La Guardia Civil estrena un marco reglamentario propio para gestionar sus bajas médicas. El Real Decreto 67/2026 supone un giro relevante: por primera vez se ordena de forma sistemática cómo deben tramitarse, controlarse y revisarse las incapacidades temporales del personal del Cuerpo, incorporando elementos que hasta ahora estaban dispersos o directamente sin regulación específica. La norma bebe del modelo del régimen general de la Seguridad Social, pero lo adapta a la singularidad de un instituto armado que combina funciones policiales, militares y administrativas. Web UnionGC
Un sistema sanitario con más competencias y más control
La Sanidad de la Guardia Civil se convierte en el eje del procedimiento. Sus médicos no solo pueden emitir altas y partes de confirmación, sino que asumen la revisión de todas las bajas que superen los diez días cuando han sido emitidas por facultativos externos. También pueden ordenar reconocimientos médicos motivados, valorar la evolución del proceso y determinar si una nueva baja es recaída del mismo cuadro clínico.
El apoyo de los órganos de psicología se refuerza de forma explícita. En bajas psiquiátricas o en situaciones de tratamiento psicofarmacológico, incluso sin baja médica, se prevé la posibilidad de adoptar medidas preventivas como retirada de armas, limitación de conducción de vehículos oficiales o restricciones de acceso a bases de datos sensibles. La norma reconoce así la dimensión de riesgo inherente al servicio armado.
Qué es una baja y quién puede emitirla
La incapacidad temporal se define como la imposibilidad de realizar todos los cometidos del puesto. No basta con una limitación parcial. Se contemplan contingencias comunes y profesionales, presumiéndose accidente en acto de servicio cuando ocurre en tiempo y lugar de prestación del mismo.
Los partes pueden ser emitidos por médicos de ISFAS, de la sanidad pública o militar, o por la propia Sanidad del Cuerpo. Sin embargo, cuando esta última emite un alta, cualquier nueva baja por la misma patología dentro de los seis meses siguientes requiere su confirmación. Es un mecanismo de control que evita ciclos de alta-baja sin supervisión interna.
Obligaciones reforzadas para el personal
El guardia civil debe comunicar la imposibilidad de prestar servicio, presentar los partes en plazo y someterse a los reconocimientos que se le indiquen. La novedad más sensible es la obligación de notificar, incluso sin baja, que se está en tratamiento psiquiátrico o psicofarmacológico. La norma justifica esta exigencia en la responsabilidad derivada del manejo de armas y en la necesidad de garantizar la seguridad propia y ajena.
Embarazo, permisos y adaptación del puesto
Los procesos de incapacidad quedan suspendidos durante los permisos por nacimiento, adopción o lactancia acumulada. En situaciones de riesgo durante el embarazo o la lactancia, el servicio de prevención debe evaluar el puesto y proponer adaptaciones. Si no son posibles, procede la baja temporal.
Inspección, seguimiento y recursos
El decreto articula un sistema de informes sucesivos que permiten controlar la evolución del proceso sin perder de vista la recuperación de la persona. La incomparecencia injustificada a un reconocimiento puede tener consecuencias disciplinarias. Frente a las altas emitidas por la inspección, se habilitan mecanismos de impugnación similares a los del régimen general, pero adaptados a la estructura jerárquica y jurisdiccional del Cuerpo.
Retribuciones y desplazamientos durante la baja
La norma incorpora la doctrina jurisprudencial que garantiza el cobro de complementos ligados al puesto durante la incapacidad temporal, especialmente en bajas por acto de servicio o riesgo en la gestación. También regula el amplio margen de elección de residencia durante la baja, permitiendo permanecer en cualquier punto del territorio nacional con reglas claras sobre retribuciones y desplazamientos.
Una regulación necesaria
El decreto llega tras años de reclamaciones internas y de resoluciones judiciales que exigían mayor claridad y seguridad jurídica. Ordena procedimientos, delimita competencias y establece garantías tanto para la Administración como para el personal. Pero también abre debates: el equilibrio entre control sanitario y derechos individuales, el alcance de las medidas preventivas en salud mental o la capacidad real de la Sanidad del Cuerpo para asumir las nuevas funciones.
