La decisión del Ejecutivo autonómico vasco ha generado un revuelo significativo, planteando serias dudas sobre la política penitenciaria que se aplica a los terroristas de ETA. Apenas quince meses después de que la Audiencia Nacional sentenciara a Asier Arzalluz Goñi a treinta años de prisión por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, bajo la dirección de la consejera socialista María Jesús San José, ha otorgado el tercer grado al etarra. Esto implica que Arzalluz podrá residir fuera del centro penitenciario bajo ciertas condiciones, saliendo durante el día y regresando solo para pasar la noche.
Lo que resulta sorprendente es que la sentencia emitida en noviembre de 2024 fue clara: los magistrados enfatizaron que ni Arzalluz ni su compañero de comando habían mostrado en más de veinte años «ningún signo de arrepentimiento o de disculpa». La Audiencia Nacional dictó la pena máxima precisamente por su «falta de arrepentimiento». Sin embargo, según fuentes periodísticas, durante esos quince meses, el terrorista redactó una carta de disculpas que ha sido clave para que los técnicos penitenciarios sugirieran su progresión de grado, lo cual fue finalmente aprobado por el Gobierno vasco. Las asociaciones de víctimas consideran estas misivas como «fraudulentas», tachándolas de meros trámites administrativos carentes de sinceridad.
Esta decisión se produce tan solo una semana después de que el mismo Gobierno aplicara el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, exjefe militar de ETA con condenas que superan los cuatrocientos años. Txeroki ahora tiene permiso para salir de lunes a viernes del centro penitenciario en Martutene, en San Sebastián, regresando únicamente para dormir. Ambas resoluciones se inscriben dentro del marco competencial que asumió el Gobierno vasco en octubre de 2021, cuando se transfirieron estas funciones desde el Ejecutivo central.
La aceleración de beneficios penitenciarios
Los datos revelan una tendencia alarmante para las víctimas del terrorismo. De los ciento diecinueve presos de ETA en las cárceles vascas, ciento doce han recibido algún tipo de beneficio penitenciario. Desde junio de 2024, bajo la dirección de Imanol Pradales del PNV, se han otorgado ciento once terceros grados desde que asumieron las competencias penitenciarias. En 2022 se benefició a un etarra; en 2023, a treinta y dos; en 2024, a veintinueve y para 2025 ya se han concedido dieciocho. En la actualidad, cincuenta y siete etarras disfrutan del tercer grado.
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, originalmente diseñado como una medida excepcional, ha pasado a ser una herramienta habitual para flexibilizar las condiciones. A comienzos de 2026, dieciocho presos de ETA están bajo este régimen flexible y más de una treintena han sido beneficiados desde 2021. Resulta llamativo que el ochenta y cinco por ciento de las aplicaciones correspondientes a este artículo en las cárceles vascas haya recaído sobre presos de ETA, mientras que solo un quince por ciento ha beneficiado a reclusos comunes.
Las críticas de las víctimas
Las asociaciones dedicadas a las víctimas del terrorismo no han tardado en manifestar su rechazo a esta política penitenciaria, considerándola una «amnistía encubierta» incompatible con el derecho a obtener justicia. Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, sostiene que estas decisiones demuestran cómo la política penitenciaria del Gobierno vasco avanza rápidamente hacia un camino marcado por la izquierda abertzale: flexibilizar las penas sin exigir un arrepentimiento genuino como establece la ley.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, señala que esta estrategia penitenciaria representa la culminación del último deseo cumplido por ETA: «vaciar las cárceles». La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también critica fuertemente esta situación argumentando que «el artículo 100.2 se ha transformado en un tercer grado encubierto», además lamentan que «la legislación penitenciaria sea utilizada para beneficiar a terroristas sin considerar el sufrimiento irreparable causado por sus crímenes».
Es crucial destacar que durante la fase ejecutiva de las condenas, las víctimas no pueden personarse; así, es la Fiscalía quien tiene la potestad única para impugnar estas concesiones. Algunas decisiones han sido recurridas y revocadas posteriormente; sin embargo, muchos etarras han vuelto a recibir los mismos beneficios.
El crimen de López de Lacalle
El asesinato del periodista José Luis López de Lacalle ocurrió el siete de mayo del año 2000 en Andoain, Guipúzcoa. López de Lacalle era un columnista destacado en El Mundo y fue seleccionado como objetivo debido precisamente a sus opiniones contrarias hacia ETA. Arzalluz pertenecía al comando Totto dentro del entramado terrorista. La Audiencia Nacional enfatizó en su fallo que este crimen no solo acabó con una vida sino que buscaba «silenciar y destruir la libertad constitucionalmente garantizada».
Arzalluz acumula diversas condenas por delitos extremadamente graves: asesinato, intento homicidio, atentados terroristas y detención ilegal entre otros. Además de los treinta años impuestos por el asesinato mencionado anteriormente, enfrenta otros dieciocho años más por intentar asesinar a la periodista María Luisa Guerrero, quien fue delegada en Antena 3 en el País Vasco durante enero del año 2002.
Infraestructuras para la semilibertad
En medio del aumento constante en los beneficios penitenciarios otorgados a etarras, el Ministerio del Interior ha destinado seiscientos mil euros para construir un frontón dentro del centro penitenciario Zubieta, diseñado específicamente para albergar a cuarenta y cuatro etarras. Esta infraestructura forma parte integrante del plan para concentrar presos relacionados con ETA en cárceles vascas y navarras tras finalizar décadas anteriores caracterizadas por políticas dispersivas.
Las acciones llevadas a cabo recientemente siguen una línea clara: poner fin a la dispersión carcelaria; transferir competencias penitenciarias; y flexibilizar progresivamente los regímenes penales. Todo ello ha permitido que un número considerablemente elevadode presos vinculados con ETA obtenga beneficios penitenciarios y salidas anticipadas antes incluso haber completado sus condenas o demostrado un arrepentimiento genuino.
