No tienen vergüenza, ni dignidad.
La decisión del Gobierno Sánchez ha generado una ola de indignación en un país llamado España, que sigue lidiando con las secuelas del terrorismo.
El ministro Ángel Víctor Torres, responsable de Política Territorial y Memoria Democrática, firmó un documento que reconoce a Juan Paredes Manot ‘Txiki’, asesino confeso de ETA, como víctima de un proceso judicial ilegítimo durante el franquismo.
Este etarra, condenado por el asesinato del policía Ovidio Díaz López, recibió un diploma que anula su sentencia y lo coloca al mismo nivel que otros perseguidos políticos, una acción que ha provocado críticas contundentes desde diversas asociaciones de víctimas y la oposición.
Este acto no es una excepción. Se inscribe dentro de la Ley de Memoria Democrática, que busca declarar ilegales los consejos de guerra que llevaron al fusilamiento de Txiki y Ángel Otaegi en 1975, los últimos ejecutados bajo el régimen franquista.
Las familias de ambos solicitaron esta reparación a principios de año ante la Delegación del Gobierno en el País Vasco, y el Ejecutivo respondió con declaraciones de reconocimiento aprobadas el 25 de noviembre. Para muchos, esto supone una reescritura del pasado: un asesino de la Policía Armada se convierte en «víctima», mientras las familias de los 850 fallecidos a manos de ETA ven su sufrimiento desestimado.
La indignación se ha multiplicado en redes sociales y en declaraciones políticas. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) califica este gesto como «miserable» y acusa al Gobierno de humillar a quienes cayeron en el cumplimiento del deber.
«Tu firma refrenda uno de los actos más miserables en la historia democrática», expresan críticas directas hacia Torres. El PP y otros partidos lo interpretan como un blanqueo evidente: ETA recibe reconocimientos estatales, colocándola al mismo nivel que los represaliados del franquismo, algo que resulta ofensivo para quienes lucharon contra el terrorismo.
#TalDiaComoHoy de 2002 ETA asesinó a Antonio Molina. Tenía 27 años.
Localizó a varios asesinos etarras en coche, llevaban 130 kg de explosivo a Madrid para un gran atentado en Nochevieja, dio la alerta y le tirotearon.
Murió salvando la vida de muchos. No te olvidamos. pic.twitter.com/j3a8GuOIOX
— Convivencia Civica Catalana (@CCivicaCatalana) December 17, 2025
Los pactos PSOE-Bildu
Este diploma se entrega en medio de una relación cada vez más estrecha entre el PSOE liderado por Pedro Sánchez y EH Bildu, herederos políticos de Batasuna, vinculados a ETA. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha negociado individualmente los traslados de presos etarras a cárceles ubicadas en el País Vasco y Navarra, lo cual ha sido clave para conseguir apoyos parlamentarios en presupuestos y leyes. Desde 2020, el Gobierno ha acercado aproximadamente a 175 presos y ha concedido el tercer grado a 82, muchos sin haber mostrado arrepentimiento ni colaboración con la justicia.
Las cifras son impactantes y preocupantes:
- Se han realizado 175 traslados de etarras a prisiones vascas o navarras entre 2020 y 2023.
- El Gobierno vasco (PNV-PSOE) ha otorgado hasta ahora 82 terceros grados desde 2021.
- Hay actualmente alrededor de 130 etarras en semilibertad o libertad condicional bajo Sánchez, siendo dos tercios los que están fuera ya.
- Hasta ahora se han contabilizado hasta 87 progresiones para 69 presos según los últimos informes proporcionados por la AVT.
Estos movimientos no son nuevos, pero han cobrado impulso tras elecciones clave. En 2023, Sánchez compartió escenario con Arnaldo Otegi y otros miembros de Bildu en el Congreso, una imagen histórica que selló esta alianza. A cambio, Bildu apoya presupuestos y reformas gubernamentales mientras el Ejecutivo cede en demandas como la gestión penitenciaria vasca, delegada desde 2021. Los críticos lo denominan «amnistía silenciosa»: presos condenados a un total de 1.123 años por haber cometido 15 asesinatos y perpetrado más de 20 atentados ahora viven cómodamente en sus hogares.
La AVT denuncia que sus peticiones son ignoradas mientras se premia a verdugos. «O se está con las víctimas o con quienes causaron su sufrimiento», subrayan, recordando homenajes recientes en localidades como Pamplona, donde tanto Txiki como Otaegi fueron ensalzados pese a sus crímenes. Este pacto también tiene impacto en Navarra: Bildu gobierna la alcaldía de Pamplona desde 2023, aun cuando la coalición UPN ganó las elecciones, fortaleciendo así al Gobierno dirigido por María Chivite.
Alfonso Rojo: "Con Sánchez, los matarifes etarras son 'víctimas' y Policía y Guardia Civil, 'verdugos'" https://t.co/B2DMy4IeuE pic.twitter.com/tWWONvwhm7
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) December 16, 2023
Un giro doloroso
Lo más chocante para algunos es que estos beneficios llegan hasta etarras responsables del asesinato de compañeros del PSOE. Por ejemplo, Txiki, quien formaba parte del ala político-militar de ETA, estuvo detrás de numerosos crímenes, incluyendo ataques contra fuerzas sociales vinculadas al mismo partido ahora reivindicador. Este contrasentido es señalado por figuras como Rosa Díez, quien lo relaciona con cesiones heredadas desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero inició negociaciones con ETA en 2006 prometiendo «normalización» para Batasuna e impulsando acercamientos mientras se mantenía alejado del PP. Sánchez sigue este camino “al pie de la letra”: legalizó Bildu casi sin previo aviso en 2011 durante su mandato anterior; ahora ofrece «proyectos para el país» junto al PNV y Bildu en Euskadi. En esta comunidad autónoma, PSOE y PNV dialogan con proetarras sobre un futuro compartido mientras la AVT reporta hasta siete nuevos traslados semanales para alcanzar el total deseado en prisiones cercanas.
El debate acerca de la Ley de Memoria Democrática vuelve a cobrar fuerza. ¿Hasta dónde llega realmente? Muchas asociaciones consideran que podría ser utilizada como una herramienta para equiparar verdugos con víctimas mediante diplomas que «relegan» la memoria colectiva sobre los más de 1.450 asesinatos perpetrados por terrorismo desde los años sesenta. La oposición demanda establecer un «cordón sanitario» frente a Bildu, calificado como un “vertedero moral” conectado directamente con ETA mediante un “cordón umbilical”.
¡¿Cómo pretenden que defendamos una flotilla que apoya a los terroristas de Hamás y que la integran etarras?!
Sánchez utiliza todo esto, una vez más, para tapar la corrupción que le afecta a él directamente.
Política de miserables pic.twitter.com/dvYMmLDLXX
— Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) October 3, 2025
Antecedentes y repercusiones
El caso relacionado con Txiki se remonta a 1975: parte del comando legalizado por ETA pasó luego al frente militar donde fue responsable del asesinato del policía Díaz López, indemnizando posteriormente con 500.000 pesetas a sus familiares según sentencia judicial. Fusilado junto a Otaegi, su figura fue mitificada entre ciertos sectores abertzales. Hoy, cinco décadas después, el Gobierno anula esas condenas coincidiendo con aniversarios que movilizan plataformas como SARE pidiendo completar todos los traslados pendientes para liberar completamente la situación penitenciaria.
Las posibles consecuencias asustan: erosión progresiva respecto a la memoria histórica sobre las víctimas; fortalecimiento institucional para Bildu (que gobierna Navarra indirectamente) avanzando también dentro del ámbito político vasco; normalización progresiva hacia ETA como “víctima”. Aunque la AVT logra frenar algunos terceros grados ante la Audiencia Nacional, el ritmo general continúa acelerándose. Políticamente hablando, Sánchez depende críticamente estos pactos para mantener su estabilidad pero arriesga su credibilidad: pasó de afirmar “no pactar jamás” con Bildu en 2015 hasta llegar hoy donde hay fotos junto ellos junto cediendo constantemente.
En un giro irónico digno mencionar cómo mientras Torres firma diplomas entregando honores a etarras; paralelamente celebran webinars sobre bienestar psicológico orientados exclusivamente hacia víctimas causadas por atentados terroristas. Asimismo desde el Gobierno Vasco siguen concediendo progresiones hacia presos tales como Andoni Otegi o Alicia Sáez, sumando así nuevas incorporaciones al listado.
Curiosidades finales reveladoras: Txiki contaba solamente con 21 años al morir; siendo considerado joven entre aquellos fusilados; ETA celebró entonces su ejecución tratándolo casi como mártir pero hoy Sánchez lo reivindica nuevamente tildándolo injustamente tratado. Recientemente Bildu homenajeó tanto Txiki como Otaegi en Pamplona; llevándolos incluso elevarse simbolizando iconos pese sus crímenes. Finalmente según datos ofrecidos por AVT sólo restan actualmente apenas 14 etarras pendientes acercarse completando así esa meta prometida establecida por Sánchez.
