Las declaraciones de Ana Redondo, ministra de Igualdad, resuenan con fuerza en los corredores del Congreso: “Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa salva vidas a diario”.
Sin embargo, para muchas mujeres que dependen de este sistema, esa afirmación se diluye entre expedientes olvidados, dispositivos que no funcionan y actas de comisiones Viogen que cuentan una historia muy diferente.
El escándalo en torno a las pulseras antimaltrato ha sacudido tanto el ámbito político como el social en España, enredando al gobierno y a la oposición en un debate donde la seguridad de las víctimas parece ser un juego de azar.
La polémica estalló tras la publicación de informes que revelaban fallos en la transición tecnológica del sistema de pulseras telemáticas, esencial para asegurar la distancia entre agresores y sus víctimas.
La decisión de cambiar de proveedor, impulsada durante el mandato de Irene Montero, priorizó el ahorro económico —reduciendo el coste medio por dispositivo un 35%— sobre la calidad técnica.
Como consecuencia, los nuevos dispositivos resultaron más vulnerables a manipulaciones, provocando incidencias recurrentes y una cadena de errores informáticos que dejaron a mujeres desprotegidas en momentos cruciales.
Y llueve sobre mojado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisó por escrito el 6 de mayo al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños sobre los problemas con las pulseras antimaltrato.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que es un órgano adscrito al CGPJ, destaca dicha advertencia en la carta que envió este lunes al Ministerio de Igualdad, que lleva días tratando de minimizar los problemas y asegurando que no tuvieron «comunicación oficial» al respecto.
De la gestión ‘low cost’ al desconcierto institucional
Este giro hacia una gestión “low cost” no fue solo una cuestión financiera. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado admite que el cambio de proveedor generó fallos graves en la migración de datos y un aumento significativo en los archivos judiciales por problemas informáticos. Hace años, el Defensor del Pueblo ya había advertido sobre deficiencias persistentes que ni el cambio ministerial ni las reformas legislativas pudieron remediar.
Las cifras oficiales son reveladoras:
- Disminución del coste mensual por pulsera: de 591€ a 384€ tras el nuevo contrato gestionado por Montero.
- Total estimado de dispositivos activos en 2025: aproximadamente 4.500.
- Tiempo medio para reparar una pulsera defectuosa: hasta tres días, según recientes denuncias; un periodo crítico donde la protección real queda en entredicho.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior utiliza pulseras fabricadas por la empresa israelí Attenti —excluidas para víctimas— con reclusos en tercer grado, un dato que pone de manifiesto criterios dispares según el colectivo protegido.
El Gobierno defiende a Redondo pero crece el malestar
A día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Pedro Sánchez sigue apoyando públicamente a Ana Redondo. “Se ha generado una alarma basada en exageraciones”, sostiene la ministra. No obstante, la presión interna aumenta: desde Sumar, Yolanda Díaz exige una investigación para aclarar lo ocurrido; desde el PP piden su reprobación parlamentaria; incluso dentro del propio Ejecutivo se siente inquietud ante las posibles repercusiones políticas y sociales del asunto.
La narrativa oficial intenta minimizar su impacto —“menos del 1%” de incidencias según Redondo— pero evita ofrecer datos concretos sobre cuántas mujeres se han visto afectadas o cuántos expedientes han quedado sin respuesta judicial debido a los fallos técnicos. La Fiscalía tampoco proporciona cifras exactas, lo que alimenta aún más la sensación de opacidad institucional.
Las actas Viogen y el sentimiento de desprotección
Las comisiones Viogen, responsables del seguimiento y evaluación de casos especialmente vulnerables, han registrado incidencias repetidas durante los últimos meses. Estas actas contradicen las afirmaciones ministeriales sobre la escasa gravedad o inexistencia de los fallos, arrojando luz sobre un problema estructural que trasciende al último escándalo político.
Para muchas víctimas, lo crucial no es si “el sistema salva vidas” en términos generales, sino si su dispositivo específico funciona cuando más lo necesita. Las denuncias sobre largos tiempos para reparar pulseras defectuosas o sobreseimientos judiciales provocados por errores técnicos refuerzan una creciente sensación de abandono institucional.
Un lustro marcado por la improvisación
El historial reciente del sistema Viogen parece escrito por varios guionistas: desde etapas socialistas hasta gestiones moradas, pasando por recortes presupuestarios y soluciones tecnológicas improvisadas. Las críticas no se centran únicamente en el actual equipo ministerial; tanto PSOE como Podemos intercambian reproches mientras intentan distanciarse del legado incómodo que han heredado.
Algunos episodios recientes ilustran bien esta deriva:
- En 2023 se produce un cambio significativo: Telefónica es reemplazada por una UTE formada por Securitas Direct y Vodafone tras no presentarse al concurso.
- Un informe interno calificaba como “deficiente” (nota: 3,6/10) el plan para llevar a cabo esa transición.
- La Fiscalía alertó públicamente sobre el aumento en archivos judiciales relacionados con el nuevo sistema.
Curiosidades y paradojas
- Las primeras alertas formales sobre fallos operativos datan ya de 2018; nada menos que siete años después persisten los mismos problemas estructurales.
- A pesar del ahorro conseguido con los nuevos contratos, solo una empresa se presentó a cada licitación relevante.
- En redes sociales circula con ironía que algunas pulseras defectuosas “parecen compradas en AliExpress”, extremo negado rotundamente por Igualdad pero reflejo del clima social actual.
- Ninguna mujer ha sido asesinada llevando activada una pulsera durante este periodo; sin embargo, esto no exime al sistema ni a sus gestores del deber ineludible de garantizar protección real y efectiva.
En este escenario donde cada declaración pública parece abrir nuevas grietas en lugar de cerrar viejas heridas, lo único seguro es que las víctimas seguirán aguardando respuestas claras mientras políticos y técnicos ensayan excusas entre los pasillos oficiales. Quién sabe si algún día se romperá este ciclo vicioso o si las pulseras acabarán siendo otro ejemplo más del “feminismo superficial” tan criticado últimamente entre bambalinas parlamentarias.
