Podemos está amenaza con un ‘golpe de Estado’ a Casa Real.
Pablo Echenique mostró su alegría por la decisión de la Fiscalía del Supremo de investigar al Rey Emérito, Juan Carlos I, por una presunta ‘mordida’ de unos 80 millones de euros en el contrato del AVE a La Meca.
El portavoz de Unidas Podemos publicó en las redes sociales que “es gravísimo para la democracia que existan sospechas tan serias de corrupción sobre la Casa Real”.
Es gravísimo para la democracia que existan sospechas tan serias de corrupción sobre la casa real. Más allá de las consecuencias penales que pueda investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional de nuestro país. https://t.co/LNEKp6HPJh
— ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ?? (@pnique) June 8, 2020
A lo que acompañó con una amenaza: “Más allá de las consecuencias penales que pueda investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional de nuestro país”.
En este sentido, retoman una de sus principales metas políticas: acabar con la Monarquía Parlamentaria en España.
Un ‘asalto’ a la Casa Real que, como adelanta Echenique, realizarán a través de distintos frentes.
“Por eso, nuestro grupo parlamentario va a explorar todas las vías judiciales pero también parlamentarias para llegar al fondo del asunto”, adelantó el portavoz.
Una amenaza que remató con un: “No es soportable en un país moderno como España que la corona pueda ser una pantalla para enriquecerse y delinquir”.
Por eso, nuestro grupo parlamentario va a explorar todas las vías judiciales pero también parlamentarias para llegar al fondo del asunto. No es soportable en un país moderno como España que la corona pueda ser una pantalla para enriquecerse y delinquir.
— ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ?? (@pnique) June 8, 2020
Echenique no ha sido el único en mostrar su alegría por la decisión de la Fiscalía.
La secretaria de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva, también afirmó que “ya era hora”. Al mismo tiempo que afirmó que el proyecto del AVE a la Meca es «un ejemplo de cómo la corrupción ha formado parte de las relaciones exteriores de la monarquía».
«Consecuencias que pagaremos todos», ha apostillado la eurodiputada a través de las redes sociales.
A su vez, el nuevo secretario de Derechos Humanos de Podemos, Jaume Asens, afirmó que esta decisión «da la razón» a quienes defendían, como ellos, «que el Rey emérito debía ser investigado porque había perdido la inviolabilidad».
La Fiscalía da la razón a quienes defendíamos que el rey emérito debía ser investigado porque había perdido la inviolabidad.
Ahora solo falta que PSOE, PP, Cs y Vox dejen de bloquear iniciativas como la nuestra para crear de una vez la Comisión de Investigación en el Congreso.? pic.twitter.com/DjOW0yMJvv— Jaume Asens (@Jaumeasens) June 8, 2020
Finalmente, el diputado de En Comú, Joan Mena, defendió que «ningún ciudadano debería estar por encima de la ley», y ha aplaudido que la Fiscalía demuestra ahora «que era una aberración jurídica y moral utilizar la inviolabilidad como excusa para vetar la investigación sobre la corrupción de Juan Carlos I». «Esperemos que se tome nota también en el Congreso», ha apostillado.
Ningún ciudadano debería estar por encima de la ley. Hoy la Fiscalía demuestra que era una aberración jurídica y moral utilizar la inviolabilidad como excusa para vetar la investigación sobre la corrupción de Juan Carlos I. Esperemos que se tome nota también en el Congreso. pic.twitter.com/a8cBzllsJV
— ?Joan Mena (@joanmena) June 8, 2020
De ministra a fiscal general
Dolores Delgado está siendo señalada por estar apagando los ‘incendios’ del Gobierno de Pedro Sánchez.
Además de la investigación del Rey Emérito, la exministra del PSOE también fue señalada por la petición de archivar la investigación del 8-M o de abrir una ‘ventana’ a una parte del independentismo catalán para evitar la cárcel.
Es importante recordar que tras cuatro meses de reiniciar el juicio al ‘procés’, la Fiscalía retiró definitivamente la acusación de rebelión contra el major Josep Lluís Trapero.
Una medida que también beneficia al exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig; el exdirector de la policía catalana, Pere Soler; y la intendente Teresa Laplana.
En este sentido, todos se enfrentan a un posible delito de sedición o de desobediencia.
A pesar que en el primero se enfrentarían a 10 años en prisión, con el segundo se abre la posibilidad de ‘esquivar’ la cárcel, siendo un presunto delito que se castiga con una multa e inhabilitación.
El fiscal Miguel Ángel Carballo pone sobre la mesa la opción de la desobediencia que, de quedar ratificada, supondría una condena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 60.000 euros para Trapero, Puig y Soler; y de 12 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para Laplana.
Si bien ofrece una ‘ventana’ para los investigados por el ‘procés’, la Fiscalía no descarta la tesis de que los antiguos jefes de los Mossos colaboraron con los dirigentes independentistas.
En este sentido, se mantiene que actuaron de forma “pasiva” a la hora de cooperar con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad del Estado.
Es importante recordar que, según los mandos de la Guardia Civil, Trapero ayudó directamente con los planes secesionistas y lo situaron como “asesor del comité estratégico” independentista.
“Cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos. Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas fue imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso oponerse físicamente”, escriben los fiscales en sus conclusiones definitivas.
Toda una batería de acusaciones que las defensas han negado en la vista oral. En su declaración, el major Trapero insistió en que no actuaron con pasividad, sino con “prudencia”.
