El juez Juan Carlos Peinado, al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha emitido un claro ultimátum a La Moncloa: tiene diez días, sin posibilidad de prórroga, para entregar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la cuenta oficial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desde julio de 2018. Esta fecha coincide con el ascenso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno y la contratación de su asesora, Cristina Álvarez.
Además, según la información de ABC, el magistrado solicita al Ministerio del Interior información detallada sobre los posibles viajes que ambas realizaron a lugares como República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia. En caso de no cumplir con esta solicitud, advierte sobre posibles delitos de desobediencia judicial para quienes estén al frente de la Secretaría General de Presidencia y la Oficina Nacional de Información del Pasaporte (ONIP).
Esta decisión se produce tras la negativa por parte de las investigadas a entregar voluntariamente sus pasaportes, lo que Peinado considera como «escasa o casi nula colaboración» con la Justicia. Aunque reconoce que este es un derecho legítimo, el juez argumenta que estas medidas son «necesarias e idóneas» para avanzar en la investigación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encargará de analizar los correos y los datos sobre vuelos, buscando indicios que puedan demostrar si Álvarez, financiada con fondos públicos, ayudó en actividades privadas relacionadas con Gómez. Peinado descarta alternativas más intrusivas, como registros en domicilios, al considerarlas desproporcionadas; sin embargo, no duda en imponer plazos estrictos. Además, recuerda un retraso anterior por parte de Moncloa en respuestas similares, lo que añade más tensión al proceso.
Antecedentes de una investigación que no para
La causa contra Begoña Gómez comenzó hace meses debido a denuncias sobre irregularidades en su papel en la Universidad Complutense y presuntos favores a empresas. Actualmente enfrenta cinco delitos imputados: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. Todo se inició con cartas de recomendación firmadas por ella que beneficiaron contratos públicos y se complicó con su asesora pública supuestamente desviada a tareas privadas.
Un intento previo del juez Peinado para obtener los correos fue revocado por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de fundamentación. Sin embargo, esta vez el auto de seis páginas explica claramente por qué es proporcional: comprobar si recursos estatales fueron utilizados indebidamente. Pedro Sánchez, citado como testigo, decidió acogerse a su dispensa legal; el juez menciona este hecho sin reparos pero con un ligero toque irónico respecto a las «prerrogativas» que tiene la investigada principal.
Si Moncloa entrega la información solicitada, la UCO podría destapar conexiones entre el cargo público de Gómez y sus actividades externas, avivando así el debate sobre nepotismo en el Gobierno. Un incumplimiento podría agravar el caso: querellas por desobediencia pondrían en una situación complicada a funcionarios tanto de Presidencia como del Interior, dejando a Sánchez bajo un intenso escrutinio justo cuando se acercan elecciones o mociones.
