al Supremo prueba que Cerdán adquirió casi la mitad de esta sociedad por apenas 6.000 euros; una operación cuanto menos llamativa dada la magnitud económica de las adjudicaciones investigadas. Los investigadores atribuyen a Cerdán no solo capacidad ejecutiva sino también gestión directa sobre supuestos pagos procedentes de constructoras vinculadas a las obras públicas bajo sospecha.
Este entramado ha puesto nervioso incluso al más templado dentro del PSOE. Las conversaciones interceptadas entre Koldo y Cerdán hablan abiertamente del reparto de grandes sumas y manejos internos nada edificantes.
Consecuencias políticas: socios inquietos y oposición afilando cuchillos
El impacto político es innegable. Los socios parlamentarios miran con recelo cada avance judicial; ERC ya exige sanciones ejemplares para las empresas implicadas e incluso plantea multas “de por vida” para quienes participen en tramas corruptas vinculadas al poder central. En paralelo, desde Ferraz intentan mantener una apariencia de normalidad mientras crece el runrún interno sobre posibles relevos forzados y ajustes organizativos.
La oposición huele sangre política. El Partido Popular exige explicaciones inmediatas y no descarta nuevas comparecencias parlamentarias. Vox pide dimisiones fulminantes e investiga posibles ramificaciones autonómicas del caso.
Curiosidades y datos inesperados
- El contrato privado entre Cerdán y Servinabar fue hallado casualmente durante un registro domiciliario autorizado por el Supremo; su valor simbólico supera con creces los 6.000 euros abonados.
- La entrada física de la UCO en Ferraz duró cerca de tres horas: tiempo suficiente para clonar correos completos pero insuficiente para disipar las dudas.
- Pese a todo lo anterior, algunos portavoces socialistas siguen calificando a Koldo como un personaje menor; sin embargo, su sombra alcanza hoy hasta los despachos más nobles de Moncloa.
- Mientras tanto, Santos Cerdán aprovechó su presencia reciente en el Congreso no para dar explicaciones públicas… sino para reclamar su indemnización como exdiputado tras más de seis años en el escaño
