Entre los muchos desastres de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, el más destacado sin duda es haber incrementado la deuda pública de nuestro país en más de 550.000 millones de euros al tiempo que ha creado o subido casi 100 figuras tributarias con los que ha incrementado la recaudación neta del Estado en 85.000 millones de euros anuales. Abrasar a impuestos a personas y empresas para disparar la recaudación tributaria al tiempo que se dispara también la deuda pública es un logro sólo al alcance de una gestión auténticamente socialista.
Y es que las cifras más recientes proporcionadas por el Banco de España y Eurostat son contundentes: la deuda pública de España ha superado los 2 billones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 40% desde 2018. Este aumento, que se traduce en cerca de 552.000 millones de euros en solo siete años, coloca al país en una situación financiera delicada, comparable a los peores momentos de la crisis de 2012. Durante ese mismo periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 38%, pero la deuda lo ha hecho a un ritmo mucho más acelerado, elevando la ratio deuda/PIB por encima del 100%, alcanzando en términos reales hasta el 127%.
La Administración Central es la principal responsable de este endeudamiento, con un incremento del 49%. Sin embargo, resulta alarmante el dato relativo a la Seguridad Social, cuya deuda ha crecido un asombroso 262%, evidenciando que el sistema de prestaciones y pensiones enfrenta una presión sin precedentes.
Las proyecciones oficiales, siempre optimistas, sugieren una ligera disminución de la ratio deuda/PIB en los próximos años. Pero tanto expertos como organismos independientes lanzan advertencias: con los tipos de interés en aumento y el BCE reduciendo sus compras de deuda, cada punto adicional de endeudamiento significa menos margen para servicios esenciales y una mayor presión sobre el presupuesto estatal.
El despilfarro institucional: colchones, sillones y vacaciones VIP
Si la deuda representa el aspecto grave del problema, el despilfarro público es su cara cómica. Un ejemplo reciente de los infinitos gastos innecesarios del Estado nos llega del Banco de España, que ha destinado más de 609.000 euros a adquirir colchones, somieres, almohadas, sillones y luminarias para sus residencias vacacionales ubicadas en Cercedilla (Madrid) y Roda de Bará (Tarragona). La justificación oficial alude al «desgaste por uso continuado» y a la «necesidad de mantener condiciones adecuadas». No obstante, los datos revelan que desde 2019 esta institución ha gastado más de 16 millones de euros en gestionar y rehabilitar estos complejos.
¿Y cuál es el resultado? Los empleados pueden disfrutar estancias en estos retiros por tan solo 200 euros cada quincena, con pensión completa y actividades variadas como clases de zumba, monólogos o conciertos. La gestión externalizada cuesta un total de 30 millones de euros entre 2023 y 2028. La última renovación incluye nada menos que 507 colchones, 256 almohadas, 87 sillones para exteriores y 199 lámparas de pie. La mayoría se destinará al complejo tarraconense, que se prepara para acoger una conferencia internacional sobre economía latinoamericana el año próximo.
Resulta curioso que ya en 2021 se realizó una renovación similar por más de 426.000 euros, lo que lleva a cuestionarse cuántos colchones necesita realmente una institución pública para garantizar el descanso adecuado a sus empleados.
Mientras las instituciones públicas continúan renovando su mobiliario como si estuvieran organizando un festival, la deuda sigue creciendo a un ritmo alarmante. En septiembre de 2025, se han sumado 341,58 millones de euros diarios a este montante. Los intereses derivados absorben recursos que podrían ser destinados a sanidad, educación o infraestructuras. Mientras tanto, los españoles observan cómo los gastos turísticos y el coste general de la vida siguen aumentando: una semana vacacional para una familia puede alcanzar los 1.581 euros, según datos recientes del sector bancario.
Por otro lado, la presión sobre el mercado inmobiliario no cede; los precios continúan su ascenso mientras la dependencia del turismo añade volatilidad e inequidad al panorama económico actual.
La gran pregunta sigue sin respuesta clara. Según los últimos cálculos disponibles, cada español ha visto aumentar su parte proporcional de deuda desde 2018 en 11.179 euros, una cifra que carga sobre sus espaldas como una mochila invisible. El Tesoro Público planea incrementar las emisiones netas de deuda para este año mientras los préstamos europeos del programa Next Generation EU ofrecen un alivio temporal . Sin embargo, persiste un problema fundamental: si el BCE cesa sus compras y los intereses continúan subiendo, las posibilidades se reducirán drásticamente.
En los últimos cuatro años, el Banco de España ha gastado más en renovar colchones y mobiliario para sus residencias vacacionales que muchos ayuntamientos destinados a programas sociales. Con infinitos despilfarros como éstos no es de extrañar que la ratio deuda/PIB haya superado ya el 127% en términos reales; solo algunos países europeos sumidos en crisis financieras profundas alcanzan niveles similares. Por su parte, la Seguridad Social ha multiplicado su endeudamiento por más de 2,5 desde 2018; este dato anticipa debates intensos sobre la sostenibilidad del sistema en años venideros. Y cada día durante septiembre de 2025, España suma más de 340 millones a su deuda pública.
